IU El Ejido se muestra en contra de adjudicar de nuevo a una empresa el servicio de limpieza y basura

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Para Izquierda Unida de El Ejido, adjudicar el contrato del servicio de recogida de basura a la empresa privada, tal y como pretende hacer de nuevo el PP sacándolo a licitación significa “perder una gran oportunidad para rescatar este servicio público, en un momento en el que ha caducado la anterior concesión y a la que se ha venido agarrando el equipo de Gobierno para evitar que el servicio sea público. Y la tan manida excusa de tener que pagar una indemnización en caso de romper contrato con Hermanos Lirola, que lo presta actualmente, ya no es válida. El PP tiene una clara falta de voluntad para gestionar el servicio desde el Ayuntamiento”, argumenta el concejal Juan Antonio López.

Izquierda Unida reitera su opinión acerca de que “quien no es capaz de gestionar lo público no debería presentarse como alcalde de un municipio” y recuerda que el servicio sería más barato al prestarse directamente desde el ayuntamiento, “solo con eliminar el beneficio empresarial y el IVA, ahorro que podría utilizarse para inversiones y mejorar el servicio, tan deficiente hasta ahora. En un informe hecho público el año pasado por el Tribunal de Cuentas se señalaba que la gestión privada mediante concesiones es menos eficiente y sensiblemente más cara y que la limpieza privatizada puede ser hasta un 71% más cara que si el servicio fuera municipal”.

Por ello, Juan Antonio López Escobar ya ha avanzado que el voto de IU “será un rotundo no a la privatización del servicio”, máxime “porque no nos fiamos de este Partido Popular, un PP que está siendo investigado por comisiones ilegales. Recordemos que es un contrato de 130 millones de euros y no nos fiamos, más aún con los antecedentes que ya tenemos en este municipio”.

Ya en otras ocasiones desde IU se ha instado al equipo de Gobierno a rescindir contrato con todas las empresas implicadas en la Operación Poniente, de hecho propuso abrir un procedimiento de declaración de lesividad, amparándose en el decreto 30/92, sobre el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de reconocer la deuda de casi 100 millones de euros con ELSUR -que se encuentra en el epicentro de la Operación Poniente-, por no considerarla real ni ajustada a los servicios prestados.  Y es que “la ciudadanía no confiará en este Ayuntamiento hasta que se arranque de raíz la corrupción, y para cortar de raíz, hay que cortar con todas esas empresas, con todas. La privatización es un nido de corrupción: y si el alcalde quiere acabar con él, que rescate todos los servicios”.

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