Adriana Valverde afirma que “el PP hipoteca al próximo gobierno con una sentencia de 18 millones, que servirían para inversiones en Almería”

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La cifra se elevará a más de 20 millones si a este fallo judicial, relacionado con las expropiaciones del Paseo Marítimo, se suma “previsiblemente” otro pendiente.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha desvelado una sentencia firme contraria a la administración local, en relación a la expropiación de terrenos para la ampliación del Paseo Marítimo, que supondrá el desembolso de casi 18 millones de euros y a la que podría sumarse otra en el mismo sentido que elevaría esa cantidad a más de 20 millones.

La cifra se elevará a más de 20 millones si a este fallo judicial, relacionado con las expropiaciones del Paseo Marítimo, se suma “previsiblemente” otro pendiente.

“El PP ha hipotecado al próximo gobierno que resulte tras las elecciones municipales de mayo -del que Valverde espera ser alcaldesa- porque, quien se haga cargo del Ayuntamiento deberá descontar, nada más entrar por la puerta, cerca de 18 millones de euros que habrían servido para hacer obras en la ciudad, que está necesitada de equipamientos deportivos en los barrios, de guarderías para ayudar a las familias, o bien para llevar a cabo un plan de puesta al día de zonas verdes y arbolado o para la puesta en marcha de planes de empleo propios para los parados de nuestra ciudad”, ha sentenciado.

Y ha puesto el foco de responsabilidad en el gobierno del Partido Popular porque, del estudio de la información sobre lo sucedido, se desprende “una lentitud” y “pasividad” en la gestión del asunto que concretamente, en el caso de la sentencia de la que los socialistas tienen constancia de que ya es firme, “ha sido muy beneficiosa para una empresa -la propietaria de los terrenos afectados-”. “Cualquier persona podría pensar que quizás esta lentitud pudiera tratarse de una estrategia bien orquestada”, ha remachado Valverde.

Además, ha remarcado el hecho de que, desde noviembre del año pasado, se ha llevado a cabo por el gobierno del PP “una obstrucción sistemática” al acceso a la información requerida por el PSOE sobre este tema. Algo que, según ha apuntado, también se puede enmarcar en una posible “estrategia” con la intención “de evitar que la ciudadanía conozca la manera de gestionar su dinero”.

Este nuevo varapalo judicial evidencia, a juicio del PSOE, “hasta qué punto, estos 16 años de gobierno del PP están siendo perjudiciales para los intereses de la ciudad y de los almerienses”.

Antecedentes

Desde el Grupo Municipal Socialista han explicado que fue en el año 2003 cuando el Ayuntamiento puso en marcha los trámites administrativos para la expropiación de dos fincas dentro del proyecto de conexión del Paseo Marítimo con el de Ribera. En aquel momento, el valor inicial de expropiación de los terrenos ascendía a 3,5 millones aproximadamente.

Tres años más tarde, y en vista de que el Ayuntamiento no les expropiaba, los propietarios de las dos fincas afectadas solicitan que se haga de manera forzosa, y aumentan el valor de sus terrenos hasta los 6,8 millones, cifra que le reclaman. Pero tampoco se les expropia entonces, han recordado los socialistas.

Pasa un año más hasta que, en abril de 2007, el gobierno del Partido Popular desiste de la expropiación. La justificación entonces fue que esos casi 7 millones suponía mucho dinero para un presupuesto anual destinado a esa finalidad, por parte de la Gerencia de Urbanismo, que estaba en torno a los 11 millones.

Después de 7 años de tiras y aflojas en trámites administrativos y judiciales, la nefasta gestión del PP consigue que los propietarios, en junio de 2014, se vayan al juzgado y presenten sendas demandas en las que ya exigen hasta 65 millones por ambas fincas.

Transcurso del procedimiento perdido

A partir de ahí, Valverde ha destacado que dentro del proceso del que el PSOE tiene conocimiento de sentencia firme en contra de los intereses municipales, resulta llamativo que “a pesar de que al Ayuntamiento se le notifica la demanda en febrero de 2014, el equipo de gobierno no hace nada: no la contesta ni aporta las pruebas” en el momento en el que debía de hacerlo dentro de la tramitación judicial.

De ese modo, no evita la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de julio de 2018, por la que se ha estimado parcialmente la petición de la propietaria de la finca y se ha fijado el precio de la misma en cerca de 18 millones, que tendrá que abonar el Ayuntamiento después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la decisión del TSJA.

Lo que está en el aire

Esa realidad podría verse agravada con el pago de otros 2,7 millones de euros después de que la segunda de las demandas interpuestas en relación con los terrenos -por parte de otra sociedad- haya concluido también con una sentencia del TSJA que estima parcialmente su reclamación.

Los socialistas han explicado que también se recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo sin que, hasta el momento, hayan podido tener conocimiento de la situación en la que se encuentra. Pero todo apunta, han concluido, a que previsiblemente el resultado será el mismo que en el caso ya cerrado puesto que las trayectorias de ambos son muy similares.

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