Cosas que pasan en el Ayuntamiento de Garrucha

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Van a cumplirse dos años desde las elecciones locales de 2015 y el deterioro político del Ayuntamiento de Garrucha avanza como las termitas. Nada de lo que voy a comentar a continuación es de mi cosecha, todo está basado en hechos que leemos y oímos a diario sobre lo que está sucediendo con nuestra clase política municipal, lo que nos muestra el ambiente político en el que estamos inmersos.

 

La inquietud de un secretario

 

Leo un artículo publicado por Juan Luis Pérez Tornell, secretario del Ayuntamiento de Garrucha, cuyo título dice así: “La advertencia de ilegalidad (I)”, con un inquietante subtítulo del siguiente tenor literal:”¿Para qué sirve el secretario de un Ayuntamiento? ¿Quién no ha pasado las noches de blanco en blanco y los días de turbio en turbio pensando en ello? Es llegada la hora de desvelar este enigma, conjurando los desvelos y eliminando, en la medida de lo posible, el orfidal.” Y dentro del artículo añade: “La función del secretario del Ayuntamiento es noble, antigua .. y maldita.” Habrá que convenir que una persona que se expresa así, hablando de desvelos y pastillas contra la ansiedad, más que referirse a los problemas de los secretarios en general lo hace como una confesión íntima, propia de una persona mortificada en su ámbito profesional, en este caso el Ayuntamiento de Garrucha, y lo hace como si fuera un desahogo de algo que es preciso conjurar. A la vista de lo que dice no tengo más remedio que pensar que esa inquietud sea de actualidad, lo que agrava la cuestión.

 

(Aclaro que la advertencia de ilegalidad consiste en el deber que tiene el secretario del Ayuntamiento de advertir al alcalde cuando una iniciativa política no es legal, haciéndolo constar en el acta municipal correspondiente si llega el caso. Igual sucede con el interventor respecto al manejo de los fondos públicos, que ha de advertir al alcalde de un gasto no legal y poner una nota de reparos en el mandamiento de pago que ordene el alcalde, que a partir de entonces será el responsable del desembolso ilegal.)

 

Son bastante los alcaldes que muchas veces se saltan a la torera la legalidad vigente porque así les place, sin atender las razones legales del secretario, lo cual es una indecencia. Claro que llegado el caso el secretario que se precie está obligado a hacer la advertencia de ilegalidad por encima de todo y, en su caso, hacerlo constar en acta sin mirar la cara del personaje corrupto al que no le importa quebrantar la ley. Así he visto que lo ha hecho Juan Luis cuando he leído en un acta municipal una nota suya de advertencia de ilegalidad referida a la contratación laboral de una persona.

 

Mi amigo Juan Luis lleva diecinueve años ininterrumpidos al frente de la secretaría del Ayuntamiento de Garrucha. En ese tiempo ha tenido que lidiar con cuatro alcaldes: conmigo, con Andrés Segura, con Juan Francisco y ahora con María Antonia López. Él sabrá cómo le ha ido con cada uno de ellos, y si alguno lo ha comprometido en el ejercicio de su función. Al respecto puedo afirmar que conmigo pudo dormir cada noche sin necesidad de tomar pastillas de orfidal, pues pudo realizar su función con plena seguridad jurídica, sin sobresaltos.

 

La salida de Galasa                        

 

   Según publica el Ayuntamiento en un edicto ya está en marcha el procedimiento para sacar a Garrucha de Galasa. El plazo de exposición al público para alegaciones es de un mes, que finaliza el próximo 25 de mayo. O sea, el proceso ha comenzado sin que hasta la fecha la alcaldesa, tan aficionada a las notas de prensa, haya informado a la población de las razones de tan grave medida. Pues no creo que le parezca suficiente exponer al público la memoria técnica del proyecto que seguramente nadie va a ir a leerla y menos estudiarla. En un asunto tan sensible como es el abastecimiento del agua ella está obligada a explicarnos las razones políticas de tan grave decisión, decirnos cuales son las desventajas de Galasa respecto a Codeur, la nueva empresa, en cuanto a calidad del agua, mejora del servicio y precio de las tarifas, pues con un servicio tan básico como es el suministro de agua no se puede jugar. Pero esa información debe partir de un claro folleto explicativo entregado en el domicilio de cada usuario, dando cuenta además de qué va a suceder con la enorme deuda que tiene Galasa, en la que participa el Ayuntamiento de Garrucha. Espero que la alcaldesa cumpla con su deber de información y que la oposición le exija que así lo haga, a la vez que adopta las iniciativas propias y necesarias para evitar un dislate, entre ellas acudiendo a la movilización popular.

