El Grupo Socialista apuesta por una financiación que garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos

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El documento propone obtener recursos suficientes ampliando la participación de las comunidades en la recaudación de IVA e impuestos especiales.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esta tarde en el Parlamento de Andalucía sus conclusiones sobre el grupo de trabajo de financiación autonómica. En este documento, los socialistas esbozan su propuesta de modelo que busca que la financiación garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos, y permita a Andalucía desplegar todo su potencial de desarrollo económico y social, lastrado hasta ahora por los 5.522 millones de euros que ha dejado de recibir con la aplicación del actual sistema. El documento socialista aborda los grandes problemas de la aplicación del actual modelo y dibuja las líneas básicas que deben guiar la reforma. Además, supone un desarrollo del decálogo que avanzó la presidenta Susana Díaz el pasado mes de septiembre.

En este sentido, el documento señala que “el nuevo modelo ha de ser justo y aceptable para todos. Ha de ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad. Para ello, hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios. No son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino los ciudadanos que residen en ellos. En consecuencia, los recursos que el sistema de financiación autonómica proporcione a cada Comunidad Autónoma deben estar en consonancia con sus necesidades, independientemente de su capacidad tributaria, para que todas puedan prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad”.

 

Desde el Grupo Socialista se destaca el consenso de los expertos en relación a la incapacidad del actual sistema para financiar de manera adecuada los servicios públicos fundamentales. Así, se estima en 16.000 millones la insuficiencia mínima a satisfacer por el conjunto de comunidades autónomas, tomando como año base el año 2014, un ejercicio donde los registros evidencian un nivel de gasto muy prudente por parte de las autonomías debido a las restricciones de la crisis.

 

Así, el Grupo Socialista considera que el punto de partida de la negociación debe ser una estimación adecuada de las necesidades de gasto, que deben provenir de una mayorparticipación en  la recaudación del IVA e impuestos especiales.El Grupo Socialista apuesta por simplificar el actual modelo y dotarlo de mayor transparencia y claridad. Para ello, se propone que el modelo esté compuesto por tres fondos. En primer lugar, el Fondo de Financiación de los Servicios Públicos para financiar los servicios públicos fundamentales, similar al actual Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, pero que se nutrirá de una mayor participación de la recaudación del IVA e impuestos especiales.

 

En segundo lugar el Fondo de Desarrollo de las Autonomías, que financiará el resto de competencias, y que sustituye a los actuales Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Cooperación y Fondo de Competitividad. Este segundo fondo no requeriría aportación adicional de la Administración central, ya que se nutriría de estos tres fondos actuales, del 25% que el Gobierno central aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, y de los tributos cedidos. La novedad, además de la simplificación, es que el criterio de distribución del Fondo de Desarrollo de las Autonomías sería el de población, con lo que el documento de conclusiones defiende la nivelación total. Es decir, que el reparto por población ajustada no sea solo para el Fondo de servicios públicos fundamentales como hasta ahora, sino que sea también para el resto de competencias homogéneas.

 

En tercer lugar, el documento socialista propone la creación de un Fondo de Sostenibilidad de los Servicios Públicos. Este fondo garantizaría la dinámica del modelo y se constituiría con los excedentes de años de mayor bonanza económica para evitar los vaivenes de los ciclos económicos.

 

Respecto a los criterios de reparto, la propuesta aborda un elemento esencial para Andalucía: “La población ajustada debe aproximarse a la población de derecho”. Es decir, los criterios de reparto deben recoger variables como la insularidad o la dispersión geográfica, pero en ningún caso pueden suponer que se penalice a la población real como sucede en la actualidad. En la práctica hay 220.000 andaluces que no existen para el actual modelo de financiación. Por ello, el Grupo Socialista propone la actualización de algunas de estas ponderaciones que afectan al coste de prestación de los servicios públicos, especialmente las relativas a educación y servicios sociales.

 

Las conclusiones aportadas por los socialistas apuestan por evitar la trampa que pudiera suponer un concepto de autonomía fiscal mal entendido. Y es que la cesión de capacidad normativa en materia tributaria sin suficiencia de recursos aboga a las comunidades con menor renta a tener que elevar los tipos impositivos para recaudar lo mismo que otras regiones con mayor renta. En este sentido, los socialistas apuestan por una mayor corresponsabilidad fiscal a través de un abandono progresivo de los mecanismos extraordinarios de liquidez y de una mayor participación de las comunidades autónomas en las decisiones en materia fiscal. Para ello, se propone explorar posibilidades de salida a los mercados de deuda pública a través de emisiones individuales, conjuntas de varias autonomías o incluso con el Estado, con el fin de recuperar la autonomía financiera de las comunidades.

 

Para aumentar la corresponsabilidad fiscal también se propone cambiar el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que la autonomía financiera de las comunidades se refleje en una capacidad real de participar en la toma de decisiones. “La autonomía fiscal debe ir acompañada de suficiencia de recursos y de corresponsabilidad fiscal, y para ello es necesario entornos institucionales fiables, reglados y con la suficiente participación y legitimidad democrática para dar consistencia a las decisiones en materia fiscal”, señala el documento.

 

Las conclusiones registradas por los socialistas también incluyen referencias a otros asuntos como la armonización fiscal en tributos cedidos, la distribución de los esfuerzos de consolidación en función de los porcentajes de gasto público de cada nivel de gobierno, o la eliminación de copagos.

 

Desde el Grupo Socialista se destaca que el trabajo del grupo ha sido intenso, y la participación de los comparecientes muy ilustrativa de lo que es el modelo de  financiación y qué objetivos debe cumplir el nuevo sistema. Los socialistas esperan que, una vez se registren las conclusiones del resto de los grupos, se pueda llegar a un consenso para que la voz de Andalucía de cara a las negociaciones del nuevo modelo sea lo más sólida posible y esté respaldada por la totalidad de los representantes de los ciudadanos en el Parlamento.

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