Las Pensiones No Contributivas, por un importe mensual de 395,6 € están destinadas a cubrir las necesidades mínimas de las personas que han cumplido 65 años y no tienen derecho a pensión por no haber podido cotizar 15 años, o no haber cotizado 2 años en los últimos 15 de su vida laboral. También están destinadas a las personas menores de esa edad que tienen una minusvalía de al menos 65% y no superan un límite mínimo de ingresos.

Las solicitudes de esas pensiones, que paga el Estado, deben ser tramitadas por las Comunidades Autónomas en un plazo máximo de 90 días.

En un recientecomunicado, el MADPP (movimiento andaluz en defensa de las pensiones públicas, del que formamos parte) denuncia que las solicitudes de esas pensiones, establecidas para socorrer a la parte más débil de nuestra sociedad, no se están tramitando dentro de los plazos legales establecidos. El pasado 1 de marzo había en España 29.150 solicitudes pendientes de tramitar, de las que 7.647 correspondían a Andalucía, que es la campeona estatal en solicitudes sin tramitar. El PSOE dejó 5.844 pendientes y el gobierno del PP y Ciudadanos ha incrementado esa cantidad en 1.803 más.

Tres provincias andaluzas están entre las 10 provincias españolas con más casos pendientes, 2.828 en Málaga, que de seguir el ritmo actual tardarían casi dos años en resolverse, 2.715 en Sevillay 1.026 en Cádiz. El resto de provincias, aunque con menos cantidad de casos, también los tienen, tal como ocurre en la provincia de Almería con 202 retrasos.

Esa dejadez de la Junta no sólo perjudica a personas muy necesitadas. También perjudica a Andalucía que deja de percibir unas transferencias estatales, ya que las pensiones las paga el gobierno español.

El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas ha iniciado una campaña con denuncias, actuaciones en redes y gestiones ante los parlamentos y gobiernos, con un doble objetivo: exigir al Gobierno español que entre las medias extraordinarias por la pandemia del coronavirus, incluya una norma para aprobar provisionalmente todas las solicitudes presentadas, de la misma manera que ha agilizado otros trámites como los de los ERES de las empresas; y exigir a la Junta de Andalucía que cumpla la ley y acelere la tramitación de estas solicitudes para que queden resueltas en el plazo legal máximo de 90 días.

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