Tras el seguimiento masivo de los paros parciales del 7 de junio en Correos, decenas de delegados y delegadas de CSIF de las ocho provincias andaluzas, y de las organizaciones sindicales de la unidad de acción CCOO, UGT y Sindicato Libre, con las que tiene el 85% de la representación, han realizado una nueva concentración en Sevilla, ante las puertas de la Oficina Principal de Correos, que tuvo lugar ayer, día 28, en donde se ha hecho lectura y entrega de un manifiesto con las principales reivindicaciones de los trabajadores y trabadoras de la empresa postal pública que pasan por garantizar la viabilidad del Correo Público, la prestación del servicio de calidad a la ciudadanía y la apertura de la negociación de un nuevo acuerdo laboral que permita recuperar y reconquistar salario, empleo y derechos.
El manifiesto pone negro sobre blanco la dramática situación que atraviesa Correos con una financiación recortada en 120 millones de euros en 2017 y una previsión de 60 millones de euros en los PGE 2018, un déficit récord de casi 188 millones de euros -frente a la previsión negativa de 103 en el ejercicio presupuestario anterior y de 122 para el año en curso. Cifras que indican la preocupante y agravante situación de la empresa pública que además carece de Plan Estratégico que le permita salir de los números rojos en los que se encuentra instalada y, por el contrario, la sitúe en referente en el sector postal y logístico, mayoritariamente en manos del sector privado.
Recortes que al mismo tiempo están impactando de manera muy negativa en las condiciones laborales de los trabajadores/as, con recorte y congelación salarial entre el 9-14%, destrucción de empleo de 15.000 puestos en los últimos diez años, 1.800 en la Comunidad andaluza, a la vez, que se sustituye el empleo de calidad por precario con una eventualidad que en Andalucía roza el 25%, se imponen los minijobs, casi un 20% de los contratos, se precarizan y desregulan las condiciones laborales.
De la misma manera, es notable el deterioro de los servicios prestados a la ciudadanía, que implica la desaparición o el recorte del reparto domiciliario de correspondencia, cierre de oficinas en zonas rurales o de escasa población, reducción de horarios de atención al público o supresión de puestos de ámbito rural que actualmente prestan servicio en miles de núcleos de población que se verán privados de un acceso mínimo a los servicios postales.
Si el nuevo Gobierno y la empresa continúan haciendo oídos sordos a las reivindicaciones, CSIF junto con el resto de sindicatos de la unidad de acción continuará con su calendario de movilizaciones tras el éxito de seguimiento y participación del pasado 7 de junio, con concentraciones y manifestaciones en la primera quincena de noviembre y la convocatoria de tres jornadas de huelga general a final de año.