LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL ANTE EL ECOCIDIO DEL MANATIAL DE RIO AGUAS ES:
QUE NO EXISTE NINGUNA COORDINACIÓN O ACUERDO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL O LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA ADOPTAR SOLUCIONES DE URGENCIA.
Después de recoger la evidencia de la sobrexplotación del acuífero, su mal estado cuantitativo y cualitativo y dejar la posible solución para el horizonte 2022-2027. El gobierno nos da la anterior respuesta.
La Plataforma en Defensa del Agua en Almería “Acuíferos Vivos” nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz. Defensor del Pueblo Estatal; Tribunal Internacional para los derechos de la naturaleza COP 23. Comisión Europea. Para plantearles la situación de indefensión en que nos encontramos ante la falta de actuación de la Administración, tanto Autonómica como Central para solucionar los graves problemas de sobreexplotación 400% que sufre el Acuífero Aguas, situado en Almería. El más sobreexplotado de toda Andalucía
Al ritmo de explotación actual, el acuífero para el 2022 estará agotado, todo hace suponer que ya prácticamente lo está, y además la solución prevista: conducción de agua desalada desde la Venta del Pobre Campo de Tabernas, es de dudosa viabilidad…
Se está quitando el agua de beber a los habitantes en los pueblos de las cuencas de Sorbas y Tabernas y el agua del manantial se usa para 6 millones de árboles de olivos de cultivo superintensivo que consumen 10 litros diarios de agua.
En la actualidad estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso marcado por la dejación de funciones de ambas administraciones, justificadas por el traslado mutuo de la responsabilidad del problema entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, los dos se traspasan la responsabilidad de solucionar el problema, lo que dice la respuesta parlamentaria que mencionábamos da a entender que no se está haciendo nada ni se planea hacerlo en un futuro inmediato.
Resumiendo: desde la Administración Central no se piensa hacer nada hasta el horizonte 2022-2027, y eso tras un estudio que seguramente lo que marcará será su inviabilidad y con el ecocidio posiblemente ya ejecutado para esas fechas. Y desde la Administración Autonómica se dice que la única solución la tiene la Administración del Estado.