El ‘lobby’ español que quiere dejarte sin pensiones

0

A José Piñera le salen los billetes por los ojos. También la desvergüenza. Cuando Chile era un sepulcro de opositores políticos, este acaudalado economista se encargaba de lavarle la cara al régimen genocida de Augusto Pinochet. Su objetivo: demostrarle al mundo que la dictadura podía ser muy feroz a la hora de torturar, pero extremadamente amable a la hora de privatizar. Desde su puesto de ministro de Trabajo, “Pepe” encabezó la reforma de las pensiones efectuada bajo el mando de los militares. Ocurrió en 1980. Desde entonces, jubilarse en Chile es algo así como sacarse un carné de pobre. Sobre todo si eres parte de ese mayoritario sector de la población que no disfruta de unos ingresos tan altos como los de Piñera.

Este exministro pinochetista —y hermano del nuevamente electo presidente de Chile, Sebastián Piñera— es un auténtico ídolo para los amantes de los fondos privados de pensiones a este lado del océano. Desde el BBVA hasta el diario El Mundo, pasando por el Círculo de Empresarios y hasta la Bolsa de Madrid, han adorado en algún momento de su vida al “padre de las pensiones privadas”. Al gurú de las jubilaciones para ricos y la miseria para pobres. Al reinventor de un invento más viejo que la rueda: si tienes muchos billetes de joven, seguirás teniéndolos de viejo. Solo hay que saber cuidarlos.

Los piñeristas españoles están hoy inmersos en una cruzada trascendental: convencer al Gobierno del PP de que la vía buena, la que todo demócrata de mercado debería defender, pasa precisamente por favorecer los fondos privados y, por consiguiente, recortar el sistema público.

En otras palabras, existen actualmente poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse (dignamente) sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas. ¿Eres pobre? ¿Sufres la precariedad? Poco importa. Los piñeristas no son una ONG ni tienen compasión. Son ricos y quieren seguir siéndolo. A tu costa.

Hay trampa

El caballo de batalla se llama “fondo de pensiones” y genera todo tipo de lecturas desde el mundo académico. “Es un producto financiero que sirve para el ahorro privado con el objeto de que te sirva de previsión social. Eso sí, depende de tus ahorros. ¿Problema? Si no aportas lo suficiente, no tendrás pensión”, se responde a sí mismo Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Jaén.

“Es un fondo que recoge dinero y lo invierte en activos financieros. De los rendimientos de esos activos paga un rendimiento a la gente, que puede entenderse como una pensión”, apunta por su parte Albert Recio, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona e integrante del Institut d’Estudis del Treball.

Durante los últimos meses, en medio de malas noticias sobre el futuro de las pensiones públicas, han crecido las suspicacias en torno a los intereses que giran alrededor de esos productos financieros. El escenario es casi idílico: si las jubilaciones de toda la vida corren serio riesgo de fallar mañana, entra dentro de toda lógica que los cotizantes de hoy hagan nuevos cálculos sobre el futuro que les espera. “Es normal que las ciudadanas y ciudadanos de a pie se sientan desconcertados”, señala Borja Suárez, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad (Editorial Lex Nova, 2014).

El experto incide en la estrategia del miedo que se ha instalado en torno a este tema. “Ante la perspectiva de recibir una pensión pública bastante inferior a la que está disfrutando hoy mi padre —subraya— es inevitable que considere necesario ir preparándome para compensarlo de alguna manera”.

Por tales motivos, Suárez advierte sobre la clara apuesta por parte del Gobierno del PP de “reducir el tamaño de las pensiones públicas y favorecer a las privadas”. “Se está creando una alarma para convertir la pensión privada en la alternativa a la pensión pública”, añade Cristóbal Molina.

Ahí entra en juego la letra pequeña. Los planes privados de ahorro tienen un tratamiento fiscal diferente, lo que permite a sus clientes desgravar en la Declaración de la Renta. Suena bien, sobre todo si tus ingresos son altos. Sin embargo, no pasa lo mismo si eres parte de esa mayoría que gana poco a cambio de trabajar mucho. “Los planes y fondos de pensiones pueden servir para aquellas personas que tienen un salario elevado. En otras palabras, puede ser razonable si tienes un salario de 30.000 o 40.000 euros anuales, pero resulta que el sueldo más frecuente en España está en torno a los 18.000 euros”, remarca Molina desde Jaén.

