La Fiscalía pide para Cristóbal Fernández ocho años de inhabilitación para empleo...

La Fiscalía pide para Cristóbal Fernández ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, siendo la acusación particular el Ayuntamiento que preside su sobrino José Luis Amérigo que accedió a la Alcaldía por el voto del regidor denunciante, Salvador Hernández

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En Carboneras se preguntan por lo que debe saber el ex-alcalde Cristóbal Fernández para tener hipotecado al PSOE a los 7 años de haber abandonado la alcaldía y haber fracasado como empresario en sudamérica y en su pueblo.

La Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exalcalde socialista de Carboneras , Cristóbal Fernández, acusado de adjudicar de manera «directa» y haciendo «prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales» la obra para sustituir el alumbrado público en el Paseo Marítimo por importe de casi medio millón de euros.

Cristóbal Fernández, quien actualmente es gerente del Grupo de Desarrollo Pesquero Costa de Almería, organizador de la controvertida Feria de la Gamba en Garrucha, se enfrenta a un presunto delito de prevaricación aunque la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento que ahora preside su sobrino, José Luis Amérigo, gracias al apoyo del entonces regidor que denunciara a su tío, le atribuye la supuesta comisión de un delito de malversación de caudales públicos que, en este caso, no estima el Ministerio Público.

El escrito de calificación provisional se indica que el exregidor carbonero, con «conocimiento de que actuaba en contra del ordenamiento jurídico, adjudicó de «forma directa, sin seguir procedimiento administrativo alguno» la obra bajo sospecha mediante una resolución de Alcaldía de fecha 8 de septiembre de 2008 por un importe de 492.182,65 euros.

Lo hizo, según añade el fiscal, «bajo el presupuesto de que la obra sería ejecutada» con los «medios propios del Ayuntamiento» pero «en realidad fue subcontratada, suministrada y ejecutada por las mercantiles Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Garrido SL».

La primera habría girado facturas correspondientes a suministros y habría percibido pagos por un montante de 360.937,23 euros, mientras que la segunda ejecutó materialmente la obra y habría cobrado facturas por importe de 134.982,51 euros.

En ambos casos, las cuantías «fueron satisfechas con cargo» al presupuesto municipal, «sin que mediase ningún tipo de expediente de contratación», según reprocha el Ministerio Público, que, en esta línea, remarca que hizo «prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de los posibles interesados».

«Favoreció con la adjudicación de la obra a estas dos mercantiles, que obtuvieron importantes beneficios como consecuencia de ello», concluye el escrito elevado al Juzgado de Instrucción 2 de Vera.

La obra para sustituir el alumbrado público en el Paseo Marítimo del municipio supuso que el Ayuntamiento recibiese una subvención de la Junta de Andalucía de 295.309,58 euros que ha tenido que reintegrar. En concreto, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte declaró en noviembre de 2010 el «incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención» e inició expediente de reintegro.

La Fiscalía solicitó en 2017 que se abriese procedimiento a raíz de los hechos denunciados por quien entonces era el regidor, el independiente Salvador Hernández (Gicar), que denunció que la gestión hecha por exalcalde socialista había supuesto «un grave quebranto a la administración local».

En su resolución definitiva de reintegro en mayo de 2011, la Junta andaluza destacaba «un alto índice de irregularidades en relación al cumplimiento de la orden reguladora de la subvención».

Fernández regresó a la política en 2007 después de apartarse tras ser inhabilitado durante seis meses por un delito electoral. Pudo hacerlo porque pocos días después de su renuncia para cumplir la pena el Consejo de Ministros le concedió el indulto. Como candidato por el PSOE, volvió a ganar las elecciones locales con mayoría absoluta.

Recordemos que el Ministerio Público indicaba en su decreto que los hechos denunciados por el entonces alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar), con respecto a una obra que tuvo un presupuesto global de 492.185,65 euros podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativo, por lo que acordaba formular denuncia ante el Decanato de los Juzgados de Vera.

La denuncia remitida por el sucesor en la Alcaldía, Salvador Hernández, a la Fiscalía recogía que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía concedió la ayuda en agosto de 2008 y que el entonces mandatario dictó ese mismo mes una providencia en la que disponía el inicio de expediente de ejecución de obras con «medios propios» del Ayuntamiento, lo que contó con informes favorables del secretario municipal y del técnico municipal dado «el considerable ahorro en el gasto total de las referidas obras».

A continuación, según la citada denuncia, Fernández habría dictado una resolución para «la ejecución directa» de las obras pero, de acuerdo al expediente de justificación, «se expidieron facturas de terceros del cien por cien de las obras, superando con creces los límites establecidos para la contratación directa». En concreto, detalla que se habrían contratado los servicios de dos mercantiles; Indasa, que factura «360.937,23 euros» e Instalaciones Moreno y Garrido, que factura 134.982,51 euros.

«Es obvio y así queda acreditado que, aunque la pretensión, en principio del Ayuntamiento, era ejecutar las obras por sus propios medios, resulta que no se realizó como decretó el alcalde, sino que se ejecutaron por contratación directa, obviando las reglas elementales de contratación, como es la publicidad, la objetividad, la economía y la libre concurrencia ya que se le encargaron directamente todos los trabajos sin mediar contrato alguno», subraya.

Añadía la denuncia que dió lugar a la apertura de diligencias previas que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte declaró en noviembre de 2010 el «incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención concedida al Ayuntamiento de Carboneras» e inició expediente de reintegro, «lo que le ha supuesto un grave quebranto a la administración local» con la devolución de un total de 248.420,34 euros.

«Cristóbal Fernández resolvió de forma torticera y a sabiendas de su injusticia la realización de unas obras sin procedimiento alguno, intentando mediante engaño encubrir unas actuaciones totalmente ilícitas ya que ni tan siquiera solicitó el más mínimo presupuesto a posibles contratistas sino que procedió de forma directa a la ejecución y a la adjudicación a dedo», señalaba para hacer alusión a que, en su resolución definitiva de reintegro en mayo de 2011, la Junta «destaca un alto índice de irregularidades en relación al cumplimiento de la orden reguladora de la subvención».

La denuncia del Ayuntamiento carbonero interesaba que el Juzgado instructor citara a declarar en calidad de investigado a Cristóbal Fernández, y en calidad de testigos al secretario-interventor municipal, al técnico que informó y emitió las certificaciones de obra y a los representantes legales de las mercantiles que ejecutaron la sustitución del alumbrado público en el Paseo Marítimo carbonero.

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