“El 28 de septiembre de 1990 se declaró el Día Internacional por el Derecho al aborto por parte de organizaciones feministas latinoamericanas y del Caribe, y desde entonces se reivindica dicha fecha para demandar el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a decidir libremente si queremos ser madres o no”, argumenta Paqui Rueda, responsable del área de Mujer en IU Almería con motivo de la conmemoración, mañana, de esta fecha.
Porque para Izquierda Unida los pilares de cualquier Sociedad plenamente democrática se asientan en el reconocimiento pleno del Derecho de las mujeres a decidir y en la consecución de la despenalización total del aborto aquí y en todos los países del mundo.
Parea Rueda, “hablar del Derecho al aborto es hablar de Derechos Humanos. Cada día se realizan más de 55 mil abortos inseguros en el mundo. El 95% en países en vías de desarrollo, y el 11% de las muertes maternas son consecuencia de abortos inseguros”.
Para Izquierda Unida el referente de lucha en este día tan señalado que desde 1990 instituyeron las organizaciones feministas, sigue siendo el trabajo por la consecución del reconocimiento pleno del derecho al aborto libre, publico, seguro, gratuito y fuera del Código Penal tanto en España como en el resto de países.
“El derecho al aborto o el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad y sobre sus vidas no sólo es uno de los derechos fundamentales más básicos en una sociedad democrática e igualitaria, sino que es un elemento de transformación y emancipación de las mujeres prioritario y fundamental, porque reconoce la plena capacidad de las mujeres como seres humanos para tomar decisiones de forma autónoma e independiente. Sin tutelajes de nadie ni de nada ajeno a las mismas”, manifiesta Rueda.
Izquierda Unida sigue apostando por una ley que permita a las mujeres interrumpir su embarazo, respetando sus razones, sin restricciones y sin tutelas. Para ello, a juicio de la responsable del área de Mujer de IU Almería, se hace imprescindible la regulación de la objeción de conciencia sin que ésta pueda utilizarse como coartada de la clase sanitaria más reaccionaria dentro del sistema sanitario público; una ley que elimine el aborto voluntario del Código Penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican.