Un pacto educativo

El acuerdo al que se llegó a principios de semana en la Conferencia Sectorial de Educación para cambiar las reválidas es la mejor noticia que ha recibido la comunidad educativa en mucho tiempo. Después de años de protestas por una ley, la LOMCE, que no gustaba a absolutamente nadie, la pérdida de la mayoría absoluta por el Partido Popular en la Cortes Generales ha abierto una vía para que, desde la oposición, consigamos que se tenga en cuenta la voz de los ciudadanos.

Con permiso del otro ‘gran éxito’ del Gobierno de Rajoy —estoy pensando en la durísima y regresiva Ley Mordaza— es difícil encontrar otra ley de la Legislatura pasada que haya recibido más críticas que la LOMCE. De entre el repertorio de medidas segregadoras y elitistas que pretendía implementar, siempre ha sobresalido la recuperación de las polvorientas reválidas como pruebas de evaluación obligatorias para todos los alumnos de 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato, unas pruebas que iban a tener sólo efectos punitivos, en lugar de formativos, y que ponían en duda la capacidad evaluadora de los profesores.

En Almería, habrían sido 19.292 los alumnos que habrían tenido que enfrentarse a una reválida este curso, de no haber sido por la propuesta que presentó el PSOE en el Congreso para suspender la aplicación de la LOMCE y que fue apoyada por todos los grupos de la oposición. Con aquel acto, le dejamos bien claro al Gobierno que se le acabaron los tiempos del ordeno y mando y que, a partir de ahora, tendrá que dialogar.

El ministro de Educación pareció tomar buena nota, cuando días después encaró la Conferencia Sectorial de Educación con buen talante y aceptó que la evaluación final de la ESO sea muestral, en lugar de censal, y que la de Bachillerato se asemeje lo más posible a la derogada Selectividad, con exámenes sólo de las materias troncales de segundo y no de los dos cursos, como estaba previsto hasta ahora.

Después de estos dos triunfos, el siguiente reto que tenemos por delante pasa por derogar la LOMCE y sustituirla por una nueva ley educativa que nazca del acuerdo de todos los partidos políticos y la sociedad. E insisto en ese ‘todos’, en que el consenso es importante, porque sólo una ley que emane de un pacto educativo nacional podrá perdurar en el tiempo.

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