 

Como ya me he manifestado en muchas ocasiones soy decidido partidario de Galasa y que Garrucha permanezca en ella, bien entendido que si se produce un naufragio con tan grave decisión la alcaldesa y su equipo de gobierno socialista serán los únicos responsables.  Respecto a este asunto ya he presentado un escrito en el Ayuntamiento mostrándole a la alcaldesa lo que pienso sobre tan importante asunto, escrito publicado en este medio. Si el agua que se nos va a dar es de la misma calidad que la de Galasa, si el servicio va a ser similar  y el precio no varía, uno se pregunta: ¿dónde están las ventajas del cambio?

 

Dietas de pega

 

Otra cosa digna de comentario es el desmadre que se lee y se dice respecto al cobro de dietas por viajes sin tasa de los miembros del equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Garrucha. Percibiendo dietas por doquier, a reuniones de partido y fiestas patronales de los pueblos vecinos, tal como presentarse en la elección de la reina de las fiestas de Cuevas del Almanzora donde te invitan a cenar opíparamente, cobras la dieta y te pagan el desplazamiento, o sea, negocio redondo. Según leo, el caso más llamativo es el del concejal José Antonio Gallardo que cobró catorce dietas de locomoción y desplazamiento realizadas entre el 24 de noviembre de 2016 y el 1º de febrero último, entre ellas la referida a una reunión y acto público de representantes del PSOE en la sede de Almería para tratar sobre un tema de electrificación. (Tal reunión está documentada con una foto.) Como resulta que en el pleno celebrado el 2 de marzo último el concejal independiente, Bernardo Simón, pidió a la alcaldesa que aclarara el dispendio dinerario de las dietas. Por lo visto María Antonia López se vio comprometida con la pregunta del concejal, de modo que optó por despacharla atacando al gobierno anterior del PP, a la vez que arremetía contra Bernardo sin ningún argumento pero con la intención de callarlo, cosa que consiguió expulsándolo sin ningún miramiento cuando el concejal la interrumpió una vez, lo que aprovechó para en un pis pas ponerlo en la calle. Todo un ejemplo de fair play; pura democracia, válgame Dios.

 

Ni que decir tiene que los cargos políticos de las administraciones públicas que cobran dietas por viajes injustificados o inventados son unos indecentes, unos corruptos.

 

   Trabas al impuesto de sucesiones y donaciones

 

Conocida es la campaña que se desarrolla en varia comunidades autónomas en contra del impuesto de sucesiones y donaciones, entre ellas la andaluza, hasta el punto de que el Defensor del Pueblo Andaluz ha advertido de que han sido muy numerosas las quejas recibidas respecto a dicho impuesto, y eso que el mínimo exento hace poco se ha fijado en 250.000 euros. Son muchas las voces que se declaran en contra de un impuesto que se considera injusto. Pues bien, leo una entrevista a un señor mayor de Palomares, Martín Giménez, que recogía, o recoge, firmas contra el referido impuesto, el cual se entrevistó con la alcaldesa de Garrucha para que le autorizara a poner pliegos de firmas en el Ayuntamiento, y su sorpresa fue grande cuando, según dice, María Antonia López le denegó el permiso con el argumento de que ella “está de acuerdo con Susana y ser susanista”.

 

No obstante dejó unos pliegos en el mostrador al público del Ayuntamiento para que la gente firmase, pero cuando volvió tres días después y preguntó por ellos se le dijo que no estaban. Y algo parecido le sucedió con la alcaldesa de Turre. Por fortuna, aclara este señor, no ha sido esa la norma en los demás municipios. Y digo yo, ¿qué autoridad tiene esta señora para poner trabas en el Ayuntamiento a que los vecinos reclamen contra un impuesto injusto? La alcaldesa de Garrucha es la misma que hace un año alardeaba de habernos bajado la contribución de la vivienda (IBI). ¿Acaso ser ‘susanista’ la obliga a poner trabas para que se reclame contra un impuesto? Estas formas de comportarse suceden cuando escasean las convicciones democráticas.

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