La pandemia de COVID-19 representa una de las crisis más importantes de nuestra historia reciente, con un gran impacto desde el punto de vista sanitario, social y económico. Con el fin de frenar su expansión y de evitar el desbordamiento de los sistemas sanitarios los distintos países han ido adoptando un conjunto creciente de medidas centradas en reforzar la respuesta en el ámbito de la salud y reducir las tasas de contagio mediante la contención de la movilidad de las personas y la separación física en el ámbito social y económico.

En el caso de España, la expansión de la enfermedad obligó a la adopción de medidas por parte de las autoridades sanitarias y, posteriormente, llevó a la aprobación del Real Decreto, de 14 de marzo, por el que se estableció el estado de alarma, con importantes medidas restrictivas de la movilidad y la actividad económica, y que, por el momento, ha sido prorrogado en tres ocasiones, hasta el 9 de mayo de 2020.

Las medidas de contención adoptadas, tanto a nivel nacional como en el resto del mundo, se han mostrado efectivas en el control de la epidemia, pero están teniendo un impacto muy negativo sobre la actividad económica global y sobre grupos sociales vulnerables, con una incidencia especial en determinados sectores y países.

En línea con otros países, y con el fin de mitigar el impacto negativo de esta situación excepcional, en España se han ido adoptando sucesivos paquetes de medidas de apoyo social y económico, orientados a mantener el tejido productivo, impulsar la ciencia e investigación y proteger las rentas de trabajadores y familias durante este periodo de ralentización, generando así una base firme para la recuperación económica y garantizando que nadie se quede atrás.

Las posibles soluciones para hacer frente con efectividad a la enfermedad, como la vacuna, el tratamiento o la alta inmunización de la sociedad, no están disponibles en la actualidad, ni previsiblemente lo estarán en los próximos meses. No es posible esperar tanto tiempo para comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es necesario abordar la transición hacia una nueva normalidad que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad.

Con fecha 16 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió los principios a tener en cuenta a la hora de plantear el desconfinamiento:

  • Romper la cadena de trasmisión detectando el mayor número de casos posible, tratando a las personas que presentan síntomas y aislando tanto a los enfermos como a las personas que han estado en contacto con ellos.
  • Contar con recursos sanitarios suficientes para poder responder rápidamente ante los casos detectados y, en especial, para poder atender los casos más graves.
  • Minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como son los centros sanitarios y de cuidados, los lugares cerrados y los lugares públicos donde se produce una gran concentración de personas.
  • Establecer medidas preventivas en los lugares de trabajo y promover medidas como teletrabajo, el escalonamiento de turnos y cualesquiera otras que reduzcan los contactos personales.
  • Gestionar el riesgo de importar y exportar casos más allá de nuestras fronteras, para lo que recomienda la implementación de medidas de control y aislamiento para personas contagiadas o que provengan de zonas de riesgo.
  • Asumir la importancia de que todos los ciudadanos se muestren comprometidos con las limitaciones que se están adoptando y comprendan, que, en buena medida, la contención de la pandemia depende de ellos.

El objetivo fundamental del Plan de desescalada es conseguir que, manteniendo como referencia la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud puedan verse desbordas. Es decir, la máxima seguridad sanitaria combinable con la recuperación del bienestar social y económico.

Para ello, se identifican los mecanismos de toma de decisiones por parte de los responsables públicos, en el corto y medio plazo, siempre partiendo de la guía que proporciona el conocimiento científico y técnico.

Ningún país ha culminado el proceso de desescalada o está exento de riesgos de rebrote. No existe un referente comparable en el que España pueda inspirarse más allá de lo aprendido en los meses precedentes y de la necesaria cooperación a nivel internacional para combatir la COVID-19. La transición deberá ser gradual, asimétrica, de forma coordinada con las comunidades autónomas, y adaptativa.

La salida gradual del actual estado de confinamiento exige continuar reforzando las capacidades en cuatro ámbitos: vigilancia epidemiológica; identificación y contención de las fuentes contagios; asistencia sanitaria; y medidas de protección colectiva, tanto de dimensión tanto nacional como autonómica y local.

