El PSOE eleva a pleno la reclamación al alcalde de “salarios dignos” para las trabajadoras de la ayuda a domicilio

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La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Inés Plaza, ha dado a conocer que su grupo elevará al pleno que se celebra este viernes una iniciativa con la que se reclama al alcalde que el Ayuntamiento ponga medidas para que la plantilla formada por 520 trabajadoras y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio pueda tener “salarios dignos” por un trabajo del que se benefician, de manera directa, hasta 1.500 personas en situación de dependencia en la capital.

Para ello, los socialistas han traslado en una reunión a las empleadas y empleados que lo que ponen sobre la mesa del alcalde es que se comprometa de cara a la nueva adjudicación del servicio, como han hecho Sevilla o Córdoba, a incluir la posibilidad de financiación con fondos municipales para mejorar las condiciones de una plantilla mayoritariamente femenina, además de a incorporar en las cláusulas del pliego de contratación una serie de criterios de valoración para aquellas ofertas de empresas que contemplen una mejoría en las condiciones laborales.

“Es fundamental que la plantilla de un servicio como es el de la ayuda a domilio, tan social e importante para tantas personas en situación de dependencia, tenga un salario digno y que, además, el alcalde dé ejemplo”, ha resaltado Plaza. Y es que, según se han preguntado los socialistas, “a quién se le va a exigir por parte del equipo de gobierno que tenga salarios dignos si el propio Ayuntamiento de Almería, en un trabajo tan social como es el de la ayuda a domicilio, no los tiene”.

La edil del PSOE ha explicado que, en estos momentos, la Junta de Andalucía abona hasta 13 euros por hora para la prestación del servicio de ayuda a domicilio que gestionan los ayuntamientos dentro del catálogo de prestaciones contempladas en la Ley de Dependencia. Andalucía, a diferencia del resto de comunidades autónomas del país, no obliga a un copago por la prestación del servicio a los municipios, lo que no excluye la opción de que que los ayuntamientos, por iniciativa propia, puedan contribuir con sus propios recursos a mejorar las condiciones del servicio y las laborales.

Por ese motivo, Inés Plaza se ha adelantado al Partido Popular para exigirle “que no vaya a echarle la culpa a la Junta de Andalucía” porque, además, el Gobierno andaluz “mantiene prácticamente a pulmón la Ley de Dependencia y no se le puede asfixiar más”. Y es que, según ha recordado la concejala, el Gobierno de España tendría que financiar al 50% la misma y la realidad es que apenas está llegando a un 20% frente al 80% al que hace frente el Gobierno andaluz para garantizar unos servicios a los que, por Ley, tienen derecho las personas con discapacidad.

800 euros al mes o menos

Por su parte, la presidenta del comité de empresa, María José Rodríguez, ha agradecido la iniciativa socialista y ha incidido en “la paciencia” que ha tenido un colectivo, que está formado en un 95% por mujeres trabajadoras y que llevan 10 años “condenadas a un salario precario”.

En concreto, ha evidenciado que, a jornada completa, los sueldos que reciben están en unos 800 euros; a lo que se suma que buena parte de la plantilla ni llega a esa cantidad porque llevan años con contratos de media jornada o menos. “Eso con la imposibilidad que hay de conciliación familiar debido a las condiciones laborales que tenemos”, ha añadido.

“Estamos trabajando con un salario con el que no se llega a fin de mes y las trabajadoras ya han decidido que es necesario dar un paso adelante -ha proseguido-, después de llevar mucho tiempo intentando concienciar al PP de que la situación no se va a poder sostener, de que tiene que poner una partida en el presupuesto para este servicio y de que nos tienen que valorar”, ha resaltado.

A su juicio, el equipo de gobierno municipal “utiliza las políticas sociales de vez en cuando para darse golpes de pecho, para hablar de la igualdad salarial o para hablar del trabajo de la mujer en los mítines, pero luego, a la hora de la verdad, no demuestra implicación. Aquí están los hechos: una plantilla con un 95% de mujeres con un salario precario”.

Por ese motivo, para concluir, la representante de las trabajadoras y trabajadores ha expresado que no entienden que “el alcalde y la concejala -responsable del área- se hayan enquistado” y no aborden soluciones para 520 miembros de una plantilla que “ya no sabemos cómo hacerles entender” la necesidad de intervenir y de aportar fondos propios municipales para la ayuda a domicilio, algo que “no es ilegal, porque lo han hecho otros ayuntamientos”.

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