Montero anuncia para diciembre una oferta extraordinaria de 32.817 plazas de empleo público en tres años

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Montero, durante la comisión parlamentaria.

Montero, durante la comisión parlamentaria.

El Consejo de Gobierno aprobará el próximo mes de diciembre una oferta extraordinaria de 32.817 plazas de empleo público para “reforzar y estabilizar las plantillas” y “recuperar la calidad de los servicios que presta la Junta a los ciudadanos”. Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en comisión parlamentaria, donde ha comparecido para presentar el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2018 e informar sobre las cuentas públicas de su departamento para el próximo ejercicio.

Montero ha destacado que la recuperación de los servicios públicos está ligada en gran medida a una “dotación adecuada de las plantillas” y ha recordado que “las ofertas de empleo de la Junta han llegado al máximo de la tasa de resposición”. Según ha explicado, más del 85% de las plazas de esta oferta extraordinaria corresponderán a sanidad y educación, “los sectores esenciales más afectados por la temporalidad”, mientras que, por su parte, los exámenes se desarrollarán en tres años, entre 2018 y 2020.

Además de esta convocatoria extraordinaria, la consejera ha avanzado que en 2018 se aprobarán nuevas ofertas de empleo público con un total de 7.675 plazas, de las que 3.400 serán para el ámbito sanitario, 2.200 para docentes y 2.100 para la administración general. Respecto a la oferta de empleo de 2017 correspondiente a la administración general, con una previsión de 2.061 plazas, ha señalado que en las próximas semanas se aprobará el decreto y las pruebas selectivas se celebrarán a partir del tercer cuatrimestre del próximo año.

Durante su intervención, la consejera ha subrayado que 2018 será también un año de restitución de derechos para los empleados públicos, porque “no puede haber recuperación económica sin recuperación de derechos”. Así, se culminará la devolución de la paga extra de 2012, con el abono del cuarto y último tramo, y se repondrá el 5% de los conceptos retributivos variables, dando cumplimiento al calendario acordado con los sindicatos.

Más recaudación de fraude fiscal

Montero ha avanzado para 2018 el incremento en un 3,4% de los ingresos derivados de la lucha contra el fraude fiscal, lo que representa más de 425 millones de euros. En este sentido, ha señalado que el presupuesto de la Agencia Tributaria de Andalucía, Atrian, crecerá un 4,1% el próximo ejercicio, situándose en 73 millones de euros.

“Tenemos una posición firme en prevenir, combatir y perseguir la corrupción”, ha subrayado para anunciar la puesta en marcha de la Oficina para la prevención de la corrupción, que comenzará a funcionar durante el primer trimestre del próximo año. “Un instrumento para decir no y ser contundentes ante cualquier conducta reprobable en el Administración pública”, ha enfatizado.

Máximo 20 días para pagar a pymes y ayudas vivienda

Otra de las novedades que presentan las cuentas de la Consejería es la ampliación a la pymes turísticas y a los ciudadanos beneficiarios de ayudas a la vivienda, de la garantía de tiempo de cobro en el plazo máximo de 20 días, “reforzando así nuestro compromiso con sectores estratégicos desde el punto de vista social y de la creación con empleo”. Montero ha recordado que, desde la puesta en marcha el pasado mes de enero de este decreto, se han gestionado más de cinco millones de facturas de educación, sanidad, dependencia o corporaciones locales, con un tiempo de pago por debajo de los 30 días que marca la ley estatal.

Inversiones en sedes administrativas

En 2018 también se continuarán las inversiones en sedes administrativas con obras para la modernización de edificios de la Junta en varias provincias. Montero ha explicado que se acometerán actuaciones en el edificio de la Plaza de la Constitución de Córdoba, donde se emplazarán de la Delegación del Gobierno y la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa. Asimismo, se desarrollará la segunda fase del Edificio Almanjáyar de Granada, con el objetivo de que su puesta en servicio se produzca a lo largo del año. También se realizarán obras en las sedes administrativas de la Plaza de la Constitución de Huelva y de la calle Ortega y Gasset de Málaga.

El traslado de las dependencias de la Junta a estos edificios permitirá un ahorro anual superior a los 2,5 millones de euros en arrendamientos y gastos de mantenimientos. Asimismo, se producirán ahorros de entre el 8% y el 16%, a través de la extensión del sistema de compra agregada para los edificios administrativos, que comenzará con los contratos de seguridad, garantizando las condiciones laborales y retributivas del personal de las contratas.

Vinculado a ello, en marzo se pondrá en marcha un nuevo sistema de información para la contratación que permitirá realizar un seguimiento y control de la aplicación de las cláusulas sociales y medioambientales “de manera inmediata y que, por tanto, contribuirá a una mejor trazabilidad, seguridad jurídica e interoperabilidad”. Por su parte, se activará un Portal de Contratación de la Junta de Andalucía que servirá de punto de encuentro virtual entre compradores del sector público y licitadores que facilitará el intercambio de información en este ámbito.

Administración electrónica

Montero también ha apuntado a la evaluación de las políticas públicas como una de las líneas en las que seguirá avanzando su departamento, y específicamente en el ámbito del sistema de formación de los empleados públicos, la estrategia de envejecimiento activo y los sistemas de selección de los empleados públicos.

Otras de las actuaciones que se reforzarán son las relacionadas con el avance hacia el “papel cero” en la Administración. En este sentido, la consejera ha anunciado un nuevo Decreto de Administración Electrónica “que dará un salto en la simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas”. A su juicio, los ciudadanos lo notarán de manera inmediata en asuntos concretos como escolarización o matriculación en enseñanzas obligatorias, o prestaciones sociales públicas como la incapacidad temporal o las situaciones de maternidad y paternidad.

En este mismo objetivo de reorientar la administración, hacerla más accesible, y poner todo su potencial al servicio de la ciudadanía, se abrirán oficinas especializadas en información y asistencia administrativa en todas las provincias para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas y gestionar cualquier procedimiento. Paralelamente, se pondrá en marcha la ‘Carpeta Ciudadana’, disponible a través de la web y de una ‘app’ móvil, para poder consultar de forma instantánea el estado y el detalle de los trámites con la administración, “ahorrando tiempo y desplazamientos innecesarios a la ciudadanía”.

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