El ayuntamiento quiere colaborar con la Junta para rehabilitar el edificio El Patio de Pescadería

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El año pasado los vecinos tuvieron que pasar varios días alojados en diferentes lugares, hasta que los técnicos municipales les autorizaron a volver a sus casas. Protagonizaron incluso un  corte de carretera como protesta. Nada ha cambiado desde entonces, y el panorama de las fachadas sigue siendo dantesco, con cornisas, techos y terrazas en un estado deplorable, en un inmueble que parece una cárcel de cuatro pisos donde pueden vivir ahora aproximadamente medio millar de personas, entre ellos casi dos centenares de niños, así como personas de la tercera edad, en el interior de un total de 106 viviendas y nueve locales.

Apoyados por la asamblea de ciudadanos ‘Ahora Almería’, han designado la zona como Punto Negro, colocando globos de este color en el edificio y en las inmediaciones, así como bolsas de basura y cartones negros, en señal de protesta.

La asamblea ciudadana Ahora Almería argumenta que “frente a está situación el Ayuntamiento se gastará entre 2017 y 2018 más de 800.000 euros en decorar las medianeras de edificios privados con la única finalidad de embellecer el centro. Doble vara de medir, por un lado la utilización del dinero público para decorar edificios privados y por otro, el abandono de otros vecinos que por su situación económica y por vivir en la Chanca, no se merecen ningún tipo de ayuda. La estética de las medianeras del centro frente a la falta de ética del Ayuntamiento con los vecinos más desfavorecidos. Para este ayuntamiento hay vecinos de primera y de segunda”.

Pancarta junto al edificio del movimiento Ahora Almería

“Nos han pedido seis o siete mil euros”

Gabriel Ferre lleva viviendo en El Patio más de cuarenta años, y confirma que “el alcalde nos ha pedido de principio entre seis y siete mil euros. Sin contar con ningún vecino, no ha habido ninguna Junta. Nosotros no tenemos ese dinero. No sé con qué empresa habrá hablado el alcalde, pero aquí ninguna empresa ha hecho nada, ni se ha contado con ningún vecino. Nosotros exigimos que lo mismo que se están haciendo las medianeras en el Paseo, a costa nuestra, porque lo pagamos nosotros también, que lo hagan aquí en El Patio, no pedimos nada más que eso”.

Yolanda Cruz vive en la cuarta planta y forma parte de la asociación de vecinos. Recuerda que “se han hecho muchas reuniones, todo promesas, pero nadie nos hace caso, se han recogido firmas de todos los vecinos y llevamos un año con el edificio apuntalado. Yo llevo trece años viviendo aquí y estamos españoles, marroquíes, ecuatorianos… de todos lados. Aquí no se puede estar, los niños no pueden jugar. No queremos que nos regalen nada, pero creemos que tenemos derecho a que nos arreglen esto. Es cierto que somos propietarios, pero también en el Paseo de Almería hay propietarios y lo están arreglando gratis. Somos gente necesitada, hay personas que viven con la ayuda de los 400 euros, tenemos mujeres solas con problemas y tres o cuatro hijos y están aquí… estamos luchando por nuestros derechos. Las maderas se están pudriendo y los puntales se están cayendo … y han ayudado a los bancos privados con dinero público, y a las autopistas privadas también… ¿por qué a nosotros no?”, se pregunta esta vecina.

Laila es una inmigrante magrebí que lleva casi diez años viviendo allí, con la casa en propiedad, y se lamentaba del estado ruinoso que tiene que soportar, afirmando que “todo está roto, vivo en un cuarto piso y estamos tres niños pequeños, mi marido y yo. El edificio está fatal, cuando llueve y hace viento da miedo, nadie arregla nada, estamos olvidados. Si hay un terremoto ¿qué va a pasar aquí?”, se angustia. Y la preocupación es mayor porque “si nos vamos de aquí, ¿dónde nos metemos? Nadie tiene trabajo, no hay dinero, están todos en desempleo, no hay dinero para alquilar. Tiene que ayudarnos el gobierno, o la Junta o el ayuntamiento, así no podemos estar…”

Varios vecinos son propietarios de las casas, pero también hay viviendas propiedad de los bancos, y asimismo hay quien las ocupa ilegalmente o son inmigrantes sin documentación que están enganchados ilegalmente a la red eléctrica o al agua, en un barrio con una elevada tasa de marginalidad y desempleo.

