El Consejo de Ministros, en su sesión extraordinaria del día de hoy, ha aprobado a través de un Real Decreto la declaración del estado de alarma inicial de 15 días, extensible a 6 meses cuando el Gobierno realice la solicitud al Parlamento el próximo martes, para responder ante la situación de especial riesgo causada por el virus COVID-19.

https://boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf

El plazo de 6 meses es el considerado necesario, en base a criterios científicos y recomendaciones de los expertos, para empezar a superar tanto la segunda ola actual de la pandemia como su etapa más dañina.

El Estado de Alarma se configura como la disposición legal que permite fijar limitaciones de movilidad y de contactos de tal modo que las Comunidades Autónomas que lo consideren necesario puedan aplicarlo con pleno amparo constitucional.

La declaración responde a la petición de 10 Comunidades Autónomas (Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Baleares) y la Ciudad Autónoma de Melilla, tras la propuesta del Gobierno de España.

Los presidentes y presidentas autonómicos serán las autoridades competentes delegadas en sus respectivos territorios, y podrán decidir el nivel de aplicación de las medidas de este Decreto según su situación.

Limitación de la circulación

Se estable la prohibición general de la movilidad nocturna entre las 23 horas y las 6 de la mañana, pudiendo cada Comunidad Autónoma modular su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será para todo el país salvo la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a que su mejor situación epidemiológica.

En ese periodo, solo será posible la circulación por causas justificadas como la adquisición de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de edad y regreso al domicilio.

Además, las Comunidades Autónomas podrán decidir limitar la entrada y salida de sus territorios, para todo el perímetro de la comunidad o para un ámbito inferior. Igualmente, podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados a un máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes.

Tanto en el caso de las limitaciones a la entrada y salida de sus territorios como en el número máximo de personas en grupos, serán los Presidentes y Presidentas autonómicos los que decidan si estas medidas aplican a sus territorios, en todo o en parte, siendo ellos y ellas las autoridades competentes delegadas.

Criterios de actuación

Las Comunidades Autónomas basarán sus actuaciones en base a los indicadores y criterios acordados el pasado jueves por el Consejo Interterritorial de Salud, relativos al número de infecciones, capacidad asistencial y de salud pública y también a las características y vulnerabilidad de la población.

Según esos criterios se establecen cuatro niveles de riesgo para cada territorio: bajo, medio, alto o extremo. Los principales criterios son los siguientes:

En primer lugar, el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes se considera de riesgo bajo; por encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto, y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes se considera de riesgo extremo.

Este indicador se completa con los niveles de incidencia de los últimos 7 días, la incidencia específica en los mayores de 65 años, que es el colectivo más vulnerable al COVID-19, el nivel de positividad de las pruebas que se realizan en todos y cada uno de los territorios y el porcentaje de casos con trazabilidad, es decir, que se conozca exactamente cuál es el origen de la infección.

En segundo lugar, el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y las camas UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID-19 supera el 15% en hospitalización global y el 25% en el caso de las camas de UCI.

Refuerzo de la coordinación

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reunirá cada semana, para que sus miembros, esto es, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y todos los consejeros de salud de cada Comunidad evalúen la situación semanalmente y establezcan una respuesta sanitaria coordinada.

Como ha venido ocurriendo hasta la fecha además, el ministro de Sanidad comparecerá cada quince días ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación epidemiológica de nuestro país y de las medidas que se están aplicando para frenar la pandemia.

Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad ha mantenido 182 reuniones con las Comunidades Autónomas y se han repartido 296 millones de material sanitario, de los que 221 millones han ido destinados a las Comunidades Autónomas.

Recursos de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas disponen de 16.000 millones de euros del Fondo No Reembolsable establecido por el Gobierno para ayudarlas a combatir los efectos de la pandemia, financiar el incremento del gasto sanitario, del gasto educativo, compensar la caída de ingresos y sentar las bases de la recuperación económica y social.

También tienen a su disposición 5.686 efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo, de los que 1.740 ya están incorporados.

