El Ayuntamiento se compromete a elaborar un Plan Municipal para asegurar la devolución los inmuebles a sus propietarios y a fortalecer la cooperación institucional.
El Ayuntamiento se compromete a elaborar un Plan Municipal para asegurar la devolución los inmuebles a sus propietarios y a fortalecer la cooperación institucional.

El Ayuntamiento de Adra ha solicitado al Gobierno de España garantías para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la okupación ilegal de viviendas. Asimismo, se ha comprometido aelaborar un plan de medidas destinadas a combatir la usurpación de inmuebles y preservar el derecho a la propiedad privada. La iniciativa se ha aprobado a propuesta del Gobierno Municipal y ha contado con los votos favorables de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y las abstenciones de PSOE y Plataforma.

 

Con esta iniciativa, el Consistorio asume la elaboración de un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios, coordinándose con otras administraciones para su correcto desarrollo. Este plan debe contener medidas de refuerzo de la seguridad y vigilancia de inmuebles abandonados que sean susceptibles de okupación ilegal. Además, este plan contempla la inclusión de servicios de asesoramiento para propietarios afectados.

 

Además, se pretende reforzar la cooperación institucional, especialmente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia, para incrementar la eficaciaen la lucha contra la okupación. En definitiva, para que los protocolos de actuación sean rápidos y resuelvan con celeridad aquellas situaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.

El Ayuntamiento se compromete a elaborar un Plan Municipal para asegurar la devolución los inmuebles a sus propietarios y a fortalecer la cooperación institucional.
El Ayuntamiento se compromete a elaborar un Plan Municipal para asegurar la devolución los inmuebles a sus propietarios y a fortalecer la cooperación institucional.

Junto a ello, el Consistorio ha solicitado al Gobierno de España a promover las reformas legales necesarias para defender la propiedad, como habilitar a las juntas de propietarios para instar a los desalojos de inmuebles que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos, la necesidad de reforzar las competencias de los ayuntamientos y facultarlos para desalojar a los okupas y endurecer las sanciones penales de delitos sobre okupaciones que se lleven a cabo con violencia o se utilizan para la explotación sexual y el tráfico de drogas.

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