El ingreso mínimo vital, cuestión de dignidad y razón de justicia

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Uno de los mayores compromisos electorales que adquirió el Partido Socialista en el periodo en el que fui candidato a la Presidencia del Gobierno fue combatir la creciente pobreza infantil en nuestro país. El objetivo era acabar en una legislatura con, al menos, la pobreza extrema. A pesar  de los esfuerzos de tantos por evitarlo, el PP gobierna de nuevo España, con lo que debo confesar mi desconfianza en que se adopten las medidas necesarias para combatir esta situación. Una situación que alcanza a más de 2.300.000 niños y niñas. Una injusticia que no podemos permitir.

Aproximadamente uno de cada tres españoles, un 28,6%, está en riesgo de exclusión social según el indicador AROPE. En los menores de 16 años, el riesgo llega al 33,4% de la población. En gran medida, este incremento es el resultado de la gestión de la crisis realizada por el Gobierno de Rajoy.

La reforma laboral ha “normalizado” la precariedad en el empleo. El mercado de trabajo sitúa ya al 14,2 por ciento de los trabajadores bajo el umbral de la pobreza. A ello se une la muy acusada caída en la protección por desempleo y que alcanza apenas a una de cada tres personas paradas, según datos EPA.

Mención aparte merecen los recortes estructurales en el Estado de Bienestar, consecuencia de varias normas aprobadas por el actual Gobierno en 2012 y que afectan a la sanidad, la educación y la dependencia. En estos servicios y prestaciones, además de los recortes, los copagos se han convertido en auténticas barreras en el acceso, haciendo imposible su acceso a las familias más vulnerables.

Todos los esfuerzos que el PSOE había realizado en sus años de gobierno por adaptar nuestro Estado de Bienestar a lo que los expertos llaman nuevos riegos sociales han desaparecido. Pusimos en pie políticas para afrontar las nuevas necesidades y aspiraciones sociales de las mujeres, los jóvenes, los niños, los nuevos tipos de familia y los mayores. Para ello, diseñamos y consolidamos políticas de apoyo en el cuidado a niños y mayores, planes de integración de personas con discapacidad, programas de envejecimiento activo, de ayuda a la emancipación juvenil y otros muchos destinados a las mujeres. El actual gobierno ha acabado con la mayoría de ellos.

Lo que la derecha llama reformas son en realidad recortes de derechos y recursos, que suponen barreras de acceso y deterioro de la calidad de esos derechos y recursos. La ausencia de medidas de modernización y adecuación de la protección social, unida a la caída de ingresos en las familias más vulnerables y el deterioro de los servicios públicos, provoca un inaceptable  incremento de situaciones de riesgo de pobreza y de exclusión social de muchas familias, y la consecuente pobreza infantil. Con las políticas actuales, las rentas bajas han sido los auténticos costaleros forzosos de la crisis. Estamos en riesgo grave de que el Estado de Bienestar deje de servir de ascensor social para la consolidación de una amplia capa de clase media inclusiva.

Necesitamos abordar avances estructurales de nuestro sistema de protección. Lo más urgente en este momento es la introducción de una nueva red de protección para las familias sin ingresos derivadas de las situaciones mencionadas, y abordar la protección de la infancia de forma específica y vinculada al niño y sus derechos.

Son muchas las razones que aconsejan promover estas medidas. Por ejemplo, la nueva concepción que la 72a Asamblea de Naciones Unidas otorga a los derechos humanos, incorporando los derechos sociales. Estos derechos están reconocidos en la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea o la Convención sobre los derechos del Niño, ratificados por nuestro país. En este sentido, también tenemos la obligación de cumplir con el mandato de la Constitución española que obliga a los poderes públicos al cumplimiento con los compromisos suscritos como país y también menciona, en su artículo 41, la creación de un sistema de protección para situaciones de necesidad.

Además, hay razones muy evidentes de justicia social y eficacia económica. Los cambios del sistema productivo y el nuevo mercado laboral han conducido a una situación de vulnerabilidad laboral, que se traduce en incertidumbre para las rentas familiares. En el sistema español de prestaciones, la trayectoria laboral resulta decisiva, de forma que los derechos están vinculados en gran medida a carreras laborales estables, lo que deja fuera del sistema a muchas personas. Los ciudadanos sin ingresos no acceden ni a prestaciones ni a beneficios fiscales, de los que en cambio se benefician, aunque parezca un sarcasmo, los que tienen ingresos. El modelo del IRPF incluye la exención de mínimo personal o familiar -según tipo de declaración- de entre 5.000 y 9.000 €. ¡Hasta de esa exención están excluidas las personas sin recursos!

La cuantía de la nueva prestación prevista en el Ingreso Mínimo Vital equivale a ese mínimo personal exento. Por tanto, por derecho de ciudadanía, con el mismo derecho de quienes obtienen ingresos suficientes y deben pagar impuestos.

En el caso de la pobreza infantil, a los argumentos expuestos en torno a la dignidad humana y la justicia social habría que añadir los de la justicia intergeneracional. Se trata de proteger a la infancia como se logró hacer, con gran esfuerzo, con los mayores, aunque ahora se estén extendiendo negros nubarrones sobre el sistema público de pensiones.

Finalmente, y no menos importante, existe una razón de interés de país, de inversión en competitividad, en capital humano, en las personas. Según un estudio de Holzer en 2010 en Estados Unidos, la pobreza infantil ocasionó costes equivalentes a algo más del 4% del PIB, en forma de fracaso educativo, menor productividad, mayor inseguridad pública o mayores costes sanitarios.

Para los socialistas existen sobradas razones ideológicas que justifican la implantación de una nueva prestación de protección social, ante los nuevos riesgos derivados de la sociedad actual. Se trata de proteger la dignidad de toda la ciudadanía. En el caso de la infancia, la prestación por hijo a cargo, independientemente de la situación laboral de los padres, debe ser irrenunciable.

España debe convertirse de nuevo en un país para niños, o lo que es lo mismo, un país con futuro y más decente.

(Artículo de opinión publicado en el Diario Público en el que diserto sobre el ingreso mínimo vital como cuestión de dignidad y de justicia)

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