Una representación de la Junta Directiva de la Asociación de Promotores Constructores de la provincia de Almería ha mantenido una reunión con el coordinador provincial de Ciudadanos (Cs), Rafael Burgos, y otros representantes de esa formación política en Almería, para abordar algunos de los problemas a los que se enfrenta actualmente el sector en la provincia.

La nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y los inconvenientes que todavía sigue presentando, fue uno de los temas analizados en el encuentro.  En este sentido, el presidente de la Asociación de Promotores, Juan Murcia, entregó a los representantes de Cs un documento con las principales reivindicaciones de la Asociación en esta materia, como el sentido del silencio administrativo en los procedimientos de planeamiento y gestión, la falta de conocimiento de los borradores de los Reglamentos, las reservas de suelo para vivienda protegida sin importar la demanda, o la nueva clasificación del suelo, entre otras.

Otro asunto de interés ha sido la Ley GICA, especialmente en lo que respecta a la tramitación de los planeamientos urbanísticos, sus modificaciones o cambios de uso, en los que interviene de forma determinante la legislación medioambiental con trámites repetitivos, con silencios negativos y en definitiva retrasando el urbanismo y alejando la inversión.

Desde la Asociación de Promotores también se planteó la falta de personal existente en la Gerencia de Urbanismo de Almería, con tan solo tres técnicos para informar los proyectos, lo que retrasa la concesión de licencias y los problemas con Catastro y el Ayuntamiento de Almería en cuanto a las liquidaciones tributarias, debido al retraso en las alteraciones catastrales y a la no suspensión de las liquidaciones por parte del Ayuntamiento 

Los promotores mostraron su preocupación por la excesiva carga tributaria que recae sobre la vivienda desde la compra del suelo hasta su venta final, así como por los perjuicios que causan las empresas públicas que promueven vivienda protegida haciendo la competencia al sector privado. 

Se debatió la reciente proposición de ley de vivienda estatal que pretende regular el mercado del alquiler, en la que se posicionaron en contra, si bien se desconocen los pormenores de lo que será “zona tensionada”, que parece será el concepto clave en su aplicación.

Por último, los empresarios informaron de la problemática sufrida con el Ayuntamiento de Roquetas en cuanto a las licencias de obras con motivo de la Instrucción interpretativa de la altura máxima en número de plantas del PGOU de Roquetas de Mar.

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