El IAM exige de nuevo al Gobierno la partida estatal específica de 200 millones para la aplicación del Pacto contra la VG

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El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha manifestado su apoyo a las reivindicaciones feministas de las manifestaciones convocadas para mañana 16 de mayo para exigir que los Presupuestos del Estado para 2018 que debate el Congreso cumplan la inversión de 200 millones de euros anuales acordada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este sentido, la directora del IAM, Elena Ruiz, instado de nuevo al Gobierno central, tal y como ha insistido la Junta en varias ocasiones desde la presentación del proyecto estatal de presupuestos, a “cumplir con lo prometido”, ya que de los 200 millones previstos en el Pacto se ha pasado a una dotación de 80 millones, “dejando los 120 millones restantes en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través del sistema de financiación autonómica, en lugar de destinar una partida estatal específica, tal y como estaba previsto”.

 

Junto a ello, la directora ha señalado que el Pacto de Estado contra la VG contempla “reformas legislativas urgentes que podrían empezar a acometerse de manera inmediata, y que aún no se han siquiera iniciado, después de nueve meses de retraso desde la firma del pacto en el Congreso”. Entre esas modificaciones, Ruiz ha señalado la ampliación del concepto de violencia de género a todos los ámbitos de violencia contra las mujeres, como ya se ha recogido en la modificación de la ley andaluza contra la violencia de género; la reforma penal para la suspensión del régimen de visitas a menores; la formación obligatoria en violencia de género de la judicatura, especialmente en los temarios de oposiciones o la suspensión de la custodia cuando haya orden de protección. Medidas todas ellas que, según ha recordado la directora del IAM, fueron incluidas en  el pacto a propuesta de Andalucía.

 

Junto a ello, Elena Ruiz ha señalado otros compromisos incumplidos que “no se están llevando a cabo por falta de voluntad del Gobierno central”, tales como la inclusión de contenidos de igualdad y violencia de género en los currículos escolares de todas las etapas educativas, la formación en género en la universidad o la garantía de una educación afectivo-sexual. Medidas todas ellas que, según ha recordado la directora, Andalucía ha incluido en la reforma de la ley autonómica de Igualdad de Género, que introduce la coeducación transversal obligatoria en todo el sistema educativo, al poner el foco en la formación como base de la deconstrucción del sistema patriarcal y la prevención de la violencia machista.

 

La reforma, que ha sido calificada por las organizaciones de mujeres como “ambiciosa y valiente”, dota además a la administración autonómica de capacidad sancionadora ante la discriminación de género, “un paso imprescindible para que la igualdad legal se cumpla”. En este sentido, la directora ha señalado que  Andalucía ha aprobado un plan de trabajo para comenzar a diseñar la implantación de las medidas previstas en la reforma legislativa, antes de ser aprobada en el Parlamento andaluz.

 

Elena Ruiz ha pedido “esa misma celeridad” a nivel estatal, “ya que el Pacto de Estado fue fruto de un consenso en torno a un asunto de estado, en torno a un problema social sin color político, que requiere de inversión y de actuaciones inmediatas, sin excusas ni dilaciones”.

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