El Gobierno aprueba medidas para favorecer la igualdad en el ámbito laboral

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​El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y ocupación, que será remitido a las Cortes Generales para su convalidación.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha considerado que esta norma permitirá mejorar la conciliación familiar y laboral, eliminar la discriminación salarial, reducir la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres y generalizar los planes de igualdad en las empresas.

El Decreto-ley amplía los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores. Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación a 16 semanas. Calvo ha detallado que el plazo para la implantación de esta medida será de tres años «para dar tiempo suficiente a las empresas». Así, en 2019 serán ocho semanas de permiso, en 2020 doce semanas, y se llegará a las 16 en 2021.

Sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, Carmen Calvo ha explicado que actualmente se sitúa en torno al 23% en algunas áreas de trabajo y que «muchas mujeres no conocen siquiera cuál es la discriminación salarial en la que pueden estar». Por ello, y en cumplimiento de la normativa europea, se establece que las empresas a partir de 50 trabajadores deberán llevar un registro de sus tablas salariales, a las que tendrán acceso sus trabajadores y trabajadoras a través de su representación sindical o del delegado de personal.

Las empresas de más de 50 empleados también tendrán que elaborar y aplicar un Plan de Igualdad, lo que supone una ampliación de la obligación recogida en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que solo afectaba hasta ahora a las que contaban con más de 200 trabajadores.

Además, la norma incluye la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado. De esta manera, no se interrumpirá la cotización para los trabajadores, fundamentalmente mujeres, que abandonan su trabajo para cuidar de otras personas, lo que después repercute en una pensión más baja, concretamente «entre 300 y 370 euros menos», según ha informado la ministra.

Real Decreto-ley de medidas urgentes sobre vivienda

Josep Borrell y Carmen CalvoPool Moncloa/JM Cuadrado

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley sobre vivienda, con medidas dirigidas a incentivar la oferta de vivienda de alquiler, ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino y dar apoyo a los grupos más vulnerables.

Carmen Calvo ha explicado que el texto recoge el contenido esencial del Real Decreto-ley aprobado el pasado mes de diciembre, que no fue convalidado en el Congreso, e incorpora novedades «que refuerzan una mirada social profunda sobre el derecho a la vivienda y sobre su uso social».

Entre estas, se prevé la creación, en el plazo de ocho meses, de un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, que se vinculará a la subida del IPC, y se estipula que los contratos no inscritos en el Registro de la Propiedad tendrán efectos ante terceros, de forma que cuando haya una venta de un piso arrendado, el inquilino quede protegido.

Por otra parte, algunas de las medidas que se mantienen son el aumento de 3 a 5 años del plazo legal mínimo en el que el inquilino podrá permanecer en la vivienda arrendada, la modificación de la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para favorecer el mercado de alquiler, y que una mayoría de tres quintos de los propietarios pueda limitar las viviendas de uso turístico en su comunidad.

Respecto a los procedimientos de desahucio, Carmen Calvo ha hecho hincapié en que la norma sigue reflejando la preocupación del Gobierno por dar respuesta a los afectados. «Existirá la obligación de comunicar estas circunstancias a los servicios sociales, para que ninguna persona se vea en situaciones extremas de precariedad», ha afirmado.

Derechos de españoles y británicos ante un Brexit sin acuerdo

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas de contingencia ante una posible retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin el acuerdo previsto en el artículo 50 de Tratado de la Unión. La norma solo entraría en vigor en ese caso.

Josep Borrell y Carmen CalvoPool Moncloa/JM Cuadrado

La iniciativa tiene como finalidad garantizar los derechos de los ciudadanos españoles y de los 300.000 británicos residentes en España y su seguridad jurídica, así como su protección en materia de Seguridad Social y asistencia sanitaria.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha recordado que el Parlamento británico votará en los próximos días si acepta el Tratado de Retirada, si sale de la UE sin acuerdo o si solicita una prórroga para decidirlo.

Borrell ha precisado que, en el caso de que el Reino Unido decida salir sin acuerdo, España aplicaría la norma aprobada hoy. El Real Decreto-ley, ha dicho, moviliza recursos humanos, normativos y materiales. Contempla actuaciones de carácter logístico, como la contratación de personas, con el fin de preservar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos que «ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada» y «preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y de los intereses económicos de España».