Además, se ha constituido una reserva estratégica común que cuenta con más de 512 millones de mascarillas quirúrgicas, 57,6 millones de mascarillas FFP2 y cerca de 2 millones de test de antígenos.

DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
12898 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.
Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país, fue preciso adoptar
medidas inmediatas que resultaron eficaces para poder controlar la propagación de la
enfermedad. En este sentido, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permitió hacer
frente a la situación de emergencia sanitaria y proteger la salud y la seguridad de los
ciudadanos.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el país
entró en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las
autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y
frenar los contagios. Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control
de la pandemia, las declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública acordadas
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las diferentes
disposiciones y actos adoptados por las autoridades competentes de las comunidades
autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía. Este conjunto de medidas, dirigido a
prevenir situaciones de riesgo, intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de
la epidemia y reforzar los servicios asistenciales y de salud pública, ha permitido hasta
ahora ofrecer respuestas apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas
de evolución de la onda epidémica en cada territorio.
II
No obstante, en el momento actual en España, al igual que en la mayoría de países
europeos, se registra una tendencia ascendente en el número de casos. Este incremento
se ha traducido en un aumento importante de la Incidencia Acumulada en catorce días,
hasta situarse, con fecha 22 de octubre, en 349 casos por 100.000 habitantes, muy por
encima de los 60 casos por 100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo de
acuerdo a los criterios del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
Las actuales incidencias sitúan a todo el territorio, salvo las islas Canarias, en un nivel
de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares internacionales y a los nacionales
establecidos en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de
la transmisión de COVID-19, aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud el pasado día 22 de octubre de 2020.
Este incremento de la transmisión está afectando a grupos poblacionales de riesgo,
que presentan una mayor probabilidad de hospitalización y fallecimiento. En la actualidad,
la ocupación media en España de camas de hospitalización por COVID-19 supera ya
el 12 %, con máximos por encima del 20 % en algunas comunidades autónomas. La
ocupación media de camas de Unidades de Cuidados Intensivos es del 22,48 %,
superando en algún caso el 60%. Esta situación vuelve a tensionar nuestro sistema
sanitario, requiriendo la adopción urgente de medidas de control que eviten cualquier
impacto negativo de esta situación sobre la atención sanitaria a otras patologías diferentes
a COVID-19, previniendo desde un primer momento cualquier riesgo de potencial colapso
del sistema asistencial.
En este contexto, con niveles muy preocupantes de los principales indicadores
epidemiológicos y asistenciales, se deben considerar diferentes medidas de control de la
transmisión que permitan reducir las incidencias actuales, revertir la tendencia ascendente
y evitar alcanzar el nivel de sobrecarga que experimentó el sistema sanitario durante la
primera ola de la pandemia.
En ausencia de una vacuna para el COVID-19, se deben tomar medidas de salud
