La Policía Nacional en Almería y El Ejido ha investigado a 62 personas en lo que va de año por denuncias falsas

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Agentes de la Policía Nacional han detenido desde el pasado mes de enero a dos personas e investigado e imputado a 62 personas  más por simular haber sido víctimas de falsos robos con violencia.  El Código Penal recoge la simulación de delito como una infracción penal con multa de seis a doce meses. Además, los agentes actuantes realizan una valoración económica del gasto policial e informan a la Administración de Justicia sobre los medios materiales empleados en la investigación.

A lo largo del año 2018 se han registrado 48 delitos contra la administración de justicia en Almería y 14 en El Ejido, principalmente denuncias falsas y simulaciones de delito. En todos los casos se trata de personas que denuncian robos con violencia e intimidación o robos con fuerza para intentar conseguir un beneficio económico, pretendiendo que las compañías de seguros abonen los costes de los falsos robos. Las grandes perjudicadas en esta infracción penal son las compañías aseguradoras y también sus clientes, ya que para hacer frente a la gran cantidad de incidencias se ven obligados a aumentar las cuotas a sus asegurados.

El incremento de este tipo delictivo comenzó con el inicio de la crisis económica y se reactiva en los periodos estivales de verano y navidades con el aumento de los gastos inesperados en las economías domésticas, consiguiendo los autores de las simulaciones una fuente complementaria de ingresos en el cobro de los seguros previamente contratados. De esta forma además de la infracción penal, cometen otro delito de estafa al engañar a las compañías aseguradoras.

Todas las denuncias se investigan

Los investigadores ante estas denuncias proceden a realizar un análisis exhaustivo de los datos aportados por el denunciante, siendo todos comprobados y examinados,  así como la existencia de denuncias anteriores por hechos similares ya que muchos de los investigados son reincidentes.

La metodología utilizada consiste generalmente en el estudio de la franja horaria en la que se suceden los posibles hechos delictivos, lugar y modus operandi utilizados por los autores, tipo y clase de efectos denunciados, servicios prestados por las dotaciones policiales en ese tiempo, testigos, cámaras de seguridad, así como incidencias registradas en la sala del 091 en este espacio de tiempo y lugar.

Además, se realiza una diligencia de valoración de gastos policiales en la que se detalla el número de horas empleadas por los policías actuantes y los medios materiales empleados en la investigación. El informe de valoración de gastos se remite a la autoridad judicial competente ampliando el atestado policial, con la finalidad de reclamarle el pago de dicho gasto a las personas investigadas o detenidas.

A las entidades aseguradoras se les informa sobre las denuncias relativas a hechos cubiertos por sus respectivas pólizas para que se personen como perjudicados, por ser consideradas víctimas de delitos de estafa.

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