España, al igual que los países de su entorno, se encuentra en fase de redefinir y ajustar su sistema de previsión a las nuevas realidades. Los retos son importantes: una población con una fuerte tendencia al envejecimiento nos lleva a estructuras sociales con más beneficiarios de prestaciones (fundamentalmente pensiones y en relación directa gasto sanitario) y menos contribuyentes que con sus cotizaciones sostienen el sistema.
En el caso de España, hay un reto adicional, derivado de una elevada tasa de desempleo, buena parte de la cual se encuentra en riesgo de convertirse en estructural. Esto es lógicamente una dificultad añadida, puesto que reduce el número de cotizantes y tensiona las cuentas públicas al incrementar el número de perceptores de prestaciones, en este caso relacionadas con el desempleo.
¿Qué es el factor de sostenibilidad?
El factor de sostenibilidad es uno de los ejes fundamentales de la reforma de las pensiones en España. Se aplicará a partir del año 2019 y viene a añadir dos nuevas variables al cálculo de la pensión a las ya existentes actualmente, como son la edad de jubilación, los años cotizados, la cuantía cotizada, etc. Desde su entrada en vigor, se tendrá en cuenta al calcular la primera pensión de jubilación de los nuevos jubilados su esperanza de vida en dicho momento. A esto se le conoce como factor de equidad intergeneracional y es la primera variable.
El FEI se revisará cada 5 años en función de la evolución de la esperanza de vida.
¿Por qué se introduce esta nueva variable?
El objetivo fundamental es que, dado que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente y se estima que lo siga haciendo tanto en España como en países de nuestro entorno, los jubilados perciban a igual contribución durante la etapa como cotizantes, el mismo importe vía pensión pública de jubilación como jubilados.
¿Cómo te afectará el FEI?
Dado que, como mencionábamos anteriormente la esperanza de vida tiende a aumentar, los futuros jubilados vivirán más años como tal que los actuales jubilados. Por tanto, sus derechos cotizados durante la etapa activa deberán repartirse durante un número mayor de años, por tanto, aunque de manera global recibirán de manera equivalente a los jubilados actuales, la cuantía mensual será más reducida. Es decir, se cobrará menos al mes pero durante más años.
Será necesario esperar a la evolución definitiva de la esperanza de vida en 2019 (en ese año se tomarán como referencia el lustro 2013-2017, dejando un año de margen, 2018, para contar con datos cerrados) para tener cálculos precisos, pero se estima que en el primer año de aplicación, esta variable supondría un descuento en la pensión del 0,47%. Por tanto, un pensionista que se jubilara en 2018 y cobrara una pensión de 1.000 euros, pasaría a cobrar 995,3 euros si lo hiciera en 2019.
Esto supone un impacto a tener en cuenta en la planificación de nuestra jubilación, y es que mensualmente ingresaremos menos, con lo que será necesario revisar nuestras previsiones y compromisos de gastos mensuales. Es importante también manejar estas estimaciones y datos ya en nuestra etapa como trabajadores activos, de cara a realizar una correcta planificación de nuestra jubilación y estimar en qué medida deberemos complementar nuestra pensión pública con nuestro ahorro privado.
El factor de revalorización anual
Es el segundo componente del factor de sostenibilidad. Supone ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas. Implica que las pensiones solo suben si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones. Este factor se movería entre unos valores situados entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC + 0,5%.
¿Cómo te afectará el FRA?
Según esta fórmula, cabe la posibilidad de que los futuros jubilados cobrasen una pensión más baja que quienes se retiraron antes en las mismas condiciones, pero no verían recortada la prestación durante los años que la perciban.
Por último, es importante destacar que este factor de sostenibilidad que entrará en vigor en España en 2019 es una fórmula que, con matices, ya se está aplicando en países de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Alemania o Austria.