Lo legal no siempre es moral

No será la primera vez que la opinión pública debate si un personaje político tiene que velar única y exclusivamente por no cometer irregularidades o si además debe actuar conforme a la moral, que en sentido más amplio nos conduce al corolario de que siempre será rehén su gestión gubernamental por la moral pública, que las hay tantas como colores.

Como estudiante de antaño que ha recuperado este ejercicio, habrá deducido el amable lector que distrae su tiempo en este espacio periodístico lo aficionado que soy a recurrir al diccionario, y entre ellos el de María Moliner, que en su Diccionario de Uso del Español nos reseña moralidad como la «calidad de los actos humanos según los principios morales », entendiéndose por moral un “conjunto de principios con arreglo a los cuales se hace esa clasificación y de norma de conducta basadas en ellos”. Ello nos conduce a la ética y volvemos a caer en el inmenso mundo de los colores, porque lo que parece obvio es que si establecemos dos zonas imaginarias en el mapa ideológico nos encontramos que los valores que posee la Derecha son bien distintos de los que se rigen en la Izquierda.

En el ideario político español nos encontramos con que la Derecha tiene como principal capital el erigirse en fiel defensora de los valores, usos y costumbres arraigados tradicionalmente en la sociedad española, en tanto que la Izquierda encarna la solidaridad y la justicia social como los ejes de su acción política, absorbiendo el espacio diáfano del snobismo y el aperturismo inherente en una sociedad global como es la actual. Desde mi punto de vista, este enconsertamiento existente en la Derecha encarnada en el Partido Popular no se corresponde con la práctica en su   clase dirigente, si bien es cierto que la dirección de la Izquierda suele ejercer un cierto liderazgo social que impregna de coherencia sus acciones gubernamentales, y ciertamente su estilo de vida, salvo excepciones que solo ostentan un cargo público-orgánico y/o inorgánico- y bien pudieran estar enclavados en el margen derecho de ese mapa imaginario.

El día a día está inundado, ahora que la pluviometría es elevada en la provincia de Almería, de hechos protagonizados por nuestra clase política en el exclusivo ejercicio de su acción gubernamental en los que o solamente se les cuestiona su legalidad sino que también su moralidad se encuentra en entredicho. Pero si esta afirmación es incuestionable no lo es menos que resulta, literalmente, imposible luchar contra los actos inmorales que llevan a cabo nuestros gobernantes, porque es una obviedad que lo que le parece moral a uno puede parecerle lo contrario al otro, con lo cual nos introducimos en una discusión que nos conduce simplemente a que la moralidad solo supone un recurso y un arma arrojadiza contra el adversario cuando ya no resta nada consistente y solo resta inmiscuirse en la moralidad para salvar la cara.

No observo que la sociedad española le exija a sus representantes políticos una acción gubernamental en la que la moralidad suponga su columna vertebral, antes bien le exige otros valores que son universalmente aceptados como es la honestidad, la honradez, la equidad y también la coherencia que no es otra cosa que hacer lo que dicen defienden y aconsejan a sus gobernadas y gobernados. Estos valores son justamente los que demandamos a nuestros gobernantes, que prediquen con el ejemplo sobre todo.

A los almerienses nos produce estupor, pero también una sonrisa maliciosa, observar como se producen críticas al adversario político, por ejemplo, en algunos municipios podrían darse al contrario, no llegando a entenderse como puede parecerle ejemplar una actuación gubernamental a un dirigente político que está llevando a cabo su adversario político en el municipio de al lado y que es criticado por el contrincante en la Oposición. Esto sucede casi todos los días en la provincia de Almería pero se hace más visible a nivel autonómico e incluso estatal, donde se producen estruendosos casos de incoherencia al reclamar al Presidente del Gobierno justamente lo contrario de lo que se le está permitiendo o aconsejando hacer a un Presidente de Comunidad Autónoma de su organización política.

Y ello lo que evidencia es que se está socavando la confianza de las españolitas y los españolitos de a pie en el sistema político de libertades públicas imperante en España durante los últimos treinta y un años y que de su comportamiento se empieza a vislumbrar un cierto cansancio en él. Esta percepción cada día está siendo más extendida, porque lo cierto es que el comportamiento de la Derecha está siendo muy cuestionada y hasta el punto de que su acción política permite intuir que se encuentra a un paso del inolvidable Régimen de Franco y la ligereza con que juega en la democracia pero sin la convicción necesaria y deseable mayoritariamente por las españolitas y españolitos de a pie porque no ocultan ni esquivan esfuerzos que pudieren menoscabar la confianza de la sociedad en la Democracia, sino que no reparan acciones amparadas en el ‘todo vale’.

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