El militar que hostiga a Urbanismo de Almería pierde su último juicio contra gasolinera frente a Casi

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La sección segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha acordado mantener el archivo de la causa por un posible delito de prevaricación administrativa por parte de hasta nueve funcionarios del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, en relación con la construcción de una gasolinera en la rotonda de Casi. El caso, que ya fue archivado por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Almería en Diligencias previas no 1632/14, era la última bala de Eugenio Bayo Cerdán, el militar que hostiga al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería desde que se suspendiese cautelarmente la construcción de una segunda gasolinera en la misma rotonda y que él pretendía explotar.

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Al cierre de este capítulo que se seguía en la Audiencia, también hay que sumar el hecho de que recientemente había perdido definitivamente su batalla por lo civil al hacerse firme la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N1º de Almería, que pone fin a un largo proceso de más de seis años en los que se han sucedido denuncias, recursos contra la admisión y los más variopintos escritos contra toda actuación municipal que estuviese relacionada con el empresario José María Tejera, que fue quien en 2011 puso freno a las pretensiones de Bayo. La actuación de la UDEF en el Ayuntamiento de Almería requiriendo documentos en los que interviene ésta y otras empresas corresponde al proceso paralelo que el propio “coronel denuncias”, -así ha sido apodado ya por medios de comunicación-, emprendió en su momento.

Los hechos que han llevado a este maremagno de escritos y sentencias comienzan en 2011, cuando Bayo intenta obtener permiso para construir una gasolinera que sería cedida a Repsol, pero que él mismo gestionaría. El problema surge en octubre de ese año al publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería el expediente para el correspondiente periodo de alegaciones, momento en el que intervienen el empresario José María Tejera y la sociedad que ya promovía en esos momentos una estación de servicio de Cepsa que hoy día está en servicio, y sobre unos terrenos propiedad de la familia del industrial desde hacía décadas . La oposición de éstos se basaba en que no cumplía con la regulación de accesos que deben tener las estaciones de servicio en ubicaciones de estas características y que las normas urbanísticas de Almería obligan a que se implanten sobre parcelas con un mínimo de 5.000 metros cuadrados de superficie.

La guerra de recursos comenzó por las mediciones del terreno, informes del catastro, declaraciones ante los jueces de los herederos del vendedor del suelo y del Ministerio de Fomento para corroborar las expropiaciones hechas en la zona para la construcción de la autovía del aeropuerto en un primer momento, y para la conocida como rotonda de Casi después. El enervamiento del proceso llegó a tal punto que Eugenio Bayo, como demandante, terminó por pedir que un juzgado concluyese si José María Tejera y la sociedad que le acompañaba en el recurso estaban legalmente legitimados para oponerse a esa actuación.

Una a una las causas han sido resolviéndose al miso tiempo que el denominado “coronel denuncias” interponía otras nuevas al haber quedado suspendido su acuerdo con Repsol, y siempre contra a aquellos que impidieron su segunda estación de servicio en la mencionada rotonda. El precontrato que Bayo tenía firmado con Repsol y que figura en el sumario como prueba, suponía unos ingresos de alrededor de 200.000 euros durante 15 años. Un total de 3.000.000 de facturación a la que no tendría acceso y que da pie a toda una persecución contra funcionarios y concejales del área de Urbanismo, hasta un total de diez personas, a las que acusó de falsedad documental, prevaricación y conductas afines.

Cierre de un centro deportivo

Para hacerse una idea del calado de las denuncias que forman parte del expediente Bayo que ahora obra en manos de la UDEF, el 10 de diciembre de 2012 presenta un escrito en Urbanismo del Ayuntamiento de Almería pidiendo el cese de la actividad en las instalaciones del Centro Deportivo Almadrabillas. Esto sucede después de que el empresario José María Tejera, que es parte de la UTE que construyó y gestiona el centro, paralizase su intento de gasolinera en la rotonda de Casi. El motivo principal en el que justifica esa suspensión es, según su propio escrito, que Ego Sport Center no contrató al atleta Jairo Ruiz para trabajar en el centro deportivo.

Expone textualmente en la argumentación para pedir el cierre del centro que “varios diarios locales han informado de los éxitos obtenidos por el atleta almeriense Jairo Ruiz en el Mundial de paratriatlon celebrado el pasado 22 de octubre (2012) en Nueva Zelanza. El almeriense a pesar del infortunio consiguió una mas que honorable actuación al finalizar con la 7 posición del ranking mundial. El atleta almeriense además de su demostrada capacidad deportiva tiene una gran preparación académica deportiva, que le llevó a presentarse para trabajar en el Centro Deportivo Almadrabillas. El atleta almeriense personifica los valores de superación, esfuerzo…”

En el siguiente punto del escrito en el que se solicita el cese de actividad de Ego Sport Center, Bayo expone que en 2011 una empresa de José María Tejera presentó alegaciones para impedir la construcción de una estación de la empresa “Red Solidaria de Estaciones de Servicio”, la empresa del ‘coronel denuncias’, y argumenta que su empresa particular sí que hace constar en sus estatutos puntos como la integración y normalización de la personas con capacidad diferente.

Bayo obvia en sus escritos que el nadador Carlos Tejada, poseedor de 45 récords de España, Multi campeón nacional, campeón de Europa y galardonado como mejor deportista discapacitado andaluz, sí que ha trabajado en Ego Sport Center las temporadas que no cumple con su programa de alto rendimiento del Consejo Superior de Deportes.

Todo el proceso judicial y administrativo está plagado de ejemplos de este tipo y que ahora se investigan para conocer si constituyen en sí una causa judicializable por intentar utilizar los recursos de la administración de justicia y municipal, entre otros, para resarcirse de la pérdida del contrato de su gasolinera para Repsol.

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