Se constituyó como pareja de hecho en Almería en el año 2015. El detenido ha permanecido en rebeldía cuatro años, siendo finalmente detenido en Almería.

La pandemia que todos estamos sufriendo requiere del sosiego y comprensión que la mayoría de los españoles están demostrando, si bien, determinados sectores sociales y dirigentes políticos no están contribuyendo a ello. Las dificultades organizativas que han ido resolviéndose desde el anuncio del Estado de Alarma, se llevan a cabo con la mejor disposición por parte de las Autoridades Sanitarias y en base a ello, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las distintas Policías están realizando un esfuerzo ímprobo que se está viendo correspondido por la sociedad con aplausos y gestos solidarios, aunque como ya adelantamos, “tanto cariño” debería ser materializado al término de la crisis actual.

 

Y ello se puede conseguir a través de la revisión y actualización de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, derogación de algunos apartados de la Ley de Régimen de Personal del CPN, y la regulación de un sistema de representación sindical  distinto al actual.

 

Como se ha sabido por cauces no habituales, la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, ha designado o confiado a la Guardia Civil una investigación para determinar o tratar de imputar a determinados personas con cargos de responsabilidad política en la capital del Estado, con ocasión de algunos actos públicos, al parecer con presunta incidencia en determinados contagios. Ha creído conveniente dejar al margen de las Diligencias Previas abiertas, a unos profesionales que forman parte de las Unidades Orgánicas y Adscritas de Policía Judicial del Cuerpo de Policía Nacional, que como ha de saberse, se establecen atendiendo criterios territoriales sobre base provincial, hecho que por las razones que sea que tenga la Magistrada, han supuesto una clara discriminación profesional a cientos de funcionarios que a diario atienden requisitorias de jueces y fiscales, en la especialidad delictual o técnicas de investigación, con carácter permanente y especial preparación, en la capital, Madrid.

 

En esta ocasión tanto ni el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, ni la Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pueden justificar el haber obviado a nuestros compañeros de Policía Nacional, luego por tanto, salvo que no se confíe en este caso en el CPN por razones que sólo conocerá la Sr. Juez, se podría haber evitado una situación que está siendo utilizado por sectores extrajudiciales. Las Unidades Orgánicas de Policía Judicial-denominadas aún Brigadas Provinciales de Policía Judicial del Cuerpo de Policía Nacional, y Equipos de Investigación y Atestados de la Guardia Civil- se han establecido por separado y de forma paralela tanto en la Guardia Civil como en el Cuerpo de Policía Nacional, debido a las características propias de cada uno de los institutos. En cada provincia, están delimitadas las zonas de actuación, y las Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones, tienen la competencia sobre las actuaciones de sus miembros, de índole profesional y estatutaria.

 

El que la “Policía Judicial”  dependa de Jueces, Ministerio Fiscal y del Ministerio del Interior suscita serios problemas de confrontación, de obediencia a sus superiores (mandos naturales), y al poder judicial, como se ha visto en la actuaciones de un coronel, y solidarios compañeros, que han decidido dimitir de sus cargos en la Guardia Civil, provocando un daño irreparable a la institución, a los miles de agentes que forman el cuerpo armado, y al propio Ministerio del Interior. Tienen todo nuestro rechazo social, profesional y sindical.

 

Han pasado más de 30 años desde la regulación de la Policía Judicial española, y podemos afirmar que no se ha sabido o querido establecer la dependencia orgánica y funcional de la Policía Judicial de los Jueces. Además de que la Magistratura ni su órgano de Gobierno reúnen las condiciones necesarias para dirigir la política criminal ni tampoco responden políticamente por ello. Por lo que, tras todo lo que se está viendo estos días, en ARP queremos manifestar públicamente que las injerencias entre cuerpos policiales y la descoordinación entre los mismos, deben abrir un debate necesario para la desmilitarizan de la Guardia Civil y la unificación en un solo cuerpo de carácter civil, conforme se viene exigiendo históricamente por sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos policiales.

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