Garrucha: su término y las infracciones urbanísticas

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Leo con perplejidad el artículo que publica en este periódico su director, mi amigo Agustín Muñoz, cuyo título es: ‘El Ayuntamiento de Garrucha tiene abandonada la regularización de las reformas urbanísticas heredadas del PP en la zona que perteneció a Vera’’. Y la verdad es que no puedo estar más en desacuerdo con todo cuanto se escribe en dicho artículo.

 

Por el asunto de que se trata y los datos que se aportan es evidente que ha sido asesorado por persona interesada, la cual, sin ningún recato, arrima el ascua a su sardina dejando a Agustín Muñoz en situación desairada por la desinformación recibida.

 

Al comienzo de su artículo escribe Agustín Muñoz que si bien políticamente ha concluido el asunto del término municipal, vecinalmente sigue vigente la demanda de un término digno. Tal afirmación es cuando menos precipitada, pues en los veintitrés años que hace que la Junta de Andalucía le fijó su jurisdicción a Garrucha nadie me ha dicho nada al respecto, ni he oído o leído comentario alguno sobre la supuesta preocupación vecinal por la extensión del territorio asignado. Se trata de un asunto que concluyó en su momento de forma satisfactoria.

 

Bien es verdad que en el pleno municipal de 19 de septiembre de 1994 los concejales socialistas, liderados por Andrés Segura, se opusieron al acuerdo alcanzado por considerar de poca extensión el terreno conseguido, sin tener en cuenta que se pasaba de la carencia total de término a disponer de un territorio de setecientas sesenta y siete (767) hectáreas. Claro que de los concejales socialistas no me extrañó su desacuerdo, pues Andrés Segura y sus concejales tenían en su haber votaciones tan sonadas como cuando años atrás votaron en contra del cambio de la baranda de piedra artificial por un bien tan reconocido como es la baranda de mármol del paseo marítimo (pleno de 19.01.1985).  De igual modo, en el mismo pleno de la baranda se opusieron al abastecimiento de agua a la población procedente del acueducto Tajo – Segura, cuando Garrucha tenía entonces el acuciante problema de abastecimiento de la misma. Se trataba de una propuesta de la Diputación provincial, entonces presidida por el Partido Socialista, para abastecer de agua a los municipios del levante. Tal iniciativa dio lugar a la constitución de Galasa.

 

Como en el artículo se dice que la gente demanda un término municipal digno, me gustaría saber qué se entiende por digno en este caso, ¿acaso sería aumentar a cada lado del núcleo urbano de Garrucha la longitud de costa? Si es así habrá de tenerse en cuenta que Mojácar dio generosamente terreno sin tener nada que ver en el contencioso del término, pues Garrucha procede de su matriz, el municipio de Vera, por lo que sería injusto intentar arrebatarle a Mojácar la estupenda finca Marina de la Torre. Por el lado de Vera también sería injusto intentar despojarla de gran parte de la poca costa que tiene, ¿por qué razón habría de perder Vera más costa de la que donó? Hacia el interior no creo que nadie quiera más terreno del disponible, que es bastante más del necesario.

 

Agustín Muñoz se interesa en su confuso artículo por un tema urbanístico en el paraje de Las Marinas de Garrucha que afecta al ex alcalde Andrés Segura, y creo que se ha metido en un berenjenal que ahora pretendo aclarar.

 

Como se sabe, parte de Las Marinas de Vera pasaron a la jurisdicción de Garrucha cuando en 1994 se fijó su término municipal. Según escribe Agustín Muñoz tal escenario dio lugar a que masivamente se produjeran reformas urbanísticas (aumento de edificabilidad) en las viviendas construidas con las normas de Vera, aprovechando una supuesta situación de alegalidad, o sea, la carencia de norma legal que regularizara las reformas efectuadas. Situación que, según escribe, provocó conflictos de tipo político con motivo de la legalización del aumento de la edificabilidad practicada en las viviendas afectadas.

 

En tal sentido Agustín Muñoz viene a decir que el ex alcalde Andrés Segura, con vivienda en Las Marinas, ha pagado por su enemistad con el alcalde que le sucedió, Juan Francisco Fernández, del que dice que era un ex empleado que accedió a la alcaldía por el PP. No se comprende el trato despectivo que da Agustín a Juan Francisco – licenciado en Derecho – con eso de ex empleado.

 

Para poner las cosas en su justo lugar aclaro que en ningún momento hubo situación de alegalidad urbanística en los terrenos asignados a Garrucha, o sea, ningún vacío legal, y esto es así puesto que la edificabilidad en dichos terrenos estaba sujeta a las normas urbanísticas de Mojácar y Vera, respectivamente, hasta tanto el Ayuntamiento de Garrucha dispusiera de sus propias normas, cosa que sucedió el 12 de junio de 2003 (Boletín Oficial de la Provincia de Almería nº 152, de 11 de agosto de 2003), siendo entonces alcalde Andrés Segura Soler, que hacía cuatro años que lo era y aún le quedaban otros cuatro por delante, hasta 2007; por lo que habrá que convenir que si este señor ha tenido un problema personal de presunta infracción urbanística lo sería con el alcalde que le sucedió, y ya con las normas urbanísticas que se aprobaron en su tiempo de alcalde..  

 

En los más de cinco años en que fui alcalde de Garrucha después de la fijación del término no tuve ningún problema urbanístico en los terrenos asignados, ni tengo noticias de que nadie pretendiera, clandestinamente, aumentar la edificabilidad de su propiedad. Sí recuerdo que solo dos personas (ninguna de ellas Andrés Segura) solicitaron licencia de obras de ampliación en su propiedad, pero a ambas se le denegó por no adaptarse a la norma urbanística en vigor, la de Vera; y ello de acuerdo con el informe técnico del arquitecto de la Unidad Técnica de Apoyo a Municipios de la Diputación provincial (UTAM) como era de rigor.

 

Ni que decir tiene que si en un Ayuntamiento se tiene conocimiento de una infracción urbanística en su territorio, el alcalde/sa está obligado/a a actuar para que el presunto infractor reponga la legalidad urbanística quebrantada, procediendo por el medio legal que sea preciso, incluso el judicial. Bien es sabido que el ilegal aumento de edificabilidad se repara generalmente con la demolición de lo construido. Y esto afecta a todos, amigos o enemigos, de la misma cuerda política o adversario, pues si el alcalde/sa diera amparo o tapara una infracción urbanística conocida o expedientada cometería un delito del que tendría que responder, como debe ser.

 

Y hasta aquí llego. Creo que todo queda suficientemente aclarado.

 

3 Comentarios

  1. El artículo de este señor es muy razonable y de gran coherencia.
    El anónimo que lo insulta que demuestre con datos en qué desvaría el Sr. Adolfo.

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