Los parámetros cuyos valores son necesarios para avanzar en la desescalada, y de los que es necesario un seguimiento continuo, se plasmarán en un cuadro de mandos integral único que ayudará a la gradación de la intensidad y velocidad del desconfinamiento, incluyendo parámetros fundamentales para la toma de decisiones:

  • De salud pública, a partir de los datos que evalúan las cuatro capacidades estratégicas ya señaladas y la evolución de la situación epidemiológica.
  • De movilidad (tanto interna como internacional), muy vinculada a un posible aumento del riesgo de contagio.
  • De la dimensión social (impacto de la enfermedad, el confinamiento y la desescalada en los colectivos sociales más vulnerables, en particular los mayores).
  • De actividad económica (evaluación de la situación por sectores, en especial aquellos con más capacidad de arrastre y los más duramente afectados por la crisis).

A modo de resumen, las fases de la desescalada serían las siguientes:

Fase 0 o de preparación de la desescalada

Es la situación a fecha de hoy, caracterizada por el establecimiento de medidas de alivio comunes para todo el país una vez doblegada la curva de contagios, permitiendo la movilidad fuera del domicilio, fundamentalmente en el ámbito privado, y medidas con un riesgo asociado de contagio muy bajo o nulo, siempre que se cumplan las indicaciones de seguridad, en base a la responsabilidad y autoprotección de los ciudadanos (actividad deportiva individual sin contacto y paseos, atención de huertos familiares, algunas actividades económicas con control de aforo, etc.).Para ello se proyectan medidas como el próximo 2 de mayo permitir salidas y ejercicios individuales de los adultos y se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes como pudiera ser la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio, sin consumo en el local. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales.

A lo largo de esta fase, de la Fase 0, de la fase de preparación hacia esa desescalada, se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase, que es la Fase I

Durante esta fase se podrán adoptar medidas que afecten exclusivamente a determinados territorios. En particular, islas sin movilidad exterior y con tasas de contagio prácticamente nulas, en consecuencia, la isla de Formentera en las Islas Baleares y las islas La Gomera, El Hierro y La Graciosa en Canarias anticiparán unos días, al cuatro de mayo su desescalada, situándose en la Fase 1.

Fase I o inicial

En función del cumplimiento de los indicadores del cuadro de mandos en los diferentes territorios, se permitirá la apertura parcial de actividades, en particular, actividades económicas como pudieran ser la apertura del pequeño comercio; en restauración, la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación al 30%; en hostelería, la apertura de hoteles y alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes y con determinadas restricciones; actividades en el ámbito agrario, actividades deportivas profesionales con las medidas de higiene necesarias y los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio.

Fase II o intermedia

En esta fase se plantea la apertura parcial de actividades que se mantienen restringidas en la fase I. Con limitaciones de aforo, en restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de un tercio del aforo y garantías de separación y sólo para servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre, ahora bien, en esta Fase II se establecen algunas excepciones para reabrir centros educativos con tres propósitos: las actividades de refuerzo, el garantizar que los niños menores de seis años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y la celebración de la EBAU. Asimismo, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva, la reapertura de los cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada; las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias, todo ello con un tercio de su aforo habitual. Se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados con 1/3 de aforo; y si es al aire libre serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas sentados. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50% en esta segunda fase.

Fase III o avanzada

En esta fase, la última se flexibiliza la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. En el ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros. En la actividad vinculada con la restauración se suavizan algo más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público.

Nueva normalidad

Terminan las restricciones sociales y económicas, pero se mantiene la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y la autoprotección de la ciudadanía.

Las fechas concretas y la evolución real dependerán del comportamiento y el control de la pandemia, así como de la capacidad para ir superando las diferentes fases, en las condiciones establecidas en el Plan. El tiempo entre cada una de las fases tendrá una duración mínima de dos semanas, que es el periodo medio de incubación del virus.

Por otra parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha participado en una reunión por viceconferencia con los ministros de Transportes de la Unión Europea, en la que ha trasladado el deseo de España de que se incluyan medidas que permitan reiniciar la actividad en el transporte aéreo.

Ábalos ha apoyado el anuncio de la Comisión de trabajar en unas directrices para restaurar gradualmente los servicios de transporte y la conectividad, pero ha solicitado que se acelere al máximo su presentación, dado que “un documento a mediados de mayo llegaría demasiado tarde”.