pública de carácter no farmacológico, propuestas por organismos internacionales, que
tienen el propósito de reducir la tasa de contagio en la población y, por lo tanto, reducir la
transmisión del virus. La efectividad de cualquier intervención aislada puede ser limitada,
requiriendo la combinación de varias intervenciones para tener un impacto significativo en
la transmisión.
Entre las intervenciones no farmacológicas establecidas por los organismos
internacionales, destacan algunas medidas dirigidas a evitar la agrupación de personas sin
relación de convivencia y mantener el distanciamiento entre ellas, así como reducir la
movilidad de las poblaciones, ya que esta favorece de forma importante la circulación del
virus SARS-CoV-2 entre los distintos territorios.
Existe evidencia de que el contacto social, en espacios tanto abiertos como cerrados
en los que no se guardan las debidas medidas de distanciamiento y prevención, conlleva
un alto riesgo de transmisión del virus. En este sentido, la experiencia de meses anteriores
confirma cómo la adopción de medidas restrictivas en ciertos establecimientos y
actividades tiene un impacto directo en la reducción drástica de los brotes epidémicos y los
casos asociados vinculados a tales contextos.
Sin embargo, respecto a los principales focos de contagio actual, el estudio de los
brotes notificados por las comunidades autónomas revela que son los encuentros
familiares y sociales, bien en el ámbito privado o público el principal entorno en el que se
producen agrupaciones de casos, suponiendo casi un tercio de los brotes e implicando
más de una cuarta parte de los casos.
En esta línea, la limitación del tamaño de los grupos en lugares públicos y privados y
la reducción de contactos entre personas no convivientes forman parte del conjunto de
medidas sociales y de salud pública de la estrategia integral de la Organización Mundial
de la Salud para contribuir a detener las cadenas de transmisión de persona a persona y
el control de brotes. Estas propuestas son también recogidas por otras agencias
internacionales de Salud Pública de referencia, como el Centro Europeo para la Prevención
y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés). En este sentido, se consideran
eficaces y apropiadas medidas como la limitación del número de personas no convivientes,
la relación en burbujas sociales estructuradas en grupos de convivencia estable y
permanecer en el domicilio, evitando desplazamientos que no se consideren
imprescindibles. La limitación del número máximo de personas en un mismo espacio ha
sido aplicada en varias comunidades autónomas y en distintos países de nuestro entorno
con resultados positivos desde el punto de vista epidemiológico.
Diferentes estudios, como los llevados cabo por el ECDC han puesto de manifiesto
que la aceptación y el cumplimiento de las medidas preventivas varía entre países, entre
regiones de un mismo país, entre diferentes grupos de población de un mismo entorno e
incluso entre las diferentes vivencias sociales de las personas, siendo una de ellas la
actividad nocturna, donde se ha observado un relajamiento importante en el cumplimiento
de las medidas estipuladas para evitar la transmisión del SARS-CoV-2.
En este sentido, buena parte de los encuentros de riesgo se producen en horario
nocturno, de acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas, lo que
reduce substancialmente la eficacia de otras medidas de control implementadas. Por ese
motivo, la restricción de la movilidad nocturna se considera una medida proporcionada con
un potencial impacto positivo en el control de la transmisión, al evitarse situaciones de
contacto de riesgo vinculadas a encuentros sociales.