El catedrático recurre a los cálculos realizados por los mismísimos bancos para echar luz sobre tanta sombra: “Según las cifras provenientes de las entidades financieras, tienes que dedicar 7.000 euros de tu salario para poder tener acceso a una pensión media. Si tenemos en cuenta la media salarial en España, que incluso es más baja para los jóvenes, deberías dedicar prácticamente un tercio de tu salario al plan de pensiones”. En tal sentido, el también académico Borja Suárez destaca que, en el 75 % de los casos, las aportaciones que se realizan a los fondos de pensiones “no llegan a los 900 euros mensuales”, algo que califica como “una ridiculez de cara a una pensión futura”.

Estas cifras no conmueven a los lobbies financieros que promueven una reforma de las pensiones en España, y no precisamente para salvar a los asalariados pobres de hoy y jubilados aún más pobres de mañana. Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy impulsa una serie de medidas para hacer más atractivas las jubilaciones privadas —desde rebajar las comisiones hasta ofrecer la posibilidad de disponer de los fondos acumulados en un plazo de diez años—, los insaciables jefes de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) entienden que esas ideas son insuficientes, por lo que su presidente, Ángel Martínez-Aldama, las ha criticado sin contemplación. Los empresarios del sector quieren más. Mucho más.

La presión también llega desde Unespa, la patronal de las aseguradoras. No en vano, desde sus oficinas se han aireado informes aterradores sobre el futuro que espera a la España pensionista. Su premisa es que mañana habrá más jubilados para repartir menos dinero, por lo que defiende abiertamente la vía privada como antídoto contra esa catástrofe. Aquí también conviene leer la letra pequeña: “Prácticamente todas las grandes aseguradoras tienen una parte que se dedica a la gestión de activos, entre los que se encuentran los fondos de pensiones”, advierte Recio.

En esa línea, la “comisión de expertos” creada hace ahora cuatro años por el Gobierno del PP para analizar el futuro de las pensiones contó con la participación de varios economistas íntimamente ligados a las aseguradoras, lo que en su momento levantó todo tipo de dudas y críticas por parte de los grupos políticos de la oposición. La situación llegó a tal punto que el presidente de dicha comisión “independiente”, Víctor Pérez-Díaz, tuvo que defender públicamente su libertad de actuación. El motivo: distintas informaciones mostraban su nexo de unión con Unespa y, por consiguiente, con los intereses en torno a las jubilaciones privadas.

Un premio muy especial

El lobby en defensa de los fondos privados cuenta con otro actor de lujo: el think tank Civismo. “España necesita un marco de estabilidad económica y social, cuyas bases se mantengan inalterables frente a los cambios motivados por la alternancia de los partidos políticos”, puede leerse en su manifiesto, disponible en su página web. Al cliquear en “quiénes somos”, aparecen nombres muy característicos de la derecha española: en su staff figuran la exdiputada del PP y actual directora del área Internacional de la fundación FAES Cayetana Álvarez de Toledo, el aristócrata Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, expresidente de Mercedes Benz y ahora alto comisionado del Gobierno para la Marca España.

En octubre del año pasado, Civismo convocó a sus socios y amigos a la entrega de premios Sociedad Civil 2016. Muchos de los invitados llegaron a bordo de coches incalculablemente caros, pero el principal agasajado llegó en avión. Tuvo que hacer un viaje largo, pero cómodo: no es lo mismo cruzar el Atlántico en los diminutos asientos de clase turista que en esas butacas confortables de primera. El pasajero que viajó hasta Madrid en business para recibir los aplausos del think tank español tenía acento chileno y había trabajado para Pinochet. Su nombre: José Piñera. Su logro: privatizar las pensiones de Chile. Su receta: hacerlo también en España.

https://www.elsaltodiario.com/pensiones/lobby-espanol-pensiones

 

Por unas pensiones dignas

 

