A pesar de que el acuerdo de CSIF con la Junta la medida era para todo el sector público, la dirección de la agencia se niega a implantar la jornada laboral de 35 horas semanales.
CSIF Andalucía denuncia la discriminación que sufren los más de 5.000 trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía (Amaya), a los que la dirección les niega la restitución de la jornada laboral de 35 horas semanales. Para CSIF-A, se trata de una discriminación injustificada, ya que el acuerdo -promovido por esta Central Sindical- del 2 de junio entre la Junta de Andalucía y los sindicatos presentes en la Mesa General recogía que la medida sería de aplicación para todo el sector público andaluz.
Así, CSIF-A solicitó una reunión de la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo de la Agencia Amaya para que se implantara la jornada de 35 horas, pero la dirección de dicha agencia se ha negado en todo momento a esta aplicación. Según la propia Amaya, ésta sólo podrá aplicarse cuando pueda haber aumento de presupuesto para la agencia, cuando pueda incrementarse la masa salarial de la Agencia y cuando se elimine la tasa de reposición en la agencia, ofreciendo para ello la creación de un grupo de trabajo sin más compromisos. CSIF-A ha exigido un compromiso por escrito y, ante la negativa de la Agencia, no descarta movilizaciones en toda Andalucía para exigir la jornada de 35 horas y contra la precariedad laboral que sufren los trabajadores de la Agencia.
Para la Sección Sindical de CSIF-A en la Agencia Amaya, se produce una clara discriminación de los trabajadores de la Agencia Amaya –que sí vieron recortadas sus pagas extraordinarias en los complementos autonómicos durante los años 2013 y 2014- con el resto del sector público andaluz, que ya vio restituido dicho derecho el pasado mes de enero y que, según recogía el acuerdo y el posterior Decreto-Ley que lo desarrollaba, tenía que ser extensivo para todos los empleados públicos de Andalucía.
Por último, CSIF-A insiste en que, en otros conceptos, los trabajadores de la Agencia Amaya son discriminados por la Administración, ya que tienen bloqueada la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) sobre sus condiciones, paralizada la negociación del convenio colectivo, siguen sin una relación de puestos de trabajo (RPT) real a los recursos de la agencia e incluso tienen, como ha denunciado CSIF-A en los tribunales, a más de 250 empleados en fraude de ley desde hace diez años.