“La seguridad privada a precio de saldo”

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Desde CCOO hemos iniciado una serie de movilizaciones y concentraciones por el parón en las negociaciones del convenio estatal de seguridad privada. Este sector está considerado como uno de los mayores empleadores del Estado, cerca de 79.000 vigilantes, unos 2.000 en nuestra provincia (más que guardias civiles y policías). Según el convenio estatal un responsable de seguridad cobra 1.122 euros brutos mensuales y si el trabajador lleva armas se añade un plus de 179 euros.

Con la aplicación de la reforma laboral de Rajoy, los efectos han sido devastadores en el sector, ya que muchas empresas se han descolgado del convenio, devaluando si cabe más las condiciones de este colectivo. Es el caso de “nuevas” categorías como los auxiliares o “noveles” que están trabajando por debajo del salario mínimo interprofesional, llegando a trabajar más de diez horas al día, para conseguir un salario medianamente digno.

Además la Ley de Seguridad Privada, del año 2014, contiene en su artículo 41.3 una autorización para que las “empresas participen en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública”, esto es, más competencias, más responsabilidades y peores condiciones laborales. Es un contrasentido.

También desde los Sindicatos  decimos a los clientes públicos y privados, que no podemos seguir impasibles a la expansión de la seguridad privada hacia la custodia y protección de lugares considerados de alto riesgo y en contrapartida, sin embargo, solamente se valoren a las empresas, con el único criterio de la oferta más económica.

 

Por este motivo los sindicatos salimos a la calle por un modelo de seguridad privada con garantías, por un modelo de negociación colectiva de avance, y por un modelo de empresas de largo recorrido y por un modelo de clientes comprometidos con el sector y sus profesionales. También pedimos a los trabajadores y trabajadores del sector que apoyen nuestras movilizaciones, porque toca dignificar la “seguridad privada”.

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