Los independientes de la Guardia Civil (IGC), organización profesional, ha puesto sus
servicios jurídicos a disposición de los guardias civiles afectados, ante la admisión de
querella criminal promovida en Amposta (Tarragona) por algunos Ayuntamientos,
contra los funcionarios de la Seguridad del Estado que impidieron, prosperaran las
acciones tendentes a la consecución de la segregación del territorio nacional de la
Comunidad de Cataluña, mediante el empleo presunto de vías de hecho o acción
directa, incluso violentas, generando un clima de subversión del orden constitucional,
tipificado en el Código Penal como delito de sedición o rebelión, dependiendo del
grado de gravedad de las actuaciones.
Por tal motivo los Independientes de la Guardia Civil (IGC) defienden que los guardias
civiles actuaron en cumplimiento de un deber impuesto jurídicamente, por lo que no
actuaron de forma contraria a Derecho.
Para IGC los guardias civiles en su misión de garantizar la seguridad ciudadana y la
convivencia pacífica, tenían competencia para hacer uso de medios violentos, actuando
en el desempeño de sus funciones propias, siendo el uso de medios violentos necesario
para la tutela de los intereses públicos, pues de no haber hecho uso de dichos medios,
no hubieran podido cumplir con la obligación encomendada por la Autoridad Judicial y
Gubernativa. De hecho, no pudieron cumplirla en su totalidad, logrando en muchos
casos las personas que se resistieron, su propósito impeditivo.
El uso de la fuerza fue proporcionado, ante el grado de resistencia o actitud peligrosa
por parte de las concretas personas sobre las que fue empleada.
Para que la Guardia Civil interviniera sobre determinadas personas o grupo de
concentrados, no era precisa siquiera una agresión previa, sino tan sólo una valoración
previa de la situación de resistencia.
En todo caso serán los jueces quienes deberán llevar a cabo el juicio de proporcionalidad
en la concreta situación de uso de la fuerza o violencia por parte de los guardias civiles,
ponderando los intereses en conflicto, ante la resistencia de las personas y grupos, con el
fin de impedir el cumplimiento del deber de los guardias civiles.
Los guardias civiles investigados tienen nuestro total apoyo, mientras no se produzca
sentencia firme condenatoria por dolo o imprudencia, a lo que sinceramente creemos, no
se llegará.
De la misma forma los Independientes de la Guardia Civil (IGC) han informado a los
guardias civiles que, en caso de sufrir daños morales o perjuicios económicos por la
tramitación de la querella, sí el resultado les fuera favorable, podrán reclamar por la
responsabilidad civil en la presuntamente hubieran incurrido quienes sostienen la
querella o efectúan manifestaciones, que revelaran móviles espurios o mala fe, con el
ánimo de causarles un perjuicio que no tuvieran obligación de soportar como
consecuencia de su función policial.