‘Caso Almería’, 36 años de vergüenza para el Estado de Derecho

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El 10 de Mayo de 1981, hace ahora 36 años, se produjo el trágico ‘Caso Almería’, en el que tres jóvenes inocentes fueron asesinados y torturados por la Guardia Civil al ser confundidos con  un comando de ETA. Reiteradamente, el abogado defensor de las familias, Darío Fernández, ha manifestado que el caso debería reabrirse porque existen pruebas que así lo exigen. El letrado, de 78 años de edad, en una reciente conversación con lagacetadealmeria.es reconocía que “cuanto más tiempo pasa de aquellos hechos más me afectan. No quiero hablar del asunto ya. No sé cómo pude sacar aplomo y valor entonces para enfrentarme a aquella monstruosidad”.

Fernández, que abandonó la abogacía escribiendo un polémico libro titulado ‘La justicia manchada’, vive actualmente en el extranjero inmerso en las órbitas del pensamiento y la filosofía aunque vuelve de vez en cuando a Almería. Durante las fechas del juicio que acabó condenando a tres guardias civiles, de los once que participaron en la matanza, salvó milagrosamente la vida por un atentado y tuvo que malvivir en cuevas para esconderse.

Año tras año la sociedad almeriense ha recordado la salvaje tragedia. El pasado domingo un grupo de personas -entre ellas la hermana de Juan Mañas Morales, Mary Carmen, el almeriense asesinado, quien viajaba a su domicilio en Pechina para asistir desde Santander donde trabajaba, a la comunión de su hermano pequeño Francisco Javier, a la que había invitado a sus dos jóvenes compañeros, Luis Cobo y Luis Montero- se reunieron ante el monolito levantado en su memoria junto a un barranco de la vieja carretera de Gérgal, donde aparecieron los tres cuerpos esposados, descuartizados, calcinados y acribillados a balazos, en el interior de un Ford Fiesta abrasado. Al parecer al darse cuenta de su error -no eran etarras- los agentes quisieron hacer desaparecer las pruebas tras las torturas a las que les sometieron.

En este emotivo acto, Mariano Junco, del Centro Andaluz del Pueblo ‘Javier Verdejo’, denunció “el trato de favor que tuvieron los únicos tres guardias que fueron condenados por el crimen a pesar de que fueron once los que se vieron implicados desde el primer momento. Además, los hechos fueron calificados de homicidio en vez de asesinato, al no admitirse la existencia de premeditación ni alevosía, y sí un acto propio del cumplimiento del deber… como si la tortura, y el falseamiento de la escena de un crimen fuera parte de las obligaciones”, según recogía noticiasdealmeria.com.

Participaron en algún momento en aquellos hechos juzgados, pero no fueron condenados, los sargentos Rafael Cañadas Pérez, Antonio González Bueso, Juan Sánchez Cabrera, Cabo Primero Guillermo Visiedo Beltrán, los guardias Eduardo Fenoy Rodríguez, Ángel Ojeda Guerrero, Antón Pavón Merino, Juan Martínez Castro.

Según Junco los condenados vivieron a “cuerpo de rey” tras un juicio que fue “una farsa total”. La hermana de Juan Mañas, dijo allí que “el Caso Almería, como muchos otros, no puede quedar en el olvido, ni en un libro empolvado en una biblioteca”. Pidió que este hecho sirva para “transmitir a las nuevas generaciones valores como la amistad, la solidaridad y la justicia. Hay que seguir luchando para reparar las heridas que aún siguen abiertas en España”. Criticó que estos hechos se calificaran como “un trágico error, un trágico error que marcó la vida de tres familias, emprendiendo una lucha con uñas y dientes contra el Estado que siempre dio la espalda a tres víctimas y tres familias, que sólo pedían Justicia, Justicia que nunca apareció”. El entonces ministro del Interior, Rosón, fue quien calificó los hechos de “un trágico error”. Mary Carmen Mañas destacó la lucha por la “dignidad, la inocencia y la honradez de Juan Mañas (24 años), Luis Cobos (29) y Luis Montero (33)”.

El 28 de julio de 1981, la Audiencia Provincial de Almería condena “por ser criminalmente responsables de tres delitos de homicidio” al teniente coronel Castillo Quero, jefe de la comandancia de Almería, al teniente Gómez Torres y al guardia Fernández Llamas, y fija una indemnización de tres millones de pesetas a las familias de las tres víctimas. En 1984 el Tribunal Supremo confirmará la sentencia de 24 años de cárcel para el primero, 15 para el segundo y 12 para el tercero.

En marzo del actual 2017, Andalucía les ha reconocido como víctimas del terrorismo de Estado. La nueva Ley de Memoria Democrática andaluza les ha concedido al fin justicia, calificándolos con el rango de víctimas de aquella sangrienta etapa. La ley, aprobada en el en el Parlamento andaluz, declara por primera vez a los tres jóvenes, asesinados, como víctimas de aquella represión. En el articulado de la ley memorialista, el rango de víctima se ha ampliado hasta el año 1982. Sin embargo el gobierno español negó por tres veces a las familias este reconocimiento pese a exigirlo.

