El Gobierno andaluz modifica la Ley contra la Violencia de Género para reforzar la protección de las víctimas

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El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado esta semana el anteproyecto de reforma de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, vigente desde 2007, para adecuarla a la normativa europea y a la evolución social del problema. El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería, Francisca Serrano, han informado hoy en rueda de prensa de la modificación de la norma, así como de la actividad del IAM para la protección de las víctimas y de los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra mañana, 25 de noviembre.

José María Martín ha explicado que “con la modificación de la  Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, Andalucía será pionera en adaptar su legislación a las exigencias del Convenio de Estambul de 2011, primer instrumento vinculante de ámbito europeo en la materia y aún no trasladado al ordenamiento jurídico español”.

El delegado ha señalado que “la principal novedad que introduce el borrador es la ampliación del concepto de violencia de género más allá del ámbito de la pareja o ex pareja; De este modo, la definición incluye el feminicidio (homicidio o asesinato cometido como instrumento para dañar a la mujer); el acoso y las agresiones sexuales; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; la trata de mujeres y niñas; la explotación sexual; la mutilación genital femenina; el matrimonio precoz o forzado; las violencias originadas por tradiciones culturales que atentan contra los derechos de las mujeres; las derivadas de conflictos armados; la ‘ciberviolencia’, y cualquier otra forma que sea susceptible de lesionar la dignidad, integridad o libertad de las víctimas”.

Con el fin de reforzar la garantía de protección a la infancia y adolescencia, el anteproyecto extiende el concepto normativo de víctima a los hijos expuestos a la violencia que sufren sus madres y a los que sean agredidos. También incluye en el término ‘mujer víctima’ a las menores de edad, con el fin de que estas reciban la misma asistencia específica que se presta a las mayores.

En la misma línea, y de acuerdo con las últimas modificaciones de la legislación estatal, la futura ley también exigirá, como requisito previo para el ejercicio de profesiones que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales (agresión, abuso o acoso sexual, exhibicionismo, provocación, prostitución y explotación sexual, corrupción de menores o trata de seres humanos). Para ello, se deberá acreditar una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de ámbito estatal y en funcionamiento desde 2015.

En sintonía con el Convenio de Estambul, el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género homogeneizará sus indicadores de análisis e incluirá la garantía de formación permanente de los profesionales que trabajan en la lucha contra la violencia de género, más allá del ámbito de la Administración autonómica. Igualmente, en materia de sensibilización, se exige a los medios de comunicación de titularidad pública acciones de forma continuada más allá de las que se realizan habitualmente en fechas conmemorativas.

Respecto a la protección, el anteproyecto incorpora el derecho a recibir atención adecuada sin necesidad de previa interposición de denuncia, una medida que ya se lleva a cabo en Andalucía. También se regula de forma más precisa el Plan Personal de Seguridad, que da respuesta a las víctimas, y el sistema de atención integral a través de la ventanilla única.

Finalmente, en el marco de la coordinación institucional, se reconocen los Centros Municipales de Información de la Mujer (CMIM) como unidades de referencia de atención e información a las víctimas de violencia de género.

Atención a las víctimas

José María Martín ha explicado que “con la modificación de la  Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, Andalucía será pionera en adaptar su legislación a las exigencias del Convenio de Estambul de 2011, primer instrumento vinculante de ámbito europeo en la materia y aún no trasladado al ordenamiento jurídico español”.

El delegado ha señalado que “la principal novedad que introduce el borrador es la ampliación del concepto de violencia de género más allá del ámbito de la pareja o ex pareja; De este modo, la definición incluye el feminicidio (homicidio o asesinato cometido como instrumento para dañar a la mujer); el acoso y las agresiones sexuales; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; la trata de mujeres y niñas; la explotación sexual; la mutilación genital femenina; el matrimonio precoz o forzado; las violencias originadas por tradiciones culturales que atentan contra los derechos de las mujeres; las derivadas de conflictos armados; la ‘ciberviolencia’, y cualquier otra forma que sea susceptible de lesionar la dignidad, integridad o libertad de las víctimas”.

Con el fin de reforzar la garantía de protección a la infancia y adolescencia, el anteproyecto extiende el concepto normativo de víctima a los hijos expuestos a la violencia que sufren sus madres y a los que sean agredidos. También incluye en el término ‘mujer víctima’ a las menores de edad, con el fin de que estas reciban la misma asistencia específica que se presta a las mayores.

En la misma línea, y de acuerdo con las últimas modificaciones de la legislación estatal, la futura ley también exigirá, como requisito previo para el ejercicio de profesiones que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales (agresión, abuso o acoso sexual, exhibicionismo, provocación, prostitución y explotación sexual, corrupción de menores o trata de seres humanos). Para ello, se deberá acreditar una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de ámbito estatal y en funcionamiento desde 2015.

En sintonía con el Convenio de Estambul, el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género homogeneizará sus indicadores de análisis e incluirá la garantía de formación permanente de los profesionales que trabajan en la lucha contra la violencia de género, más allá del ámbito de la Administración autonómica. Igualmente, en materia de sensibilización, se exige a los medios de comunicación de titularidad pública acciones de forma continuada más allá de las que se realizan habitualmente en fechas conmemorativas.

Respecto a la protección, el anteproyecto incorpora el derecho a recibir atención adecuada sin necesidad de previa interposición de denuncia, una medida que ya se lleva a cabo en Andalucía. También se regula de forma más precisa el Plan Personal de Seguridad, que da respuesta a las víctimas, y el sistema de atención integral a través de la ventanilla única.

Finalmente, en el marco de la coordinación institucional, se reconocen los Centros Municipales de Información de la Mujer (CMIM) como unidades de referencia de atención e información a las víctimas de violencia de género.

Atención a las víctimas

También se desarrollará una conferencia, sobre ‘Avances y cambios legislativos en Violencia de Género’, que será impartida por la fiscal de Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Jaén, Gracia Rodríguez.

Nombrada delegada de Violencia de Genero de la provincia de Jaén, en 2008, Gracia Rodríguez ha realizado distintas publicaciones y trabajos sobre la materia e impartido numerosas conferencias, cursos de formación, y asistido a mesas redondas, en las provincias de Jaén, Córdoba, Valladolid, Sevilla, Madrid, Granada, así como en  Marruecos. Ha colaborado con instituciones como el Colegio de Abogados, Comandancia y Academia de la Guardia Civil, funcionarios de la Administración de Justicia, Ayuntamientos, Asociación de Mujeres Juristas, IAM, Universidades, así como la UNED, con la Subdelegación del Gobierno de Jaén y con la Delegación del Gobierno de Jaén, asociaciones de mujeres, sobre temas relacionados con malos tratos y distintos centros educativos de la provincia donde ejerce su labor.

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