El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Carmelo Gómez, reclama a Moreno Bonilla seriedad y medidas para que el personal sanitario andaluz deje de ser el más afectado del país por el coronavirus y exige mascarillas gratis para la ciudadanía con su tarjeta sanitaria, toda vez que con 8 millones gastados en campañas de autobombo en plena pandemia la Junta podría adquirir 13,5 millones de protectores

 

El PSOE de Andalucía ha rechazado la “ocurrencia” de Moreno Bonilla y su consejero de Educación, Javier Imbroda, de reabrir los centros educativos a mediados de junio y obligar al personal docente a su reincorporación “sin garantías de seguridad”. El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Carmelo Gómez, ha alertado de la “barbaridad” que implica que profesores y profesoras vuelvan a sus colegios e institutos “sin que sepamos qué medidas” ha puesto en marcha la Junta para salvaguardar su salud ante el coronavirus.

 

En declaraciones vía telemática, Carmelo Gómez ha criticado que desde la Consejería de Educación no se haya negociado y acordado con la representación sindical del personal docente su reincorporación a los centros en junio, y ha subrayado las “dudas” que alienta el Gobierno de Moreno Bonilla sobre la reapertura de las playas y el nuevo curso lectivo.

 

El dirigente socialista ha reivindicado a PP y Cs al frente del Ejecutivo autonómico un plan urgente de escolarización que garantice la seguridad ante el virus de toda la comunidad educativa en la vuelta a las aulas, con una bajada de la ratio de alumnado por clase que, según propone el PSOE, debe ser de 15 escolares por docente “para mantener la distancia social. Sin garantizar esta distancia de seguridad pude haber rebrotes y no se puede desarrollar la labor docente con seguridad”, ha recalcado.

 

Ha exigido a Moreno Bonilla y su Gobierno que aclaren con detalle si se va a contratar a más profesores y profesoras para bajar la ratio de escolares por aula y qué inversión tienen prevista para la adecuación de las infraestructuras docentes “a la nueva realidad” causada por el virus. “Son las respuestas que tienen que dar, en vez de dedicarse a la confrontación”, ha añadido.

 

En esta línea, Gómez ha reclamado a Moreno Bonilla que abandone “la estrategia de tierra quemada de Pablo Casado en España” y ha advertido de que el proceso de desescalada “no es una competición con medallas al final; esto va de seriedad, responsabilidad y buen juicio”. Ha defendido que el sacrificio de meses de confinamiento realizado por la ciudadanía “no puede tirarse por la borda por intentar acortar camino y confrontar con el Gobierno de la Nación”, y ha preguntado al presidente de la Junta si “asumirá la responsabilidad si mañana hay un rebrote en Andalucía”.

 

El portavoz socialista de Presidencia ha pedido sensatez, prudencia y consenso a Moreno Bonilla y su Gobierno en la gestión de la desescalada, que asuman su responsabilidad y que “dejen de usar a Málaga y Granada para su confrontación”, insistiendo en que “lo primero es la salud pública porque, sin salud, no habrá recuperación económica”.

 

Ha exigido al Ejecutivo PP y Cs que hagan públicos los informes que avalan la situación de Andalucía, más cuando mantienen ocultos los estudios de la anterior fase que la Junta entregó “mal y sin firma que los avalara, ocultando información fundamental”. Ha cuestionado que el consejero Aguirre, haya proclamado con el “autobombo acostumbrado” que toda la comunidad está preparada para avanzar a la Fase 2 sin mostrar datos que lo certifiquen, y ha advertido de que el titular de Salud sí ha confirmado que los requisitos estatales de las distintas etapas “son públicos y transparentes”, elaborados por técnicos funcionarios del Ministerio de Sanidad “y no por políticos”.

 

Desde el PSOE de Andalucía, Carmelo Gómez ha reiterado la reclamación a la Junta para que refuerce la Atención Primaria de cara al proceso de desescalada, con la “urgente” reapertura de los centros de salud cerrados y su dotación adecuada con medios humanos y técnicos, mediante la contratación de médicos y la formación de “equipos de rastreo” del virus para detectar contagios y contener su expansión.

 

Verdades sobre los sanitarios afectados

El representante regional socialista ha denunciado, además, que Moreno Bonilla “mintió descaradamente ante el Pleno” al negar las cifras sobre sanitarios andaluces afectados por el coronavirus que su propia Consejería de Salud ha presentado ante la Mesa Sectorial. “En este foro ha manifestado que son más de 8.000 los afectados por coronavirus entre el personal sanitario, concretamente 8.149”, ha incidido Gómez, instando al presidente a “asumir su responsabilidad, explicar y poner medidas” para que el número de sanitarios afectados por el virus en nuestra tierra deje de estar diez puntos por encima de la media nacional.

 

Carmelo Gómez se ha referido a las mascarillas obligatorias y ha exigido al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y a su Gobierno que expliquen “por qué en Andalucía no se han distribuido ya mascarillas gratuitas a todos los andaluces” a través de su tarjeta sanitaria, como se hace en la Comunidad Valenciana y Cataluña y como viene reclamando el PSOE desde hace más de un mes. Ha añadido que Bendodo ha gastado en su área 8 millones de euros en campañas de “publicidad y autobombo” que en ningún caso ofrecen información de interés público, y ha indicado que con esos fondos públicos la Junta podría haber adquirido 13,5 millones de mascarillas para la población andaluza.

 

Sobre la RTVA y las denuncias de profesionales y sindicatos de manipulación por parte del Gobierno de PP y Cs, ha afirmado que esta situación ha tenido una “vuelta más de tuerca” desde que está al frente de los Servicios Informativos Álvaro Zancajo, quien llegó “de la mano de Vox para radicalizar aún más la televisión pública”. Ha alertado de que los andaluces y andaluzas son conscientes de esa “manipulación informativa” ejecutada por Zancajo en Canal Sur TV y por eso la cadena autonómica registra en abril los niveles de audiencia más bajos de su historia, toda vez que la ciudadanía ya tiene claro que “ya no es un servicio público sino un servicio al servicio del Gobierno de la Junta”, ha concluido.

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