Los indicadores epidemiológicos actuales sitúan a casi todo el territorio nacional en un
nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales,
salvo la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicha comunidad presenta una evolución
favorable de la epidemia con indicadores epidemiológicos que la sitúan en niveles de
riesgo medio, muy por debajo del resto del territorio nacional. Por ello, las medidas
dirigidas a la restricción de la movilidad nocturna no serían en este momento necesarias
para mantener el control de la epidemia en dicho territorio, siempre y cuando se garantice
el mantenimiento de las medidas de control de la transmisión vigentes actualmente, y sin
perjuicio de poder adoptarse posteriormente en caso de evolución desfavorable, lo cual no
es en absoluto descartable durante el periodo de vigencia de este real decreto, dada la
inestabilidad del comportamiento de la epidemia, tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, se ha observado que los movimientos de personas, desde unidades
territoriales de alta incidencia a otras de menor incidencia, suponen un riesgo muy elevado
de difusión geográfica de la transmisión del SARS-CoV-2. Esta incidencia observada,
además de no ser homogénea entre las comunidades autónomas, tampoco lo es dentro
del territorio de cada una de ellas. En esta línea, durante los últimos meses, se han
articulado medidas de restricción de la movilidad en determinados ámbitos territoriales,
que en su momento se asociaron a una mejora de los indicadores de control de la
transmisión en su zona de aplicación. Medidas similares se observaron útiles en otras
fases de la epidemia.
III
En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción
decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios.
Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos
los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora a la vista de la evolución
de la epidemia para prevenir y contener los contagios y mitigar el impacto sanitario, social
y económico. Resulta por ello preciso ofrecer una respuesta inmediata, ajustada y
proporcional, en un marco de cogobernanza, que permita afrontar la gravedad de la
situación con las máximas garantías constitucionales durante un periodo que
necesariamente deberá ser superior al plazo de quince días establecido para la vigencia
de este real decreto, por lo que resultará imprescindible prorrogar esta norma por un
periodo estimado de seis meses. El real decreto establece, para estos supuestos de
prórroga, que el Ministro de Sanidad comparecerá quincenalmente ante la Comisión de
Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la aplicación
de las medidas; información que en sus ámbitos territoriales respectivos deberían
proporcionar las autoridades competentes delegadas a las correspondientes asambleas
autonómicas, en los términos y condiciones que estas tengan determinados.
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias
competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar
adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia de salud
pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública, así como en la normativa autonómica correspondiente.
No obstante, en una situación epidemiológica como la actual, resulta imprescindible
combinar las medidas previstas en la legislación sanitaria con otras del ámbito del Derecho
de excepción, tal y como recogen los artículos 116.2 de la Constitución Española y cuarto
y siguientes de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción
y sitio.
Debe señalarse que el apartado b) del artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1
de junio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el
artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio
nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias, tales como epidemias, lo cual concurre en
la situación presente.
Asimismo, el artículo once de Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, en su apartado a)
prevé la posibilidad de que el decreto de declaración del estado de alarma acuerde la
limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares
determinados, así como su condicionamiento al cumplimiento de ciertos requisitos.
Además, el apartado b) prevé la posibilidad de establecer prestaciones personales
obligatorias.
Por ello, este real decreto contempla medidas de diversa naturaleza para hacer frente
a la expansión del virus. Su utilidad al respecto ha quedado acreditada durante estos
últimos meses, tal y como refleja, además, que los países de nuestro entorno recurran a
ellas de manera sistemática, de conformidad con lo señalado por la Organización Mundial
de la Salud y otros organismos internacionales.
En primer lugar, se establece, con excepciones, la limitación de la libre circulación de
las personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección
durante ese periodo de tiempo, dado que en esa franja horaria se han producido muchos
de los contagios en estas últimas semanas, tal y como ha quedado expuesto con
anterioridad.
Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de
las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, así como de ámbitos
territoriales de carácter geográficamente inferior, con ciertas excepciones, con el propósito
de reducir sustancialmente la movilidad del virus.
Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas
en espacios públicos y privados. Así, se persigue la reducción de la movilidad social de
manera significativa y, por tanto, se pretende detener la expansión de la epidemia.
Tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como las referidas a
la entrada y salida de territorios serán eficaces en el territorio de cada comunidad
autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada
respectiva lo determine, la cual también podrá modular, flexibilizar y suspender la
aplicación de estas medidas.
Finalmente, se prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan
imponer la realización de prestaciones personales obligatorias en el ámbito de sus
sistemas sanitarios y sociosanitarios, siempre que esto resulte imprescindible para
responder a la situación de emergencia sanitaria.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la
declaración del estado de alarma. Las medidas que se contienen en el presente real
decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a
la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho
fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y del Ministro de Sanidad,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 25 de octubre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1. Declaración del estado de alarma.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981,
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de alarma
con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Artículo 2. Autoridad competente.
1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la
Nación.
2. En cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad
competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o
ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este real decreto.
3. Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por
delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la
aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa la tramitación de
procedimiento administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en el segundo párrafo
del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 3. Ámbito territorial.
La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.
Artículo 4. Duración.
El estado de alarma declarado por el presente real decreto finalizará a las 00:00 horas
del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan establecerse.
Artículo 5. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
1. Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas
únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de
