“L@S OTR@S MONITORES/AS”, Actuales Técnic@s en Integración Social

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Esta es la otra realidad que atañe a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Desde la Asociación de Integradores Sociales de Andalucía, AISA, queremos poner de manifiesto que no sólo las personas de las empresas privadas son las únicas afectadas profesionalmente por las “injusticas” que comente la Junta de Andalucía.

Desde 2007 hasta la presente se viene privatizando el servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales externalizado hasta el día de hoy casi 900 centros den toda nuestra comunidad. La Consejería de Educación a través de ISE, actual Agencia Pública Andaluza de Educación, establece en sus pliegos de contratación requisitos inamisibles.

Mientras que para acceder a ser personal laboral dela junta como Técnico en Integración Social, antiguo Monitores de Educación Especial, se nos exige la titulación y sólo se nos cuenta la experiencia el mismo puesto, los pliegos de licitación permitían que otros Técnicos Superiores o Medios trabajaran con este alumnado. Pero no sólo esto, sino que la Junta de Andalucía no vigilaba si estas empresas cumplían las licitaciones, contratando a personas sin la titulación requerida.

Desde que en 2013 a raíz de la incorporación de los nuevos fijos a personal laboral en las vacantes anteriormente cubiertas por personal temporal de la Junta es cuando un grupo de Integradores e Integradoras Sociales nos ponemos en marcha antes las irregularidades que encontramos. Es así como tras movilizarnos, conseguimos que en el pliego de prescripciones técnicas de 2014 se exija específicamente la titulación de Técnico en Integración Social, a lo que el ISE añade que las personas con el certificado de profesionalidad SSCE0112 “Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNNE)” y/o SSCE0111 “Promoción e intervención educativa con las personas con discapacidad” y 2000 horas trabajadas en los últimos 10 años.

Mientras personas tituladas en Integración Social esperan en las bolsas de vacantes y en el SAE, la Junta sigue privatizando el servicio aun con más centros públicos en vez de ofrecer la atención de este colectivo tan específico (alumnado con necesidades educativas especiales) al personal público, como ocurre con el resto del alumnado en centros educativos andaluces y restos de profesionales. Desde esta asociación se ha venido reiterando ante sindicatos, partidos políticos y gobierno autonómico que se respeten los plazos de empleo público, ya que desde 2007 no se abre una oferta de empleo público en nuestra categoría (273 plazas) que se resolvió definitivamente en 2014, quedando la de 2009 (40 plazas) sin ofertar y siendo en 2016 en unos irrisorios 20, en la oferta de 2017 ninguna plaza, así como en la oferta de estabilización de empleo 0 plazas, ante la necesidad existente que hay en los centros andaluces.

Así mismo y ante las irregularidades en el servicio que se comete con la externalización de puestos pedimos que haya una reversión de estos puestos privados a lo público, pero sobre todo que primen los requisitos que marca el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

MANIFIESTO DEL PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL, PERSONAL LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (ANTIGUOS MONITORES Y MONITORAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL)

 

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (antes del Decreto-Ley 13/2014 de 21 de octubre se denominaba Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos – ISE) está externalizando la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Desde el año 2006 el número de contrataciones que se hacen a través de la empresa privada va en aumento llegando en la actualidad a atender casi 900 centros públicos.

 

Existe una necesidad de atención que tendría que ser prestada por la Administración que si bien en sus presupuestos para el año 2017 tiene recogida la no creación de empleo también contempla la sí creación en casos como este que nos atañe. La contratación externa de cerca de 1024 puestos de trabajo es un dato más que suficiente para justificar la conveniencia de la ampliación de los medios profesionales para hacer frente a unas necesidades permanentes de personal y así cumplir con las competencias que tiene atribuidas la Consejería de Educación.

 

La Junta de Andalucía no crea nuevas plazas en la Relación de Puestos de Trabajo ¿Si existe el dinero por qué no prestar el servicio directamente desde la propia Consejería y con su propio personal? No es más barato hacerlo con empresas, pues estas se lucran con las plusvalías que sacan de sus trabajadores y trabajadoras. No podemos olvidar que la finalidad última de una empresa es el beneficio económico y en este caso lo está haciendo a costa de un servicio público, con presupuesto público. Se benefician del dinero que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas.

