Cuatro trabajadores absueltos de fraude a la Seguridad Social y participación en empresa ficticia para beneficiarse de prestaciones

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Estaban acusados de haber creado una empresa ficticia para defraudar al Estado. Durante tres años, a la espera de juicio, se les suspendió el derecho a la jubilación y las prestaciones por desempleo, hasta demostrar su inocencia la abogada almeriense Mª del Mar Florido.

Se trata de una empresa que trabajó en la obra de construcción del nuevo cuartel de la Policía Local en la capital almeriense a la que se acusaba de haber defraudado más de 200.000 euros a las arcas públicas.

El juzgado de lo Social número 4 de Almería ha dejado sin efecto las resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE por las que imponía a cuatro trabajadores almerienses una sanción consistente en la extinción de la prestación por desempleo, con reintegro de las cantidades percibidas presuntamente, según la acusación, de forma indebida. Asimismo el SEPE les impedía acceder a ninguna reanudación o subsidio, condenando sin embargo el juzgado a reponer a los trabajadores en las prestaciones extinguidas.

En el mismo sentido, el juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela (Alicante), decretaba el sobreseimiento y archivo de la causa en la que la Seguridad Social acusaba a estos trabajadores del presunto delito de falsedad documental así como del fraude de cuotas y fraude por prestaciones. Más de 40 personas así como la mercantil alicantina Grupo Hidalgo Albatera SL habían sido acusadas por la Seguridad Social de estos delitos, de los que los juzgados, tras celebrarse los juicios con tres años de espera, les absuelven ahora, archivando las causas. Sin embargo durante este tiempo los trabajadores tuvieron que sufrir el cese de sus prestaciones por desempleo y la reducción de su jubilación hasta que la autoridad judicial no dictaminara el fallo.

La investigación policial había detectado en 2014, a través de funcionarios del grupo tercero de la sección de investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal UDEF, Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, la proliferación de empresas ficticias, creadas por personas físicas y jurídicas, que careciendo de una actividad real y efectiva, venían dándose de alta en el sistema de la Seguridad Social, como trabajadores de las mismas, a diferentes personas sin que llegaran a realizar trabajo alguno por cuenta de estas empresas, todo con la finalidad de que los supuestos trabajadores obtuvieran de forma irregular prestaciones y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal u otros tipos de prestaciones que la afiliación a la Seguridad Social lleva inherentes, como la jubilación, por ejemplo.

Así se recibió un informe de la inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante relacionado con la empresa Grupo Hidalgo Albatera, con una actividad declarada de construcción de edificios residenciales. Se realizó una visita oficial de la inspección a la localidad alicantina de Albatera donde supuestamente se encontraba la razón social de la empresa, resultando que dicha dirección no existía o se desconocía, de acuerdo a las manifestaciones de algunos vecinos del municipio a los que se preguntó sobre la misma.

Se daba la circunstancia que el 36% de los trabajadores que se habían dado de alta eran extranjeros, de nacionalidad marroquí, argelina y rumana; existía un impago sistemático de una parte importante de las cuotas de la Seguridad Social; la constitución de la sociedad fue en 2010 en el sector de la vivienda, en plena crisis económica, cuando cientos de ellas se veían abocadas al cierre; más del 90% de los empleados no residían en Alicante, sino en Murcia y Almería. Uno en Soria, dos en Sevilla y siete concretamente en Roquetas de Mar.

La empresa no presentó ante la inspección facturas de compras ni de ventas, ni contabilidad, ni contratos de obras y servicios. No entregó la documentación sobre su patrimonio, ni bienes ni sobre su capacidad económica para hacer frente a las obligaciones salariales. Por todo ello se sospechaba que había indicios suficientes para afirmar que la mercantil era ficticia y nunca había ejercido la actividad económica declarada, habiéndose producido una simulación de relaciones laborales de forma fraudulenta.

Los responsables de la misma fueron detenidos en Murcia por las autoridades policiales acusados de falsedad documental y estafa, quedando en libertad con la obligación de comparecer judicialmente cuando fuera requerido y comunicar cualquier cambio de domicilio.

Las denominadas empresas ficticias daban de alta en la Seguridad Social a diferentes personas sin que llegaran a realizar trabajo alguno por cuenta de estas empresas, todo ello con la finalidad de obtener de forma irregular prestaciones y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE u otros beneficios como jubilaciones, etc., habiendo fuertes indicios de que Grupo Albatera se había creado con este fin tras la investigación oficial y que habría creado a las arcas del Estado un perjuicio superior a los 200.000 euros.

Finalmente la investigación judicial ha archivado y absuelto de las acusaciones a cuatro de los trabajadores almerienses, defendidos por la letrada Mª del Mar Florido, que realmente habían participado por ejemplo en las obras de construcción del nuevo cuartel de la Policía Local de la capital, demostrándose que habían cobrado sus salarios tras ejercer la actividad, habiéndose presentado asimismo como pruebas diversas facturas de compra a proveedores.

La justicia ha obligado al SEPE a devolverles las cantidades que durante dos años dejaron de percibir sin tener derecho al desempleo y les quitaron, como las pensiones de jubilación sin percibir, revocando la resolución inicial del Servicio Público de Empleo Estatal. En julio de 2014 les comunicaron a los trabajadores la sanción y comenzó su calvario. En diciembre de 2011 se finalizó la obra del nuevo cuartel de la Policía Local de Almería y en mayo de 2017 tuvo lugar el juicio que sentenciaba al SEPE a revocar sus resoluciones contra ellos.

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