Los socialistas piden a García Molina que “no se ponga más de perfil” y que aguarde a la reforma legislativa en marcha que beneficia a estos empleados

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha exigido al presidente de la institución provincial que “no se ponga más de perfil” y que aplace los procesos selectivos en la administración supramunicipal hasta que se apruebe la reforma legislativa actualmente en marcha que “beneficiará” a estas personas, tal y como viene reclamando el PSOE hace más de un año mostrando su “sensibilidad” con las reivindicaciones de los interinos.

“La postura del PSOE es clara, rotunda, contundente y coherente con la legislación actual en la que mostramos nuestro total apoyo a los interinos y pedimos que se estudie detalladamente su precaria situación de acuerdo con la sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal Europeo”, ha explicado la diputada provincial socialista Carmen Aguilar Carreño, quien reitera la necesidad de que se pospongan los procesos selectivos “y se produzcan las reformas legislativas necesarias para acabar con la larga temporalidad” de estos trabajadores y trabajadoras.

Los socialistas han mostrado su apoyo institucional a los interinos en diversas ocasiones y en el mes de julio elevaron una moción al pleno provincial –aprobada por unanimidad- en amparo a su situación en la que se instaba a la Diputación, Junta y Gobierno central a adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para terminar con “la precaria situación de interinidad”.

Aguilar Carreño ha recordado que el Gobierno de España “a pesar de la terrible situación de pandemia en la que nos encontramos” también se ha “hecho eco” de la situación de los interinos de larga duración en las todas las administración públicas, y conforme a la sentencia del Tribunal Europeo “se ha puesto a trabajar”. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para reducir la temporalidad y que no se sigan produciendo las largas interinidades, una modificación “que necesita el consenso de los sindicatos y apoyo de los distintos grupos políticos en las Cortes Generales”.

“Tenemos que ponernos todos y todas a trabajar en el mismo sentido”, ha defendido la diputada socialista quien considera que el presidente provincial “debe dejar las frases rimbombantes que generan confrontación y debe escuchar a los interinos a quienes ha de mostrar su apoyo” porque “no vale que con una mano les diga que les apoya mientras que, con la otra, está firmando y publicando las fechas de los exámenes” cuando, además, “en breve va a nombrar a los miembros de los tribunales que les examinarán”.

“García Molina continua los procesos selectivos sin tener en cuenta la reforma legislativa que está en marcha y va a perjudicar, de manera irreversible, a los interinos por no esperar unos meses” y ha lamentado, también, que ya se hayan celebrado oposiciones y se haya cesado a interinos de larga duración.

“No es la primera vez que el PP en la Diputación ha retrasado, paralizado e, incluso, no ha celebrado convocatorias de oposiciones aprobadas y lo ha hecho sin motivo, ni sustento legal alguno, lo que ha tenido como consecuencia que hoy en día sigan de interinos estas personas, ya que les impidieron que pudieran examinarse”, ha reprochado Aguilar Carreño quien ha comparado lo expuesto con la situación actual.

“Sin embargo, hoy en día el aplazamiento tiene todos los fundamentos, porque existe una sentencia de la UE y se van a acometer reformas legislativas importantes” por lo que “otras administraciones provinciales, locales y autonómicas ya han decidido paralizar los procesos selectivos afectados por plazas ocupadas por interinos de larga duración”. En Almería y, en concreto, en la Diputación Provincial que dirige el PP “no entendemos el empecinamiento en examinarles contra toda corriente”.

La diputada provincial por el PSOE de Almería ha recordado, además, que a quienes afecta esta situación es a personas que trabajan en la institución provincial hace más de diez años. “Algunos cuentan con más de 20 años de antigüedad y Europa ha sentenciado que esto es un abuso en la temporalidad y que incumple la Directiva Europea 1999/70, constituyendo un  fraude en la temporalidad de los empleados públicos”.

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