El sindicato ACAIP se querella contra Instituciones Penitenciarias por ‘colocar’ a dedo a funcionarios públicos en prisiones

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ESCANDALO mayúsculo en prisiones, con la creación por parte del Ministerio del
Interior de puestos de Trabajo AD-Hoc para otorgar y “colocar” a dedo a
funcionarios públicos.
Más de 3.400 puestos de trabajo adjudicados en el más absoluto oscurantismo y con
total y absoluta falta de transparencia, con comportamientos totalmente
vergonzantes de la Administración Penitenciaria.
El Sindicato Acaip, mayoritario en Instituciones Penitenciarias, se ha visto obligado a presentar una QUERELLA CRIMINAL por los delitos de Prevaricación Administrativa y Malversación de caudales públicos contra, Luis Aguilera Ruiz, Subsecretario de Interior, Angel Yuste Castillejo, Secretario General de Instituciones Penitenciarias y Ana María Velasco Rodríguez, Subdirectora General de Recursos Humanos de la Secretaría General de IIPP.
El pasado 28 de marzo de 2017 se publicó en el BOE la convocatoria de concurso de traslados en Instituciones Penitenciarias, publicándose la Resolución de ese concurso en el BOE del día 6 de noviembre de 2017. Concurso de traslados en el que los funcionarios de prisiones de toda España podían solicitar las plazas vacantes que salían, aproximadamente 3.500 plazas en los más de 80 establecimientos penitenciarios, repartidos por la geografía española.
Durante todo el proceso de Resolución se han ido produciendo por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una serie de irregularidades intolerables, llevando a cabo actuaciones aberrantes, colocando la tramitación de ese concurso de traslados al frente de un hipotético ranquin de ILEGALIDADES e IRREGULARIDADES intolerables, de oscurantismo total y absoluto y de falta de respeto a las más elementales normas de procedimiento.
Ocultación de las actas a los propios miembros de la comisión de valoración, creada de forma paritaria con los representantes de los sindicatos, negativa a la entrega de esas actas, modificación unilateral de la información y documentación aprobada por la Comisión, documentos firmados por todos los miembros de la Comisión de Valoración y cambiados posteriormente y de forma unilateral por la Administración Penitenciaria, cambios de puntuaciones al margen de la Comisión de Valoración, acuerdos adoptados después de que la Comisión de Valoración estuviese disuelta, modificando los acuerdos adoptados por la propia comisión dentro de sus competencias, llamadas nocturnas a los miembros de la Comisión de Valoración, con intereses poco presentables ya que no se dice nada dentro de las reuniones de la comisión de valoración y a altas horas de la noche se les llama, por parte de los responsables de la Administración a sus domicilios, con propuestas al margen del respeto de las normas de funcionamiento de la propia comisión de valoración.
La resolución del Concurso de traslados de niveles 15 – 22 en Instituciones Penitenciaras, firmada por el Subsecretario de Interior y publicada el día 6 de noviembre de 2017 en el BOE, otorga a algunos funcionarios/as puestos de trabajo que ni siquiera existían, ni en la convocatoria ni en las relaciones de puestos de trabajo aprobadas por Hacienda.
Adjudica y concede puestos de trabajo en determinadas provincias a funcionarios que no han ganado los puestos de trabajo, al tener menor puntuación que los que lo han obtenido y en cambio les otorga esos mismos puestos creando dotaciones que ni siquiera existen en RPT.
Esa misma resolución publicada en el BOE, “quita” a algunos funcionarios el destino que habían obtenido según los resultados de la Comisión de Valoración.
Esa misma resolución del concurso ha conllevado por la vía de los hechos la creación de plazas o puestos de trabajo “ad hoc”, para funcionarios/as concretos con nombre y apellidos concretos que no habían obtenido esos mismos puestos del concurso al haber sido otorgados legalmente a funcionarios/as con mayor puntuación.
Finalmente la misma resolución conlleva que decenas y decenas de adjudicaciones, a mayores de las ya expuestas, cuenten con indicios claros de no haberse adjudicado a los peticionarios de mayor puntuación, ya que en el mismo área de trabajo y el mismo centro constan peticionarios de niveles inferiores con mucha mayor puntuación que los adjudicatarios de niveles superiores.
En este último caso denunciamos los indicios claros y evidentes, puesto que dada la imposibilidad y negativa a publicar las puntuaciones de todos es imposible poder corroborar lo que en este caso son indicios. EL resto de situaciones enumeradas en los párrafos anteriores no son indicios,
sino CERTEZAS DE LO OCURRIDO.
La Querella Criminal se registró ante los tribunales de Justicia el día 9 de noviembre de 2017, tras la nula respuesta sobre las quejas realizadas por este Sindicato, tanto ante la Secretaría General de IIPP como ante el Subsecretario del Interior.
Con posterioridad a la presentación de la Querella, este Sindicato se ha dirigido individualmente a cada uno de los Subdelegados del Gobierno de la totalidad de las provincias de este país, solicitándoles que intervenga y compruebe la legalidad de lo ocurrido, ante la clara y evidente realidad de que en su provincia se puedan producir situaciones no ajustadas a la legalidad, encuadradas en alguno de los casos denunciados en la Querella Criminal o bien en los múltiples casos “ocultos” que existen en la Resolución del Concurso de traslados que adjudica más de 3.400 plazas de forma totalmente opaca.
De la misma manera se le ha solicitado al Subdelegado/a del Gobierno en la provincia que solicite a la Intervención Provincial Hacienda, que antes de proceder al pago de los salarios compruebe fehacientemente que existían los puestos de trabajo de los destinos adjudicados, y que compruebe la existencia de documento que acredite la facultad de pago.
Finalmente y en aras a impedir que la imagen y actuación de la Administración General del Estado continúe degradándose con comportamientos como el aquí descrito, que hacen recordar prácticas abusivas pertenecientes a otro tipo de regímenes, no olvidemos, dar puestos de empleados públicos a quienes no les corresponden, conceder destinos a personas que no les corresponden, conceder destinos en puestos públicos en provincias en las que ni siquiera existen esos puestos, crea UNA ALARMA SOCIAL INTOLERABLE e INASUMIBLE, además de dar con ello pábulo a críticas sobre las maneras del estado que no benefician la imagen de Este, es por lo que nos vemos en la obligación de solicitar su Intervención ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
En base a todo ello y conforme se le está solicitando desde todas las Juntas de Personal de la Administración General del Estado, se le ha solicitado a cada Subdelegado que solicite a Función Pública su intervención y la URGENTE CONVOCATORIA de la Mesa de Negociación de Funcionarios Públicos, de forma que podamos poner orden en el ESCANDALO que sufrimos directamente.

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