 

La atención al alumnado con necesidades educativas especiales es una tarea ineludible, competencia de la administración. Con la restricción en la creación de puestos de trabajo se está incumpliendo un compromiso de la administración y un derecho del alumnado. Nos podemos encontrar en un mismo centro educativo a Personal Técnico en Integración Social, personal laboral de la Junta y a los llamados Auxiliares Técnicos Educativos y/o cuidadores/as contratados por empresas privadas para realizar un servicio público.

 

La Junta de Andalucía justifica estas contrataciones alegando que por la situación de crisis económica se está priorizando la atención asistencial del alumnado con necesidades educativas especiales y nosotros y

 

 

nosotras, como profesionales, nos preguntamos ¿por qué recortan al más débil? ¿Por qué se reduce la calidad de la atención educativa a este alumnado queriendo cubrir sólo una parte del derecho que tienen a unos apoyos que favorezcan un desarrollo integral como persona? ¿Dónde está la inclusión educativa? ¿Para quién es, la tan buscada, calidad en la educación?

 

Además, se está vulnerando de forma reiterada el acceso al empleo público, sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Nos encontramos con personal contratado por empresa privada aun cuando existe una categoría profesional contemplada en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, la de Personal Técnico en Integración Social con más de 500 personas en bolsas de vacantes que han pasado por un proceso selectivo.

 

El PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL, como personal laboral de la Junta de Andalucía, hemos tenido que pasar por un proceso de selección, sufrir el lento y tedioso proceso al que la Junta somete al personal laboral pago de tasas,…… El último acceso a personal laboral de la Junta, que se convocó en el año 2008 fue resuelto en su totalidad en 2013. Asimismo, la oferta de empleo público de 2009 todavía no se ha convocado. Ya se ha hecho efectiva la convocatoria de 2016, en febrero de 2018, en la que contábamos con 20 puestos para los Técnicos en Integración Social y la de 2017 con 0 plazas. A eso hay que sumarle que en el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo de temporal en la Administración de la Junta de Andalucía con ningún puesto para nuestra categoría.

 

Como colectivo, el PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL, personal laboral de la Junta de Andalucía, pedimos:

 

  1. Que se cumpla lo contemplado en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en su Capítulo VI Artículo 16. Selección del Personal.
  2. Que cesen las privatizaciones y que todas las necesidades en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, prestadas en la actualidad por empresas privadas sean plazas creadas en la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta a tiempo completo y dotadas presupuestariamente.
  3. Que se establezca un calendario de reversión de las plazas privatizadas al empleo público.

 

 

  1. Que deje de considerarse como un servicio diferenciado, dentro de su atención educativa, el derecho que tiene el alumnado con necesidades educativas especiales a recibir una educación global, sin limitarse a una atención asistencial.
  2. Que se ejecute la oferta de empleo público de 2009, que está paralizada desde dicho año y aún no ha sido convocada y que se creen en la Relación de Puestos de Trabajo ya que estamos ante una pasividad por parte de la administración con respecto a nuestra figura, dando la impresión de una futura extinción de nuestro puesto en la administración pública.

 

Basta ya de privatizar un servicio público.

Basta ya de la falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras públicos.

Basta ya de que la Junta no asuma las necesidades de personal permanente.

Basta ya de que el alumnado con necesidades educativas especiales no sea atendido por el personal específicamente preparado para atender sus necesidades de apoyo en los centros educativos.

Basta ya de considerar al alumnado con necesidades educativas especiales como no merecedores de una atención global, discriminados según centros y provincias.

 

Por una atención profesional pública y de calidad.

 

1 Comentario

  1. Por una educación global y de calidad para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales en la comunidad Autonoma de Andalucía en todos los Centros EdUcativos Públicos de Andalucía.Reconocimiento y equipación de derechos en la administración pública a los profesionales -Técnicos de Integración Social-Inadmision a la acciones y políticas de privatización de La Junta de Andalucía que dañan la calidad de la Enseñanza y en detrimento del Estado de Bienestar y al derecho a una educación de Calidad Pública recogidos en el Estatuto de Andalucía.Por la promoción y reconocimiento de derecho de los empleados públicos y profesionales ” Técnicos Superior es de Integración Socail “

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