Rafael Silva, 27 ene (Rebelión).- “…Lo que se aplica es una política con cuatro constantes: austeridad, es decir, reducción de gastos sociales vitales, de salarios directos e indirectos, de pensiones y jubilaciones, de servicios colectivos, etc. Privatización, es decir, vender todo lo público, colectivo y común a la burguesía a precio de ganga, para que pueda aumentar la tasa media de beneficio aunque sea a costa del empobrecimiento popular. Flexibilidad, es decir, destrucción de derechos sociolaborales y democráticos, derechos políticos conquistados por el pueblo trabajador pero que dificultan los negocios burgueses. Y represión, es decir, amedrentar a las clases trabajadoras para que no se resistan y sobre todo no pasen a la ofensiva, para que malvivan en el miedo y en la obediencia acobardada”(Iñaki Gil de San Vicente)

A vueltas con el Sistema Público de Pensiones y sus últimos ataques orquestados, habría que aclarar en primer lugar que la defensa de las pensiones públicas en toda su extensión no es sólo cosa de las personas mayores jubiladas, puesto que el sistema incluye para las personas, además de la propia jubilación a su edad correspondiente, otros tipos de prestaciones asociadas, tales como las pensiones de viudedad, orfandad, protección ante las incapacidades derivadas de cualquier contingencia, las prestaciones familiares, la maternidad-paternidad, la asistencia sanitaria y el resto de servicios sociales vinculados a todas ellas. El Sistema Público de Pensiones (en adelante, SPP) debe ser defendido por el conjunto de la clase trabajadora, pues sus múltiples manifestaciones les afectan en mayor o menor medida a lo largo del tiempo. Todo el ataque que está sufriendo el SPP está derivado de la ofensiva neoliberal que está derribando poco a poco la práctica totalidad de las conquistas de la clase obrera durante las últimas décadas. En el fondo, la idea y el objetivo que subyacen es que sea la banca privada la que asuma el rol que ahora mismo posee la Seguridad Social, y se encargue de sufragar las pensiones de los mayores. Pero lógicamente, si tenemos en cuenta la trayectoria de estas entidades y los referentes ocurridos en otros países, el panorama es ciertamente desolador.

Nosotros pensamos que ningún agente ni entidad privada puede encargarse de este objetivo, pues se trata de un derecho humano fundamental, alejado del afán de lucro y beneficio que cualquier empresa pueda lícitamente tener. Desde este punto de vista, han de ser las instituciones y organismos públicos los que se sigan encargando de ello, pero el saqueo que llevan sufriendo desde los últimos años acá nos sugiere que este asunto necesita un replanteamiento urgente. Pero metidos en harina, también nos damos cuenta de que el SPP no puede sufragarse con ocurrencias como nuevos impuestos (como el sugerido recientemente por el PSOE para gravar las transacciones financieras, que además es un carro al que se ha subido tarde y mal), ni ordinarios ni extraordinarios, pues todos ellos dependen del nivel de recaudación que el Estado pueda hacer sobre ellos. El SPP es demasiado importante como para depender de los vaivenes del mercado, ni de la recaudación de cierto tipo de impuestos que contribuyan a las arcas públicas. Pero es evidente que la precariedad del mundo laboral actual (temporalidad, bajos salarios, escasa protección social, etc.) y los altos niveles de paro generados no pueden aportar las cantidades suficientes como para que el SPP sea sostenible. ¿Cuál es, entonces, la solución? Evidentemente, y en primer lugar, volver a reconstruir un mundo de relaciones laborales que ha sido prácticamente destruido mediante las últimas Reformas Laborales (tanto de PP como de PSOE), anulando el poder sindical y la negociación colectiva, y vinculando todo el poder y la hegemonía a las organizaciones empresariales.

