La secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, María Jesús Serrano, ha acusado al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de seguir instalado en su estrategia de asfixia a los ayuntamientos e intervencionismo en la autonomía local y, ante su ultimátum lanzado a varios municipios andaluces requiriendo medidas para agilizar el pago a proveedores, ha considerado que “es un nuevo ejemplo de la necesidad urgente de contar con una nueva y efectiva regulación de la financiación de las haciendas locales”. Una cuestión que debe negociarse en paralelo a la del nuevo modelo de financiación autonómica.
Según Serrano, es preciso que el Gobierno de Mariano Rajoy abandone su postura de “excesivo intervencionismo”, y “dé mayor capacidad de ordenación de sus políticas y finanzas a los gobiernos locales, evitando seguir manteniendo instrumentos de tutela que son exagerados”. A su juicio, este sistema lleva “al absurdo” de que habiéndose convalidado ayer en el Congreso el Real Decreto que permite la reinversión de superávits por un enorme número de entidades locales que lo tienen “disponible”, pero sólo para muy concretas inversiones tasadas, cuando los ayuntamientos deberían poder decidir libremente cómo destinar estos fondos, como desde la Federación Española de Municipios y Provincias y las federaciones autonómicas de municipios se ha venido reclamando reiteradamente. “De ahí que sea tan contradictorio que haya Ayuntamientos que teniendo superávit no puedan destinarlo a atender operaciones de tesorería con todas las garantías”, ha argumentado.
Ante este escenario, Serrano ha puesto el acento en que si Montoro amenaza la retención de parte de los ingresos del Estado que corresponden a los gobiernos locales, afectaría, entre otras muchas cuestiones, al pago de las nóminas de sus plantillas, “dejando de nuevo maltrecha a la Administración más cercana a la ciudadanía y con más intensidad de gestión de servicios públicas para ella”.
Para concluir, Serrano ha considerado que en aras a la buena gobernanza, es preciso “lealtad y compromiso institucional” para solventar esta situación “de la manera menos gravosa y más factible, para que ni proveedores, ni empleados, ni vecinos, se vean afectados”.