Miguel Cazorla desvela que en 2017 se han interpuesto en el Ayuntamiento de Almería 200 recursos sobre el impuesto de plusvalías municipales pendientes, todos ellos sin resolver

0

Una vez que el Ministerio de Economía y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han pactado la reforma del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería han exigido al equipo de gobierno que acometa una serie de medidas urgentes destinadas a resolver la incertidumbre generada por el “cobro indebido” de las plusvalías cuando la venta de la vivienda es a pérdidas. Recordando, desde la formación naranja, que el 15 de junio de 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este impuesto y anuló parcialmente su pago.

El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs), Miguel Cazorla, ha desvelado en rueda de prensa que, a lo largo de 2017, se interpusieron en el Consistorio de la capital unos 200 recursos en materia de plusvalías pendientes, todos ellos, de resolver. En este sentido, el edil de Cs ha expresado que “nada impide que el Ayuntamiento de Almería pueda ir dando cauce a las reclamaciones en las que se aprecia, por cualquier medio válido en derecho, la pérdida en la transacción”.

Medidas propuestas por Ciudadanos

Por otra parte, puesto que la entrada en vigor de la proposición de ley está prevista para el próximo verano, desde la formación naranja han pedido al equipo de gobierno que se anticipe y que, en primer lugar, “informe a los contribuyentes de los criterios exigidos para demostrar las pérdidas en la transacción”. En segundo lugar, han solicitado que “el Ayuntamiento de Almería actúe de oficio en aquellos supuestos donde la autoliquidación del del impuesto presente una minusvalía”.

Ciudadanos insta al equipo de gobierno a tomar medidas urgentes para resolver la incertidumbre generada por el cobro de las plusvalías.

En base a las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Justicia de Aragón en noviembre de 2017, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos también piden al Consistorio capitalino que “resuelva favorablemente las solicitudes de devolución de ingresos indebidos cuando se compruebe que la transacción ha sido a pérdidas” Y por último, desde la formación naranja han demandado “suspender el plazo para resolver las reclamaciones, en el caso en que los contribuyentes así lo soliciten y hayan abonado la cuota a pagar de este impuesto”.

Además, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, ha solicitado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería a que “inste al ejecutivo de España a que, con toda celeridad, habilite un fondo de compensación para cubrir la pérdida de ingresos por este impuesto en las arcas municipales”. Además, el concejal de Cs ha recordado gracias a su formación, Almería fue una de las primeras capitales de toda España donde, en febrero de 2017, se aprobó una moción sobre este tema “reforma abanderada por Ciudadanos, en favor de los almerienses que lo han pasado muy mal durante la crisis y que forzosamente han tenido que vender, pagando plusvalías injustamente y quedándose incluso, con cargas hipotecarias”, ha señalado Cazorla durante su intervención.

Proposición de ley

La proposición de ley plantea que el nuevo tributo se aplicará con carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2017, fecha en la que se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional. Además, para acreditar la inexistencia de incremento de valor, el texto indica que se determinará por las escrituras, o bien, en su caso, los comprobados por la administración tributaria.

También se han incluido unos nuevos coeficientes según el número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble, hasta un máximo de 20. Estos coeficientes máximos varían desde el 0,09 cuando la venta sea inferior a un año hasta el 0,60 cuando sea igual o superior a 20 años.

Una vez entre en vigor la nueva regulación de la plusvalía municipal, los ayuntamientos deberán modificar, en el plazo de tres meses, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarla a los dispuesto en el nuevo texto.

Dejar respuesta