Pero aún nos quedaría alguna inseguridad en la financiación del SPP si lo derivamos todo y siempre al mundo laboral. Un mundo laboral fuerte, estable y con derechos, con bajas tasas de paro, permitiría por sí mismo, de entrada, anular las peligrosas incertidumbres que se ciernen sobre el SPP, pero todavía deberíamos dar alguna vuelta de tuerca más para asegurar definitivamente el sistema. Durante los últimos años, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas ha sido alarmante, pues mientras el IPC ha seguido su curso, la revalorización de las pensiones públicas no se ha desviado del 0,25% contemplado en el Decreto que las regula. Por tanto, se necesita en primer lugar revalorizar las pensiones a niveles dignos, y la sola vuelta del mundo laboral a sus condiciones anteriores (cosa que aún está por ver) no sería quizá garantía para poder alcanzar dicho objetivo. Necesitamos unificar (en el horizonte tenemos la Renta Básica Universal que aglutinaría todas las prestaciones públicas con dicho rasero) el importe de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subiendo dichos valores hasta niveles dignos. Y como decimos, hemos de colocar un nuevo factor de sostenibilidad al sistema, que despeje cualquier tipo de duda al respecto. Dichas políticas han de descansar sobre la base del pleno y escrupuloso respeto a los Derechos Humanos fundamentales, luego está claro que si el sistema actual de cotizaciones a la Seguridad Social es insuficiente (o como medida hasta que vuelva a ser suficiente), hemos de implementar una fuente de recursos proveniente de otra vía, y esa vía no puede ser otra que los Presupuestos Generales del Estado.

Porque en efecto, los PGE contemplan la financiación de múltiples partidas públicas de recursos (sueldos de todo tipo de funcionarios, por ejemplo), incluidas la financiación espuria a ciertos elementos que nosotros entendemos sobrantes, como la financiación a la Casa Real o a la Iglesia Católica, por no citar la cantidad de ingresos que se van a pagar los intereses de la demencial deuda pública que soportamos, o los presupuestos (muchos de ellos disfrazados u ocultos) destinados a las políticas de armamentos, de defensa (o mejor dicho, de ataque). La pregunta es muy fácil de enunciar: ¿cómo es posible que existan fondos para todas estas partidas, y no podamos garantizar fondos para sufragar el SPP? Pues es otro de los indecentes flecos que tenemos que soportar, sobre todo si comparamos las dificultades de toda persona asalariada o autónoma para cobrar una pensión digna, comparada con los privilegios de nuestros políticos, banqueros y grandes empresarios, que pueden compatibilizar en algunos casos hasta 3 pensiones, o cobrar la pensión máxima habiendo cotizado sólo 10 años, o autoconcederse indemnizaciones millonarias antes de liquidar la entidad, mientras a los demás trabajadores/as se les manda el mensaje de que hay que jubilarse cuanto más tarde mejor, e incluso, si se puede, jubilarse compatibilizando la pensión con un trabajo. Las vergüenzas de este injusto sistema aparecen por doquier. Se necesita imperiosamente romper con este panorama. Más que una solución mágica, lo que necesitamos es poner en marcha un conjunto de nuevas políticas que partan de la idea de asumir la sostenibilidad del sistema como absolutamente garantizada en todo momento.

No valen los cálculos demográficos baratos que nos hablan de la evolución de la esperanza de vida, porque los que nos argumentan esta falacia son los mismos que nos proponen planes de pensiones privados, o que llevan años degradando y precarizando el mercado laboral. Hay que romper con las limitaciones referidas a la financiación exclusiva a través de las cotizaciones sociales, abriendo el campo a la financiación pública a través de los PGE, y hay que crear puestos de trabajo estables y con derechos, en vez de continuar basando el discurso en mantras como los “20 millones de ocupados”, que en realidad estarán ocupados en ser números de una estadística temporal. Las prioridades económicas serían restablecer el poder adquisitivo de los pensionistas (caído en picado desde 2011), devolver la vinculación de la subida de las pensiones al IPC, y sincronizar la pensión mínima con el SMI y demás prestaciones básicas, alcanzando hasta los 1.000 euros mensuales. A nivel social, necesitamos homologar nuestras cifras a los valores europeos de nuestro entorno, reducir (hasta anular) la brecha de género en las pensiones, eliminar todo tipo de co-pago (más bien re-pago) que se imponga a los pensionistas, y garantizar los servicios de suministros básicos (energía, agua, transporte…). Todo ello debe apoyarse en un conjunto de medidas legales que descansen sobre la aceptación del SPP como un derecho constitucional contemplado en los PGE, el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, que contemple la jubilación anticipada sin penalización alguna (es decir, con el 100% de la base reguladora a partir de 40 años cotizados), la integración y armonización de las cotizaciones de todos los regímenes de la Seguridad Social, y la recuperación del subsidio indefinido para las personas mayores de 52 años. Para todo ello, sólo necesitamos la voluntad política necesaria.

Dejar respuesta