Todo comenzó cuando la Guardia Civil recibió un aviso de que habían reconocido en Alcázar de San Juan a los tres presuntos etarras cuya imagen había aparecido en los medios de comunicación por cometer un atentado contra el teniente general Valenzuela. El denunciante confundió a las víctimas con Mazusta, Bereciartúa y Goyenechea Fradúa, comenzando el calvario con la detención en Roquetas de Mar. Pese a las explicaciones de los fallecidos no se comprobó el domicilio en Pechina de Juan Mañas. Se actuó de forma bárbara y salvaje.

Según se publicó posteriormente la familia Mañas Morales recibe en 1984 una carta anónima enviada por un guardia civil de la zona. Antonio Ramos, autor de un libro sobre el caso, afirmó que “describía de forma descarnada lo que más o menos se sabía o se intuía”.

Relataba su brutal muerte en un antiguo cuartel. “Al principio le dieron una gran paliza, especialmente por el guardia C.., perdiendo el conocimiento. Entonces lo mataron con un tiro de pistola que cada uno que recibieron (sic) por separado. Posteriormente, los envolvieron (sic) en mantas (sic), penetrándolos en el Ford Fiesta, en el asiento trasero, ordenando Castillo Quero que fueran volcados en el sitio que no les viera nadie y que se les pegara fuego para que no se conocieran los malos tratos”.

El anónimo guardia civil llega incluso a relatar en su carta que los asesinos utilizaron el dinero que llevaban las víctimas en sus carteras para celebrar la comunión para comprar la gasolina con la que fueron carbonizados. Al final de la carta reclama. “En la actualidad (1984) soy guardia civil, pero no asesino que relata a la familia Mañas las circunstancias en las que murió su hijo y sus compañeros”.

Francisco Javier, el hermano que nunca pudo celebrar su comunión, recordaba años después que “a aquellos criminales siempre los protegieron. Se les dieron hasta unas viviendas en el pueblo costero de San José. Imagínate la rabia y la impotencia de saber que esta gente sigue sin ningún tipo de condena y encima no se haya pedido ni perdón por parte del Gobierno, como tantas veces ha dicho mi madre María”. María Morales, madre de Juan Mañas, ha sido durante todos estos años la memoria viva de la denuncia del asesinato de su hijo, mientras su marido casi perdía hasta las ganas de vivir y de hablar en una familia marcada por el profundo luto y dolor.

Las tres víctimas llegaron al domicilio familiar de Juan Mañas en Pechina de madrugada, a bordo de un coche alquilado con matrícula de Ciudad Real. Tras dormir, al día siguiente pasaron la jornada conociendo la provincia ya que los dos compañeros de Mañas era la primera vez que la visitaban. El operativo de los agentes culmina con la detención de las tres víctimas inocentes en una tienda de regalos de Roquetas de Mar el 9 de mayo de 1981 sobre las nueve de la noche.

Castillo Quero falleció en Córdoba, a los 60 años, a causa de un infarto de miocardio. Residía en la capital cordobesa desde que el 20 de julio de 1992 salió de la cárcel tras obtener la libertad condicional. Desde entonces trabajaba como responsable de la contabilidad de varias empresas.

“El Estado nos indemnizó, después del proceso, con cuatro millones de pesetas a cada familia. Pero mi madre, enferma del corazón, no pudo soportar el dolor de la tragedia y murió pronto. Y la de Luis Montero se fue al otro mundo sin que sus hijos le contaran lo ocurrido”, afirmaba en la prensa Dolores Cobo. “Que no me digan a mí que los guardias condenados han cumplido las tres cuartas partes de la prisión que les fue impuesta, porque todos supimos que al menos durante tres años permanecieron en sus casas o en la comandancia. ¿Por qué no cumplen condena en El Dueso o en Carabanchel, como otros delincuentes y no en la prisión de Guadalajara, donde no les falta de nada?”.

Dolores Cobo se puso en contacto telefónico con Darío Fernández. “Le llamé simplemente para comentar la noticia. No le di ninguna instrucción concreta, pero si él quiere emprender alguna acción, le respaldaríamos. Yo soy una hormiga y ellos forman un enjambre. Esa es la razón por la cual quienes mataron a mi hermano Luis se encuentran hoy en libertad y además con un puesto de trabajo”, denunciaba años después esta familiar de la inocente víctima. Fue la primera vez que se llevó a juicio a la Guardia Civil, expulsando del Cuerpo a los condenados. Los familiares, 36 años después, siguen reclamando justicia contra todos los implicados y denunciando el amparo del Estado a los asesinos.

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