“Todo sigue igual”

Santiago García es el hombre que hace un año tuvo que ser hospitalizado al caer al piso de abajo cuando el suelo de su baño se hundió repentinamente. Ahora él denuncia que “todo sigue igual, tenemos mucho miedo, hay muchos críos, cuando llueve  o hace viento tenemos un pánico enorme y nada ha cambiado desde que hace un año se hundió el piso y nos desalojaron. Pedimos que nos ayuden porque somos personas, y antes me pasó a mí, pero le puede pasar a cualquiera y algo incluso más grave. Somos personas y no podemos vivir así”, se lamenta.

Consideran un agravio comparativo que en el centro de la capital se estén dando ayudas a los propietarios para rehabilitar viviendas o incluso se estén pagando obras con fondos públicos o privados y a ellos se les exija aportar un dinero del que no disponen para poder acometer los trabajos de rehabilitación.

Denuncian que más de un año después del accidente y desalojo no se ha realizado nada para mejorar sus condiciones de vida, estando todo el inmueble apuntalado. Incuso afirman que ha vuelto a producirse la caída de una ducha al piso inferior, aunque en este caso sin que hubiera desgracias personales. Además, según afirman, recientemente un vehículo se empotró contra la pequeña entrada al patio de vecinos, teniendo que ser los bomberos los que apuntalaron la zona para evitar la caída de la fachada. Las condiciones en el interior de las casas son muy preocupantes especialmente cuando llueve, viviendo en ellas personas mayores, incluso solas, y niños y los bajos están repletos de basura.

Mustafá, marroquí, lleva más de un año viviendo allí y asegura que paga regularmente el agua y la luz, pero califica la vida en El Patio como “peligrosa. Vivo en el segundo piso, puerta 4, y a la casa de mi vecino se le cayó el otro día encima la ducha del de arriba, aunque afortunadamente no había nadie. Queremos saber quién nos puede ayudar y aconsejarnos sobre la forma de arreglar esta situación. Aquí la mayoría de las casas son de los bancos, pero también hay muchos propietarios con escrituras. Yo personalmente pago la basura, contribución, agua, todo legalmente, y muchas veces no tenemos presión de agua en las casas, y llamamos pero no nos hacen caso…”

El veterano dirigente vecinal José García Rueda, conocido popularmente como ‘Pepillo el barbero’, explica que “estas viviendas se hicieron en la década de 1950 para la gente de este barrio, pero una vez hechas se las adjudicaron policías, bajas graduaciones del ejército y guardias civiles… y la gente de aquí se quedó a dos velas.  Eran viviendas públicas que luego se privatizaron con una maniobra un tanto extraña para que las gestionara una entidad bancaria, y con el tiempo pasaron a manos de los más humildes. Y ahora esto es una vergüenza, aquí no se puede vivir, porque nadie ha hecho nada desde que se construyeron, pero la gente no puede vivir en otro lado”, sentencia. Agentes de la Policía Nacional y Local han vigilado la protesta vecinal sin que se produjera ningún incidente.

Posible solución

El Ayuntamiento de Almería ha ofrecido a la Junta de Andalucía los medios técnicos necesarios para que, de modo coordinado, se estudien posibles intervenciones sobre el inmueble “con cualesquiera de las fórmulas de colaboración que se estimen pertinentes”.

El responsable municipal de Vivienda, Miguel Ángel Castellón, se ha congratulado de que, un año después de los realojos forzosos “la Junta de Andalucía haya mostrado algún interés por actuar en las viviendas de El Patio”, recordando que “la única administración pública que se hizo cargo del asunto fue el Ayuntamiento de Almería, asumiendo los costes del apuntalamiento del edificio y de los realojos de todas las personas afectadas. Hace solo unos días el consejero de Fomento, Félix López, se mostraba dispuesto a arrimar el hombro, si vecinos o el Ayuntamiento se lo pedían, incluso hablaba de la posibilidad de definir El Patio como área de rehabilitación y regeneración urbana (ARRU). Entiendo que no es necesario que nadie se lo pida y que la Junta puede actuar con las mismas competencias que lo ha hecho en otras zonas, caso de Pescadería o la Fuentecica”. Estamos totalmente abiertos a colaborar”, concluye el edil del Partido Popular.

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