La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido un “mayor compromiso y rigor” por parte de la Administración para la regulación del teletrabajo tanto en el estado que hasta ahora era considerado como normalidad, como en aquel que se hace necesario para dar respuesta a un contexto de emergencia sanitaria como la vivida a consecuencia del SARS-CoV-2. Un compromiso que nace de la Mesa General de Negociación con el Acuerdo de 8 de mayo y por el que se creó y constituyó la Comisión de Teletrabajo para Andalucía, con el objetivo de avanzar rápidamente en la regulación de una norma que responda a las necesidades de la Administración andaluza en una modalidad de trabajo no presencial.

Así lo trasladó Yolanda Salgado, secretaria de Comunicación, Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de CSIF, en la reunión celebrada este martes 28 de julio, tras comprobar nuevamente la ausencia, por parte de la Administración, de una propuesta seria y formal para regular el teletrabajo y recibir, en las horas previas al encuentro, un borrador con la pretensión de dar respuesta a una situación de emergencia sanitaria. Un borrador “superficial y con grandes carencias, y del que nos sentimos totalmente defraudados, y que para nada responde a lo que realmente necesita la administración andaluza”.

Según ha expresado la representante sindical, la propuesta “se limita a la exposición de la situación actual, inclusive con un carácter mucho más restrictivo, y no se observan respuestas a todas las carencias y necesidades que hemos venido notando en estos últimos meses y sus soluciones”, que desde CSIF se entiende que se requieren como mínimo para la regulación de esta modalidad de trabajo no presencial en un posible contexto de emergencia sanitaria.

Yolanda Salgado ha indicado que, a juicio del sindicato, el teletrabajo debe entenderse como otra opción de prestación de servicios enmarcada en un concepto de modalidad de trabajo no presencial y que dependerá directamente de las funciones de cada puesto, siendo una característica intrínseca al mismo. Por lo tanto, la Central Sindical no entiende una posición donde la opción a teletrabajar quede sujeta a una autorización unipersonal y subjetiva.

Asimismo, CSIF considera que el protocolo debería incluir cuestiones tan básicas como los derechos y deberes de los empleados y empleadas públicas que accedan a esta modalidad de trabajo, las fórmulas de organización necesarias, información relativa al derecho a la desconexión digital entre otras medidas de prevención de riesgos laborales y aquellas referidas a la protección de datos, así como los medios tecnológicos necesarios para el desempeño de las tareas del personal, entre otros.

Del mismo modo, la responsable sindical sigue defendiendo “la necesidad de contar ya con una relación de puestos de trabajo (RPT) donde queden reflejados aquellos que son susceptibles de acogerse a la modalidad de teletrabajo de acuerdo con sus funciones” tal y como quedó argumentado en la propuesta presentada por CSIF el pasado 14 de julio. Además, CSIF entiende que el teletrabajo debe hacerse extensivo a sectores como educación, sanidad y justicia atendiendo sus peculiaridades.

Por último, la Central Sindical ha remarcado que la falta de consistencia de la propuesta presentada alarga el proceso de regulación, tanto de forma provisional como definitiva, cuando el compromiso inicial era tener una normativa estructural en el mes de septiembre. “La falta de respuesta y rigurosidad por parte de la Administración proporciona frenos a un proceso que entendemos debe avanzar con pasos firmes y a un ritmo adecuado a la realidad que nos ocupa”, ha asegurado Salgado.

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