El PSOE destaca la importancia de la Ley de vida saludable para el 53% de los almerienses, que tienen exceso de peso

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La diputada autonómica del PSOE de Almería Caridad López ha puesto de relieve la importancia que tendrá la futura Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada, impulsada por la Junta de Andalucía y que se está tramitando actualmente en el Parlamento andaluz. López ha asegurado que esta Ley beneficiará especialmente a casi el 53% de la población almeriense, que tiene obesidad o está en riesgo de padecerla, según la última Encuesta Andaluza de Salud. La norma también tendrá una importancia capital para el resto de la población, “por su papel en la prevención de la obesidad y los trastornos alimentarios”, ha señalado.

Caridad López subraya el papel de la futura Ley, impulsada por la Junta, en “la prevención de la obesidad y los trastornos alimentarios”.

Caridad López ha destacado que, con la aprobación de la Ley, una vez que supere el trámite parlamentario, “será la primera vez que una comunidad autónoma dé el máximo rango normativo a la obesidad y a los trastornos de la conducta alimentaria en general, con el objetivo de luchar de manera prioritaria contra el incremento de la obesidad”.

La Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016 señala la obesidad como un problema de salud pública que afecta al 18,7% de las personas adultas y al 22,5% de los menores en Andalucía,  e identifica a los niños y niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores y población más desfavorecida como los colectivos que merecen una especial atención.

En el caso de la provincia de Almería, la Encuesta aporta el dato de exceso de peso –que engloba sobrepeso y obesidad de manera conjunta– y lo sitúa en el 52,9% de la población mayor de 16 años. En el caso de los menores de 15 años, el 20,2% están obesos y el 26,1% tienen riesgo de padecer obesidad, según este documento.

Además, según este mismo documento, el exceso de peso se relaciona con el nivel socioeconómico de la población. Así, el porcentaje de personas con obesidad o sobrepeso ha disminuido en Andalucía principalmente en personas con estudios secundarios o universitarios con ingresos superiores a 1.000 euros y pertenecientes a clase social media alta. “Esto significa que el problema de la obesidad está afectando en mayor medida a aquellas personas o colectivos más desfavorecidos y esto nos preocupa”, ha asegurado Caridad López.

Abordaje integral

La norma impulsada por el Gobierno andaluz asume las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que entienden que el abordaje de la obesidad debe ser integral y transversal, implicando a la sociedad en su conjunto. “Las administraciones públicas, los sectores empresariales, los medios de comunicación y las empresas de publicidad están entre los agentes que deben asumir responsabilidades y dedicar esfuerzos”, ha apuntado la parlamentaria.

López ha destacado que la nueva Ley reconocerá el derecho de la población andaluza a participar en actividades de salud pública tendentes a alcanzar y mantener una alimentación saludable y equilibrada, una actividad física satisfactoria y un entorno físico y psicosocial saludable.

En este sentido, será un derecho el acceso al agua potable de manera gratuita; o disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades de peso o unidades adaptadas a la composición de las unidades familiares; o disponer de aparcamiento de bicicletas en los lugares de trabajo de con más de 50 trabajadores o, en su defecto, en las inmediaciones.

Asimismo, tanto para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, se reconoce el derecho a una atención sanitaria integral y continuada, a la vez que tienen derecho al pleno respeto a su dignidad personal y a la no discriminación social, laboral o sanitaria por razón de su problema de salud. Las personas menores de edad tendrán una consideración preferente y prioritaria en todas las actuaciones de las administraciones públicas para garantizar estos derechos.

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