Condenado un concejal del PSOE vicario por la agresión a otro del PP

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El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería califica los hechos como delito de daños e impone seis meses de multa a razón de seis euros diarios y una indemnización de 2.309,14 euros por los daños sufridos por el edil popular.

JULIO VARGAS, ex concejal PP Ayuntamiento Vícar

 

Según recoge la sentencia, dictada por conformidad a finales de enero, se declara probado que sobre las 01.45 horas del día 6 de enero de 2013, el ya condenado en firme, Rosendo Martínez, abordó al regidor de la oposición Julio Vargas cuando ambos se encontraban presenciando la cabalgata de Reyes, en las inmediaciones del pabellón municipal del barrio de Los Llanos de Vícar. En ese momento, el regidor socialista le exigió al popular «que le entregara el teléfono móvil con el que había estado grabando». Pero como el denunciante se negó a ello, «el acusado le agredió dándole un puñetazo en el ojo y otro en la boca«, que trató de esquivar «protegiéndose con la mano izquierda», narra la sentencia.

 

 

Como consecuencia de estos hechos, el exedil popular resultó con lesiones consistentes en esguince-subluxación de articulación interfalángica proximal del tercer dedo de la mano izquierda y edema retiniano macular, que precisaron de tratamiento médico para su sanidad consistente en inmovilización mediante férula y rehabilitación. El proceso de curación perduró durante 30 días, de los cuales 15 estuvo impedido para sus ocupaciones y habiéndole quedado como secuela artrosis postraumática interfalángica proximal del tercer dedo de mano izquierda leve.

 

Estos hechos serían finalmente reconocidos por el agresor, pero a lo largo de estos años se produjeron numerosas actuaciones judiciales, declaraciones y dictámenes que han prolongado el proceso durante cinco años.

 

Y eso que el juzgado quiso acelerar lo más posible el proceso ya que sólo unos días después del incidente citó a las partes a juicio. Y en ese juicio se declaró el caso como sobreseído por incomparecencia del denunciante. Julio Vargas explicó que a esa misma hora le había citado el forense para determinar los daños originados, “por lo que no podía estar al mismo tiempo en el juicio y cuando llegué, me encontré con la sorpresa de que ya se había celebrado y se había sobreseído; evidentemente lo recurrí”.

 

Tras ese primer fallo el entonces presunto agresor dijo que la denuncia era totalmente falsa y que, por lo tanto, no hubo agresión. Vargas, la víctima, afirma que desde entonces hubo de soportar “mentiras e infamias hacia mi persona y allegados; han sido cinco años en una situación difícil hasta que la Justicia ha conseguido cerrar el caso y demostrar que los hechos que generaron este caso eran ciertos”.

 

Julio Vargas lamenta que varios concejales del mismo partido de su agresor (Psoe), presentes cuando se produjo el incidente en aquella noche de Reyes no fueron fieles a la verdad, manifestando versiones de los hechos contradictorias para intentar exculpar al agresor, Rosendo Martínez Navarro.

 

Finalmente el agresor reconoció en sede judicial la veracidad de los hechos denunciados, probablemente porque con la comprobación de las lesiones el caso pasó de ser un juicio de faltas a un delito de agresión, un procedimiento penal.

 

Ese cambio procesal tipificaba el delito y recogía una condena que oscilaba entre los seis meses y los tres años de prisión. Durante el procedimiento, el agresor fue tomada manifestación en calidad de “imputado” por un delito de lesiones, lo que hoy se conoce como “investigado” en sede judicial el 27 de marzo de 2014, obteniendo  a su vez el 10 de julio de 2014 escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal, calificando los hechos descritos como constitutivo de un delito de lesiones conforme al art. 147 del Código Penal, solicitando para el agresor la pena de 9 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y costas, con la correspondiente indemnización civil.

 

Sin embargo en los instantes previos a la celebración del juicio, el pasado 30 de enero, las partes se reunieron para llegar a un acuerdo. Los abogados de Vargas exigieron el reconocimiento de los hechos por parte del agresor. Finalmente el acuerdo se produjo y la petición de condena, aceptada por los representantes legales del acusado, fue de seis meses de multa, a razón de seis euros diarios para un total de 1.080 euros para la víctima.

 

El condenado, actualmente sigue ostentando su cargo representativo como Concejal de Servicios Urbanos.

 

Vargas asegura que el dinero era lo de menos, “lo importante para mi era obtener justicia con el reconocimiento del delito y que finalmente la verdad prevaleciera ante tantas mentiras e infamias”

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