Estas medidas, ha resaltado el ministro, «tienen carácter unilateral», aunque están condicionadas a que Reino Unido garantice un tratamiento recíproco a los españoles residentes en su territorio y Gibraltar.

De entre todas las iniciativas, Borrell ha destacado, en especial, las que afectan a los intereses españoles en el Campo de Gibraltar y a los 9.000 trabajadores transfronterizos que cruzan a diario la Verja.

El ministro también ha señalado que la norma regula el ejercicio de la actividad profesional y el acceso al empleo público. En relación con la asistencia sanitaria, Borrell ha revelado que las condiciones son «extremadamente generosas para que no haya una ruptura respecto a la situación actual».

Además, se regulan el acceso a la Universidad española de los alumnos procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido o Gibraltar, las actividades económicas, los servicios financieros, el transporte terrestre y las aduanas, entre otros asuntos.

Plan África

El Gobierno ha aprobado el III Plan África, que tiene como objetivo convertir a este continente en una de las prioridades de la política exterior española.

Josep Borrell y Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/JM Cuadrado

El titular de Asuntos Exteriores ha explicado que se trata de un documento estratégico, de largo alcance, que pretende aprovechar las oportunidades que el continente africano representa para España y recoge la contribución del país al desarrollo del continente desde la perspectiva de la sostenibilidad, la igualdad de género, la institucionalidad, la movilidad y el crecimiento.

Josep Borrell ha afirmado que África es una gran fuente de oportunidades por ser un continente dinámico, que ha aumentado su capacidad económica y su estabilidad. Además, ha manifestado que el Gobierno debe trabajar para que la sociedad y las empresas españolas estén presentes en esta zona.

El ministro ha concretado que el plan se centrará en los países que tienen más potencial de crecimiento, los más estables, que atraen inmigración de su entorno, como Nigeria, Sudáfrica, Etiopía, Angola y Senegal. El documento se centra en cuatro ámbitos: paz y seguridad; desarrollo sostenible para un crecimiento económico inclusivo; fortalecimiento institucional, y movilidad ordenada, regular y segura.

Por su parte, la vicepresidenta ha declarado que para el Gobierno es muy importante la mirada y la cooperación con África: «Somos el país de Europa más cerca de África, nos importa mucho y hemos retomado un pulso político en relación a África que se había perdido».

Personal investigador

El Consejo de Ministros ha aprobado el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), por el que se regulan las condiciones de trabajo de los investigadores predoctorales.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recordado que la entrada en vigor de este Estatuto está prevista en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 y que, por tanto, «es una medida largamente esperada» por el colectivo investigador, «especialmente los jóvenes».

El Estatuto define la condición de personal investigador predoctoral en formación, que concluirá con la consecución del título universitario oficial de doctorado. Se establece una modalidad contractual específica con una duración mínima de un año y máxima de cuatro y un salario mínimo superior al que reciben actualmente.

Otros acuerdos

Josep Borrell y Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/JM Cuadrado

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), un órgano adscrito al Ministerio de Economía y Empresa que será responsable de prevenir y mitigar el riesgo sistémico para la estabilidad financiera. La norma establece su estructura, régimen jurídico, funciones y facultades. Carmen Calvo ha afirmado que este organismo introducirá «elementos racionales de prevención, de coordinación, de esfuerzo y de respuesta» que permitan evitar situaciones que desemboquen «en una crisis como la que hemos vivido»

Por otra parte, el Gobierno ha acordado una Declaración con Motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que expresa su firme compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y con la lucha contra la violencia de género.

Además, el Ejecutivo ha aprobado la regulación y composición del Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM) de acuerdo con su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres.

El Gobierno también ha actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en las familias de Textil, Confección y Piel, Fabricación Mecánica, Hostelería y Turismo e Imagen y Sonido.

El Gobierno «no está en funciones»

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmará el lunes el Real Decreto de convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril y lo remitirá al rey Felipe VI para que lo sancione. El martes 5 de marzo se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Carmen Calvo ha señalado que el Gobierno «no está en funciones», sino que puede seguir adoptando medidas como los reales decretos adoptados hoy, con las limitaciones que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para el periodo de elecciones.

La vicepresidenta ha argumentado que, durante los últimos nueve meses, el Gobierno ha convertido la política «en el espacio de la decisión, de la transformación y de la respuesta» a los problemas de los ciudadanos, que habían sufrido una merma en su calidad de vida y en algunos derechos y prestaciones sociales.

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