CSIF considera un “ataque a la familia” el baremo propuesto por Instituciones Penitenciarias para el concurso de traslados

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El baremo no concede diez puntos en méritos específicos a los funcionarios que en el último año se hayan acogido a la excedencia, contraviniendo el Estatuto Básico del Empleado Público.

El sindicato iniciará una campaña informativa para los funcionarios afectados y pondrá a disposición su Asesoría Jurídica para denunciar la discriminación que sufren por este aspecto.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, considera un severo ataque a la unidad familiar la aplicación del baremo propuesto por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) para el concurso de traslados en los servicios periféricos, al no conceder dicho baremo los diez puntos en méritos específicos por prestar sus servicios en Instituciones Penitenciarias a los funcionarios que, en los últimos 12 meses, se hayan acogido a excedencia.

En este sentido, desde la sección de Instituciones Penitenciarias del sindicato señalan que esta decisión contraviene el Estatuto Básico del Empleado Público, que en su artículo 89.4 apunta que “los funcionarios de carrera tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente o para atender el cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, siendo este tiempo computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación”.

Por ello, para CSIF resulta “vergonzoso y humillante que en una sociedad actual donde se deben aplicar todas las políticas posibles en conciliación, se castigue y abandone a aquellos funcionarios que se han visto en la obligación de acogerse a una excedencia para cuidar de un hijo o de un familiar, dándose el agravante que la mayoría de estos funcionarios son mujeres que se encuentran en tal necesidad”.

Ante esta situación, el Sector de Administración General del Estado de CSIF iniciará una campaña informativa para los trabajadores y pondrá a disposición de sus afiliados sus asesorías jurídicas para denunciar la discriminación de los funcionarios afectados por este baremo.

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