La portavoz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación acusa a la consejera de Igualdad de “trilerismo presupuestario” ante la falta de transparencia y bandazos normativos en la gestión de su departamento en la crisis del Covid-19.

La portavoz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Grupo Parlamentario Socialista, Soledad Pérez, ha reclamado al gobierno andaluz conocer cuál es el plan de desescalada para reabrir las prestaciones, dependencia y servicios sociales cerrados durante el confinamiento. En la Comisión parlamentaria, ha preguntado a la consejera de Igualdad si tiene un plan claro de reapertura en la fase 1 de desescalada para los centros participación activa, los centros de día, para la puerta de entrada de la ley de dependencia, las visitas de familiares a las residencias y la cobertura de plazas vacantes en las mismas.

Soledad Pérez ha censurado “la pelea abierta por la Consejería entre lo público y lo privado”, y ha instado a la consejera a que “confíe en las leyes de Servicios Sociales y la de Renta Mínima de Andalucía. No invente rentas paralelas sin derecho subjetivo y recupere los derechos existentes. Las leyes están para aplicarlas y no para modificarlas con un decreto ley, sin transparencia y por la puerta de atrás”.

Pérez ha lamentado que el gobierno andaluz siga instalado en la confrontación y solo estén pensando en abrir “playas y bares”, mientras están paralizados el sistema de dependencia y la lista de espera de la renta mínima de inserción social. Durante estos dos meses se han registrado 2.576 personas menos atendidas en dependencia y 2.872 personas fallecidas en lista de espera sin atención.

La portavoz socialista ha criticado el “trilerismo presupuestario” de la Consejería de Igualdad, anunciando inversiones de 70 millones de euros, cuando recibe del Gobierno de España 51,7. “El gobierno andaluz no aporta ni 20 millones”, expuso, por lo que ha apremiado a que “utilice  los instrumentos de que dispone, que movilizan más dinero y de forma más ágil”: las subvenciones a ONG, por más de 20 millones -5 millones para alimentos-, o la convocatoria para zonas de exclusión.

Soledad Pérez ha exigido a la Consejería más transparencia y diálogo con ayuntamientos y diputaciones, el Consejo Andaluz de Trabajo Social, educadores sociales, asociaciones y colectivos. Asimismo, ha afeado los constantes bandazos normativos, y cambios en direcciones generales: en la agencia de dependencia y la secretaría general de servicios sociales por ejemplo.

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