las siguientes actividades:
a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera
necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales,
institucionales o legales.
e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades
previstas en este apartado.
f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para
la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
2. La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su
ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea
entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre
las 5:00 y las 7:00 horas.
Artículo 6. Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades
con Estatuto de autonomía.
1. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad
autónoma y de cada ciudad con Estatuto de autonomía salvo para aquellos
desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los
siguientes motivos:
a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales,
institucionales o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas
de educación infantil.
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje
en territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o
notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites
administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la autoridad competente
delegada que corresponda podrá, adicionalmente, limitar la entrada y salida de personas
en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la comunidad autónoma y
ciudad con Estatuto de autonomía, con las excepciones previstas en el apartado anterior.
3. No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los
ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las limitaciones previstas en este
artículo.
Artículo 7. Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y
privados.
1. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados
como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis
personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se
establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al
público. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará
condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate
de convivientes.
En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como
personas no convivientes, el número máximo a que se refiere el párrafo anterior será de
seis personas.
2. La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su
ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos,
sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13, que el número máximo a que se refiere el
apartado anterior sea inferior a seis personas, salvo que se trate de convivientes.
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, las autoridades competentes
delegadas podrán, en su ámbito territorial, establecer excepciones respecto a personas
menores o dependientes, así como cualquier otra flexibilización de la limitación prevista en
este artículo.
3. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en
ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán
limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los
promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios.
4. No estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades
laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en
la normativa aplicable.
Artículo 8. Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto.
Se limita la permanencia de personas en lugares de culto mediante la fijación, por
parte de la autoridad competente delegada correspondiente, de aforos para las reuniones,
celebraciones y encuentros religiosos, atendiendo al riesgo de transmisión que pudiera
resultar de los encuentros colectivos. Dicha limitación no podrá afectar en ningún caso al
ejercicio privado e individual de la libertad religiosa.
Artículo 9. Eficacia de las limitaciones.
1. Las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8 serán eficaces en el territorio de
cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad
competente delegada respectiva lo determine, a la vista de la evolución de los indicadores
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al
Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13. La eficacia de la
medida no podrá ser inferior a siete días naturales.
La medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras. Sin perjuicio de
lo anterior, en el caso de que dicha medida afecte a un territorio con frontera terrestre con
un tercer Estado, la autoridad competente delegada lo comunicará con carácter previo al
Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
2. La medida prevista en el artículo 5 será eficaz en todo el territorio nacional en el
momento de la entrada en vigor de este real decreto, sin perjuicio de lo previsto en el
siguiente párrafo.
En el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, la medida prevista en el
artículo 5 será eficaz cuando la autoridad competente delegada en este territorio lo
determine, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos,
sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13. La eficacia de la medida no podrá ser inferior a
siete días naturales.
Artículo 10. Flexibilización y suspensión de las limitaciones.
La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto
de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al
Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, modular, flexibilizar y
suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8, con el alcance y
ámbito territorial que determine. La regresión de las medidas hasta las previstas en los
mencionados artículos se hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento.
Artículo 11. Prestaciones personales.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo once de la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán imponer en
su ámbito territorial la realización de las prestaciones personales obligatorias que resulten
imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a
la situación de emergencia sanitaria que motiva la aprobación de este real decreto.
Artículo 12. Gestión ordinaria de los servicios.
Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente,
así como la gestión de sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que
estime necesarias, sin perjuicio de lo establecido en este real decreto.
Artículo 13. Coordinación a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
Con la finalidad de garantizar la necesaria coordinación en la aplicación de las medidas
contempladas en este real decreto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, bajo la presidencia del Ministro de Sanidad, podrá adoptar a estos efectos cuantos
acuerdos procedan, incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de referencia
y criterios de valoración del riesgo.
Artículo 14. Rendición de cuentas.
En caso de prórroga, el Ministro de Sanidad comparecerá quincenalmente ante la
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la
aplicación de las medidas previstas en este real decreto.
Artículo 15. Régimen sancionador.
El incumplimiento del contenido del presente real decreto o la resistencia a las órdenes
de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos
establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Disposición adicional única. Procesos electorales.
La vigencia del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización de
las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a
parlamentos de comunidades autónomas.
Disposición final primera. Habilitación.
Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto, el Gobierno
podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen lo establecido en este, de los cuales habrá
de dar cuenta al Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo previsto en el artículo
octavo.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 25 de octubre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO

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