Ramón Fernández-Pacheco, en una reunión telemática, agradeció al ministro que escuche a los alcaldes, pero reclamó “que es momento de que también se atienda las peticiones del municipalismo”

 

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha trasladado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que dote a los ayuntamientos de recursos para “la gestión eficaz” del Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante una videoconferencia celebrada ayer, a la que también han asistido los alcaldes de las 23 principales ciudades de España para analizar la gestión de esta nueva prestación.

 

“Todos los alcaldes, independientemente del partido político, estamos de acuerdo en que esta medida es tan positiva como inasumible por los ayuntamientos. Para ello necesitamos recursos para que llegue a los ciudadanos de una manera eficaz”, ha expuesto durante su intervención. En este sentido, el alcalde ha señalado que “tenemos que ser honestos: esta medida no puede fracasar por falta de medios. Nadie lo entendería”.

 

El alcalde ha agradecido al ministro que haya convocado esta reunión telemática, pero también ha considerado que “está bien que nos escuche, pero ha llegado el momento de que nos atienda y lo cierto es que hasta ahora no ha atendido ninguna de las reivindicaciones del municipalismo”

Centros de Servicios Sociales colapsados

Durante la reunión, todos los alcaldes han coincidido en la necesidad de dotar de más personal a los Servicios Sociales de los ayuntamientos tras la avalancha de usuarios debido a la pandemia. El Ayuntamiento de Almería, a través de un informe del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, cifra en 1,2 millones de euros anuales el coste que para las arcas municipales supondrá la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Una gestión que conllevaría, además, la contratación de 15 trabajadores municipales más para evitar el “colapso” de los cuatro Centros de Servicios Sociales Comunitarios que tramitarán este nuevo recurso social.

Los trabajadores de los Centros Sociales municipales han atendido estos meses de confinamiento una media de 400 llamadas diarias y han tramitado un total de 730 ‘expedientes COVID’ que han permitido un desahogo a las familias en riesgo de exclusión con un coste de más de 380.000 euros. Una gestión de emergencia que ha venido a completar una serie de acciones e intervenciones de urgencia dirigidas a ayudar a quienes peor lo están pasando a raíz de la crisis sociosanitaria derivada del COVID-19 y que ha supuesto una inversión global en materia social de más de un millón de euros en menos de tres meses.

Una carga de trabajo que ahora se verá incrementada de forma exponencial, dado que se estima que sean más de 3.600 las familias (unas 10.000 personas) que podrían demandar el Ingreso Mínimo Vital en la capital.

En este sentido, el alcalde le ha trasmitido al ministro que es “inconcebible” que las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social estén cerradas “cuando se enfrentan a uno de los mayores retos desde su fundación”.

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