Enrique Martínez-Salanova afirma que “lo que necesitamos son héroes anónimos”

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El último informe anual de Amnistía Internacional apela a la responsabilidad de los ciudadanos para defender los derechos humanos en el mundo “Lo que necesitamos en Amnistía Internacional son héroes anónimos” señaló Enrique Martínez-Salanova en el acto de presentación del informe en Almería y añadió “Tenemos que vigilar a nuestros países y también a nosotros mismos, si aumenta el nosotros contra ellos habrá un colapso de los derechos humanos”. “No podemos esperar que sean los estados o instituciones las que intervengan y aseguren justicia, las personas deben unirse y luchar por la protección de los derechos humanos” afirma el informe de Amnistía.

2016 fue un año horrible para los derechos humanos, se caracterizó por la retórica del “nosotros contra ellos” utilizada por muchos políticos en discursos de culpa, odio y miedo, con el fin de tocar la sensibilidad del votante. Si los gobiernos continúan limitando la libertad civil, la igualdad, la privacidad y otros derechos las consecuencias pueden ser trágicas. El informe muestra como el mundo se cruzó de brazos mientras se cometían atrocidades en Siria, Yemen y otros lugares, desde bombardeos de hospitales hasta uso de armas químicas.

Martínez-Salanova destacó el mestizaje “como elemento enriquecedor de la sociedad” recordando que los españoles también hemos sido emigrantes en muchos momentos de la historia por ello deberíamos ser sensibles a la llegada de refugiados, sin embargo y a pesar de haberse comprometido el gobierno español ante la Unión Europea a acoger a más de 17.000 personas hasta ahora sólo han llegado unas mil, según Amnistía Internacional esta cifra es ridícula y denuncia que el sistema de acogida y asilo español es “discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz”. Amnistía Internacional también denuncia las devoluciones en caliente producidas en los últimos años en las fronteras de Ceuta y Melilla que suponen una práctica contraria al derecho internacional.

Para el antropólogo y profesor universitario Martínez-Salanova los españoles “creemos que no hay problemas en nuestro país contra los derechos humanos y el informe de Amnistía recoge amplias preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en España” como restricciones desproporcionadas de la libertad de expresión amparadas en la Ley de Seguridad Ciudadana o  que siguen sin garantizarse investigaciones independientes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras trece años de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la violencia de Género Amnistía Internacional denuncia que ha dejado de ser una prioridad, poco o nada se ha hecho por investigar y solucionar los obstáculos que las mujeres víctimas de violencia de género siguen encontrando en los juzgados. Amnistía lleva años denunciando que “las mujeres no reciben información adecuada sobre sus derechos, hay falta de diligencia en la investigación judicial, los profesionales no están adecuadamente formados, la dificultad existente para demostrar la violencia psicológica, los prejuicios y el trato irrespetuoso”.

Amnistía internacional denuncia en su informe que el estado español no investiga y pone todo tipo de obstáculos para el esclarecimiento de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Para Martínez-Salanova es necesario que las víctimas tengan el reconocimiento digno que merecen.

También el derecho a la vivienda ocupa un espacio en el informe de la ONG que pone de manifiesto la desprotección a la que se enfrenta en España que aunque esté reconocido en la Constitución no existen leyes que desarrollen el contenido mínimo esencial para garantizar el derecho a la vivienda y que las personas puedan recurrir una violación de este derecho ante los tribunales “Como resultado las personas en riesgo de sufrir un desalojo se encuentran desprotegidas”. Tampoco existen datos oficiales sobre el número de personas afectadas por lo que es imposible adoptar medidas para proteger a los más vulnerables.

Amnistía Internacional pide al nuevo gobierno y a los partidos políticos una reforma constitucional que garantice la máxima protección de los derechos humanos y un Plan Nacional de Derechos Humanos, que vincule a todas las instituciones del Estado y que cuente con la participación de la sociedad civil.

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