La defensa de María Teresa González desmonta la teoría conspiratoria de Fiscalía y Diputación por la inexistencia de pruebas

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El abogado Luis Chabaneix, representante legal de María Teresa González, en el denominado caso facturas, ha pedido la libre absolución para su defendida con un argumento que ha desmenuzado en cuatro bloques para desmontar punto por punto la acusación ejercida entre Fiscal y abogado de la Diputación Provincial de Almería. El experto penalista de Madrid que ha llevado la causa junto a su socia Aynara Navarro, mantiene que no se ha probado nada, salvo que fiscalía y acusación se han terminado creyendo su versión de tanto repetirla, así como que sería la primera vez en la historia penal de España que se condenara a un funcionario con informes positivos del interventor que avalan su trabajo. “En 14 años de ejercicio es la primera vez que detecto una inquina personal hacia la persona que defiendo”, afirma el abogado.

En el primero de los cuatro bloques argumentales que desmonta las teorías conspiratorias de los acusadores se ha referido al papel de la palabra “conforme” que se “ha magnificado” a lo largo de todo el proceso y a la que el Ministerio Fiscal le ha dado una acepción que no tiene. “El problema de estos juicios tan largos es que se adoptan premisas que a base de repetir se acaban creyendo. Aquí se ha anudado la palabra conforme con validar la realización de una prestación que no se había realizado”, pero quien tiene que dar verificación real a una factura es el órgano de contratación y esa la realiza el Consejo Ejecutivo y vicepresidente.

“María Teresa González hace una verificación formal, fecha, concepto, número de factura, verifica si es un gasto autorizado… pero no implica comprobar si los servicios se han prestado. Esta es una interpretación del fiscal”, ha dicho. “El órgano de contratación es quien debe comprobar y la secretaria ni siquiera aparece como órgano de gobierno. Le imputan un acto para el que no estaba capacitada”.

El letrado del despacho de Madrid Chabaneix Abogados ha mostrado su extrañeza al haber quedado “al margen” de este juicio órganos como Intervención. En este punto ha remarcado que todo lo que es objeto de acusación en este juicio ha sido validado con informes de Intervención. Y ha puesto énfasis en que en los cuatro años de investigación no sólo se ha validado todo, sino que además nunca ha habido un reparo por parte de Intervención. Entiende el letrado que de aquí habría que sacar dos conclusiones. “Una, que la Intervención ha prevaricado, en cuyo caso debería estar imputada, algo que no creemos; o segunda conclusión, Intervención hizo las cosas correctas y al ver que el órgano de contratación daba el segundo conforme, daba trámite”. En caso de la primera tesis, si se condenara a María Teresa González con informes positivos del interventor sería el primer caso en la historia. “No hay ninguna sentencia donde sólo se condene a un funcionario, las que hay implican al interventor también”.

El abogado ha tachado de “inverosímil e irreal” la tesis del Ministerio Fiscal al pretender cargar sobre María Teresa González la administración de todo el Patronato. Las acusaciones “han ido” a por ella.

En sus conclusiones finales la defensa mantiene que se han utilizado testigos del Patronato “rasos” que no pueden testificar más allá porque no están en los órganos de contratación. “Han pretendido convertir en verdad un error a base de repetirlo”, pero “encima no les ha salido bien”. El abogado ha distinguido dos grupos de funcionarios que han testificado: “los del grupo de Francisco Iglesias”, ex gerente del Patronato de quien partió la denuncia, que han mostrado su “inquina” contra María Teresa González y cuyas declaraciones cuestiona, y un grupo más numeroso que reconoce que había una jerarquía y María Teresa González era la jefa, pero todos y cada uno de ellos hacían también sus tareas y nunca advirtieron nada. “Estos testimonios no valen para nosotros como prueba”.

Entiende que Iglesias “ha hecho una coartada documental”. Ha recordado que fue imputado y luego se le cambió la condición a testigo. Se le imputaron más de 100 comidas y la única prueba aportada es su declaración de que no las consumió. “Ha declarado lo contrario que el resto de gerentes, ha dicho que no hacía nada pero lo que más le dolió es que no le pusieran un coche oficial”. Para el letrado, “su credibilidad es nula”

También se ha referido a las declaraciones de imputados, donde encuentra que ha habido dos juicios. Por un lado, el de aquellos “que tienen un pacto encubierto con fiscalía” y los que no, “ninguno de los cuales arremete” contra su defendida. “Hacer este tipo de pactos es muy peligroso porque la gente es capaz de mentir”, ha advertido.

Así se ha referido a Leitour, y al documento interno que desde Fiscalía se “ha dado un gran valor” pero donde se reflejan transferencias en bloque que no se pueden individualizar con a qué facturas responden y otras partidas que no corresponden con nada, luego su validez “hay que cogerla con pinzas”. Además, ha recordado que en mayo se le citó y en junio se practicó un registro en esta empresa. “Jamás he visto que se realice un registro después de que llegue una citación”. Ha calificado de “condescendiente” el interrogatorio de la Fiscalía, “como si no fuera con ellos la cosa”. También se ha referido dentro de ese pacto encubierto a Viajes Bernardo que además introdujo la novedad de los sobres “cuando nunca se había hablado de ello y jamás lo dijo durante la instrucción”.

Finalmente ha analizado los delitos que se imputan a la ex secretaria del Patronato. Sobre el de malversación, ha señalado que “no ha habido enriquecimiento” ni tampoco se ha acreditado que se quedase con dinero, de lo que hay una demostración policial pero además, “para malversar se necesita poder de decisión y la firma de María Teresa González no da dinero”. Sobre el anticipo de caja fija de unos 70.000 euros, fundamentalmente facturas de restaurantes, ha mostrado su perplejidad porque no se haya realizado al menos un muestreo entre restaurantes para hacer alguna comprobación y “la única prueba que se ha presentado es una pregunta al gerente”

También estima que es imposible que pudiera cometer prevaricación por “las propias competencias de su cargo”.

La falsedad en documento mercantil también la desecha ya que si una factura es falsa “ya viene falsa de la agencia de viajes” y aquí ha aclarado que un cambio de concepto en una factura no se puede considerar como falsedad. Sobre la falsedad en documento público, estima que ni fiscal ni acusación han explicado dónde está.

Finalmente, sobre la infidelidad en la custodia de documentos ha recordado que está recogido que hizo entrega en pendrive de toda la documentación

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