La Agrupación Reformista de Policías, se ha dirigido al Director General de la Policía y a otros órganos del Ministerio del Interior y de la División de Personal, al objeto de que el Subinspector, D. José María García Fernández, Secretario General del sindicato Jupol, pueda expresarse sobre las informaciones que aparecen en varios medios informativos, en el los que se asegura, es propietario de una empresa de asfaltado, excavaciones, obras publicas, construcciones y negocios inmobiliarios domiciliada en Asturias, Excavaciones y Asfaltos de Avilés S.L. con CIF B74397316, registrada en su propio domicilio en el año 2015, y se asevera, no está habilitado por el Ministerio del Interior, para sus actividades empresariales, como es obligación de todo funcionario público.

 

Se informa igualmente que figura en esa fecha como administrador único, ha participado en concursos de obras públicas, obteniendo beneficios económicos declarados en el año 2019, correspondientes al ejercicio 2018, que se estiman en 131.016 euros, neto.

 

En este sentido, ARP considera deseable que quienes disponen de la información necesaria para disipar las dudas generadas por tales noticias, es decir, el propio afectado, el sindicato al que representa o la Administración, la hagan pública. Y ello con el fin de evitar que la incertidumbre continúe afectando a la imagen del Cuerpo y sindicatos policiales. Asimismo el Código Ético de su propia formación sindical, y asociación Jusapol, al parecer lo recoge y le obligaría a ello.

 

Desde la cautela que exige la valoración de informaciones publicadas en los medios, y en la línea que ha caracterizado nuestra actuación desde su constitución, ARP defiende la estricta aplicación de la legislación vigente, sea quien sea el obligado a cumplirla (Administración, sindicatos, funcionarios o ciudadanos). Exigencia que incluye, desde luego, la de que se apliquen, sin excepciones, las consecuencias previstas para el caso de incumplimiento, si es demostrado, se actúe de oficio, por los servicios propios de la Dirección General de Policía.

 

El régimen de incompatibilidades exige de los servidores públicos un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos, constituyendo en este sentido un importante avance hacia la solidaridad, la moralización de la vida pública y la eficacia de la Administración. Exigencia que es mayor, si cabe, a un colectivo como el nuestro, en el que el servicio permanente a la Comunidad y el sometimiento al principio de legalidad son dos principios esenciales.

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