Tras los sucesivos temporales que han azotado la comunidad andaluza desde el pasado mes de enero, los diputados y senadores del PSOE de Andalucía han presentado una batería de iniciativas parlamentarias en relación a los daños registrados en el litoral y en numerosas explotaciones agrícolas, también del interior, así como en infraestructuras y equipamientos. Han sido cuatro las Proposiciones no de Ley presentadas en el Congreso, centradas primordialmente en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga, las zonas más castigadas por estos fenómenos meteorológicos adversos, así como una moción en el Senado y una pregunta en la última Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
“Todo el trabajo parlamentario es poco, conociendo al Gobierno del Partido Popular. Cada vez que ocurre una catástrofe se fotografían junto al siniestro, pero una vez que la noticia desaparece de los medios, se olvidan de sus compromisos”, ha justificado el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas.
Pradas recuerda que ya en 2013 el Gobierno central se comprometió a invertir cada año en la regeneración y protección de la costa de Huelva, “siendo ya 40 millones de euros la cantidad dejada de invertir para paliar, al menos en parte, las consecuencias de estos temporales”.
Esta situación se produce de forma recurrente casi todos los años, por lo que desde el PSOE de Andalucía, “se le exige al Gobierno central que se deje de lamentaciones y ponga en marcha ya un auténtico Plan de Protección del Litoral, ya que el PP parece hacer legislado en el sentido opuesto con su Ley de Costas”, ha argumentado Pradas.
En esta batería de iniciativas, los socialistas instan al Gobierno a declarar las zonas afectadas como objeto de las medidas y ayudas establecidas en la Ley 17/2015, que incluyen ayudas directas por daños personales y materiales en viviendas, instalaciones y empresas. De igual forma, se proponen medidas indirectas como bonificaciones y exenciones fiscales para las empresas y autónomos afectados, así como créditos preferenciales para establecimientos comerciales, industriales y explotaciones agrícolas y ganaderas.
Asimismo se reclama al Gobierno de la nación la colaboración con los ayuntamientos para reparar las instalaciones, vías o parques públicos afectados por el temporal, así como las modificaciones legislativas necesarias para que las corporaciones locales puedan aplicar a tal fin el superávit municipal.