En este sentido, el ministro ha trasladado el deseo de España de que se incluyan medidas que permitan reiniciar la actividad en el transporte aéreo, modo de transporte especialmente importante para garantizar la conectividad de los países periféricos y con las islas. Al mismo tiempo, ha urgido a que se adelanten ya directrices para la reanudación del transporte urbano, “al ser el primero que ha de reactivarse para un retorno progresivo a la normalidad”.

En líneas generales, Ábalos ha trasladado la posición española sobre la necesidad de adoptar medidas adicionales y mantener las existentes para garantizar la continuidad de la circulación de mercancías mientras se reanuda el tráfico de pasajeros.

En particular, para el responsable del Departamento resulta imprescindible fijar un enfoque común en las derogaciones del Reglamento de los tiempos de conducción y descanso, así como establecer reglas de armonización relativas a la extensión de la validez de determinados certificados y licencias. Es por ello que “aplaudimos la propuesta de la Comisión sobre la adopción de un Reglamento “Ómnibus” que dé uniformidad a aquellas excepciones y ofrezca seguridad jurídica a los trabajadores del transporte, esenciales en esta crisis”.

Ayudas europeas al sector aéreo

Imagen de la videoconferencia de los ministros de Transportes de la UERespecto al sector aéreo, uno de los más afectados por la crisis, el ministro ha subrayado la necesidad de actuar con urgencia, especialmente en el caso de las compañías aéreas, porque urge “encontrar mecanismos que ayuden al sector, no solamente a superar estos meses de mínima actividad, sino también a poder afrontar con garantías un proceso de recuperación que se antoja complicado”.

En este sentido, España ve fundamental que la Comisión flexibilice la aplicación de los requisitos de los distintos mecanismos financieros de ayuda evitando que se generen distorsiones en el mercado interior debidas a la diferente capacidad presupuestaria de unos Estados miembros u otros.

Entre estas medidas, según Ábalos, es necesario abordar a nivel europeo la cuestión del reembolso de los vuelos cancelados, donde “España defiende una solución que ayude a aliviar la situación de liquidez de las compañías aéreas, pero sin menoscabar los derechos de los pasajeros”.

La propuesta del Gobierno español es “permitir temporalmente a las compañías aéreas ofrecer a los pasajeros “vouchers” en lugar de reembolsos, emitidos en unas condiciones uniformes en toda la UE”. De tal forma que si el “voucher” no ha sido utilizado en el plazo de validez, se debe reembolsar al pasajero el importe del mismo. Además, para garantizar los derechos de los pasajeros ante la posible insolvencia de las compañías aéreas, sería necesario crear un fondo de garantía europeo que garantizara los mismos derechos a todos los pasajeros de la Unión. “La reglamentación de los derechos de los pasajeros es europea y, por tanto, la solución debe venir por ese ámbito”, ha afirmado el ministro.

Además, España cree necesario añadir medidas para proteger infraestructuras críticas como son los proveedores de servicios de navegación aérea. En este sentido, Ábalos ha expresado que “compartimos las medidas sobre las que está trabajando Eurocontrol y la necesidad de actualizar, flexibilizándolo, el marco normativo al que están sujetos estos proveedores de servicios”.

Transporte por carretera

El impacto negativo de la crisis también ha afectado al sector del transporte de viajeros por carretera, siendo un transporte esencial para garantizar la movilidad obligada de los ciudadanos, “por lo que es muy importante asegurar su continuidad”, según el ministro.

Ábalos ha apoyado que la Comisión incluya las necesidades económicas para el conjunto del sector del transporte en el nuevo Marco Financiero Plurianual, con un ambicioso Plan de Reconstrucción para evitar que haya recortes en la inversión pública de infraestructuras de transporte.

Por último, el ministro ha informado a sus homólogos europeos de que, para paliar en lo posible los efectos económicos y sociales de esta crisis, España comenzará un gradual levantamiento de las restricciones la próxima semana, tal y como presentó ayer el presidente del Gobierno, a través de un Plan por etapas, con diferentes ritmos según la situación de cada región.

El ministro ha recalcado que la prioridad en esta nueva fase de levantamiento de las restricciones debe seguir siendo proteger la salud de los ciudadanos y, al mismo tiempo, paliar los efectos económicos y sociales negativos derivados de esta crisis.

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