Contemplar la situación de personas que vivían con sus padres y han fallecido éstos quedando huérfanas sin que tengan los tres años viviendo independientes. 
Debería indicarse que lo de los tres años viviendo “independientes” fuera para personas menores de x edad.
 
Analizar si se tendrá en cuenta a las personas sin techo que los ayuntamientos se nieguen a dar una dirección censal a quienes duerman en la calle (es ilegal no darla pero hasta ahora no lo hacían en muchos ayuntamientos).
 
La situación de las personas que vivan en albergues o casas de acogida. Suponemos que tendrán derecho aunque no tengan “hogar”. El propio albergue o casa de acogida debería servir como domicilio.
 
Habría que contemplar los casos de una persona, o incluso familias de dos o más personas, que al no tener ingresos suficientes son acogidas por familiares de primer o segundo grado. Actualmente se considera una sola unidad familiar.
 
Combatir el fraude de personas que están censadas y viven juntas, que compartan piso o alquilen habitaciones y digan que son solo amigos o conocidos ocultando una posible relación de pareja no legalizada (incluso se da el caso de personas monoparentales que comparten dirección censal y hogar con otras personas en una relación de pareja de hecho de facto pero no legalizada). Difícil de demostrar. Al menos se limita a un máximo de dos unidades de convivencia por hogar.
 
Hay opiniones que consideran que tal vez se debería de vincular a aceptar obligatoriamente, trabajos o alguna actividad salvo si hay causa justificada para rechazarlo.
 
El decreto contempla sanciones por fraude o engaño voluntario al aportar datos (con mala fe). 
Consideramos que las sanciones deberían ser incluso más duras (hasta con penas de cárcel por ejemplo, por trabajar o dar trabajo en la economía sumergida) para que así la persona perceptora valore todo lo que puede perder y lo caro que le puede salir si trabaja en la economía sumergida.
 
Se podría rebajar la edad de 23 años. Hay personas con 22, 20, 18… Que por sus circunstancias personales lo pueden necesitar (por ejemplo jóvenes tutelados al cumplir la mayoría de edad).
 
Se podría dar un importe mayor… subir el IPREM y cumplir lo que recomienda la Carta Social Europea.
 
Joaquín García Martín
Presidente Asociación Víctimas del Paro.

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